TIJUANA BC 6 DE AGOSTO 2020 (AFN).- México se ubica dentro de los primeros lugares a nivel mundial, en lavado de dinero, y el negocio de las facturas falsas alcanzó –en un momento- los dos billones de pesos, por eso se endurecieron las penas contra la evasión fiscal, reveló Raúl Melgar Díaz, abogado especialista en Derecho Fiscal.

Para el especialista es necesario detener la venta de facturas falsas, evitar la evasión fiscal, pero “fue exagerado (modificar la Ley de Seguridad Nacional”, hay otros temas más relevantes en seguridad, como combatir la delincuencia en diferentes ciudades del país”.

Al participar en la sesión semanal del Grupo Madrugadores, con la exposición “Criminalización del contribuyente”, el asesor jurídico empresarial recordó que fue en noviembre de 2019 cuando se realizó una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Fiscal Federal y a la Ley Nacional de Seguridad, en donde quedó plasmada que la defraudación fiscal, dependiendo del monto, se cataloga como un delito grave, incluso como delincuencia organizada.

Raúl Melgar Díaz dijo que si bien la intención del Poder Ejecutivo, con el apoyo del Legislativo, fue detener la multimillonaria evasión fiscal en México, por otro lado, se cayó en la exageración al modificar la Ley Nacional de Seguridad, en donde se considera este delito como un acto contra la nación. 

El especialista expuso que el Senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García fue el inicialista el año anterior a dicha reforma, al dar a conocer que, en 2014, se emitieron comprobantes fiscales por más de dos billones de pesos, que representaba un porcentaje notable del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Comentó que México pertenece a varios organismos mundiales, y ha firmado varios tratados internacionales, entre ellos el del Grupo de Acción Financiera que atiende el tema del terrorismo y lavado de dinero.

Como parte de ese grupo internacional, México tiene el compromiso de combatir estos delitos, y en el 2016, el sistema mexicano estaba posicionado en los primeros lugares de lavado de dinero y en venta de facturas falsas, indicó.

Por eso recomendaron a nivel global endurecer las acciones legales, explicó el abogado fiscalista al revelar que entidades de Gobierno como PEMEX, SEDESOL, BANOBRAS, figuraban como las principales empresas que compraban comprobantes fiscales apócrifos a los proveedores.

Expuso que ante ello se modificaron diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Fiscal Federal, que establecen que quien defraude con un monto de 7.8 millones de pesos enfrente el proceso penal en prisión de manera oficiosa, y quienes lo hagan con un monto menor lo enfrenten en libertad, bajo estrictas medidas de control.

“El negocio de la venta de facturas ha existido siempre, incluso en la era de papel; es una mala práctica que se ha realizado siempre ni con la facturación electrónica se pudo detener”, agregó.

Por ello, remarcó, el Gobierno “dice hay que poner un alto a la gente que emita facturas falsas y viene la reforma”.