Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT

Las relaciones entre patrones y empleados, deben ser cordiales y debe haber entre ambas partes diálogo y entendimiento. Los trabajadores trabajan, para obtener un salario remunerador que les permita satisfacer sus necesidades más elementales y el sustento de sus familias. El patrón contrata trabajadores, para producir o fabricar determinado producto, o prestar un servicio. Esto aplica tanto para empresas del sector público, como del privado.

Cuando no hay cordialidad, o el sueldo no es remunerador, se refleja en mala calidad en la producción, o en un pésimo servicio. La cordialidad se puede lograr con diálogo y voluntad de ambas partes, empero el punto de discordia, es el tema monetario, los sueldos.

Los patrones quisieran trabajadores con bajos sueldos, o sea un bajo costo de producción y las más altas utilidades posibles. La única diferencia, en el aspecto económico, entre las empresas privadas y las públicas, es que las públicas no tienen en su catálogo de cuentas el concepto de utilidad. Este se traduce en beneficio social.

Las empresas privadas pugnan por no incrementar salarios a sus empleados, para no sacrificar sus utilidades. A toda costa luchan por sus intereses personales, no por los de sus trabajadores. Las empresas públicas, no se manejan bajo esos criterios. Deben pugnar por respetar la regla de : a igual trabajo, igual salario. Esto, y la buena calidad de servicios.

Los parámetros, para fijar y negociar salarios, en el sector privado, se basan en los que rigen en el mercado laboral y además en los precios o costos de productos y servicios de una zona económica determinada, el índice de precios al consumidor, el índice inflacionario y los salarios mínimos. Podría decirse que esto es  más complejo que en el sector público.   

En el sector público, no hay propiamente un índice de precios al consumidor, pues los precios o costos de los servicios público no reciben del todo ese tratamiento o ese uso para determinar los incrementos salariales de los trabajadores de empresas, organismos o dependencias de gobierno. Si acaso el índice inflacionario, que sí se usa de base para determinar los presupuestos de egresos a manejar en un siguiente ejercicio fiscal.

Viene el caso comentar todo esto, pues están por iniciar las negociaciones tendientes al incremento salarial de los trabajadores al servicio de los poderes del estado, municipios y organismos del sector público estatal y municipal de Baja California, lo que se conoce comúnmente como burocracia. Lo preocupante es que no se inician bajo buenos términos.

Las negociaciones coinciden con añejos reclamos de los trabajadores planteados al ISSSTECALI, organismo encargado de proporcionarles servicios médicos y prestaciones sociales, que nunca ha sido manejado con eficiencia y pulcritud, en tanto que los servicios que proporciona a sus afiliados no son precisamente los mejores.

No menos grave, es el aspecto de las finanzas de la institución. Las instituciones obligadas a aportar o recaudar cuotas respecto de sus trabajadores, generalmente no cumplen en tiempo, ni en forma, al grado de que se generan adeudos, por montos considerables de recursos cuya falta o ausencia en las arcas del ISSSTECALI, se reflejan en carencias y pésima calidad de los servicios a sus derechohabientes.

Así es que son dos los temas básicos que afectan las relaciones entre trabajadores y gobierno, entre ellos obviamente los de los trabajadores del ISSSTECALI, y las deficiencias y baja calidad de los servicios de dicha institución hacia sus propios trabajadores.

Los trabajadores, por conducto del sindicato que les representa, reclaman incrementos salariales, conforme a la carestía de la vida. Sus reclamos no van en contra de posibles utilidades del gobierno, porque en el sector público no se maneja ese concepto. Los funcionarios encargados de atender estos temas, afirman que la limitante para no acceder a supuestos altos incrementos salariales, es que operan en base a presupuestos autorizados. Entre ambas posturas, más que negociaciones, hay imposiciones.

Por cuanto hace al incremento salarial, Raúl Leggs Vázquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, indica que el sindicato de burócratas, pretende un incremento salarial del 27 %, considerando un 15% de aumento directo al salario y el resto en prestaciones, pero recuerda que en el 2011 el aumento fue de solamente 4.9%, que será tomado de base en el presupuesto para el ajuste salarial del 2012. Del 27 al 4.9 hay una distancia enorme. Evidentemente serán difíciles las negociaciones. Mucho más difíciles, en la medida en que no haya la suficiente sensatez, madurez y voluntad de ambas partes.

En el otro tema, en el de mejores prestaciones y calidad en los servicios del ISSSTECALI, todo se complica, por la sordera crónica de quienes han estado al frente de dicho organismo y lo han venido operando de manera bastante ineficiente. Los burócratas, derechohabientes de dicho organismo, ya se cansaron de reclamar mejorías y no tener una respuesta. La administración se ha manejado con tintes políticos, pues ha alentado la morosidad y rezago en el pago de las cuotas y no exige el pago de adeudos e incluso acepta el pago en especie, o sea el entregar terrenos a cambio de dinero adeudado, en tanto que las deficiencias se agravan  y la calidad de los servicios se empeora, precisamente por falta de dinero.     

Hace unos días, directivos e integrantes del sindicato de burócratas, decidieron hacer una manifestación de protesta en las oficinas del ISSSTECALI, allá en Mexicali. Por ser de su interés, además de obligación, al ser sindicalizados, los empleados de base del organismo suspendieron actividades para sumarse al evento. Francisco García Burgos, director del instituto, quien como Oficial Mayor del Gobierno Estatal tuvo relaciones asperas con el organismo sindical, en lugar de buscar vías de diálogo y negociación, adoptó la postura de un patrón explotador. Los acusó penalmente de secuestro y lo que resulte. Sólo falto que indicara cuánto le exigieron por “liberar” al instituto.  

Definitivamente, por esa vía, son nulas las posibilidades de encontrar entendimiento y solución a esta problemática. El principal responsable de todo esto lo es el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pues al final de cuentas es el Jefe del Ejecutivo Estatal. Osuna Millán y sus colaboradores, son miembros de una élite, con salarios elevados, que ven a los burócratas, como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. Por eso no los entienden, ni los toleran.

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