Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Existe un dicho entre los defensores del país: “El primer escenario de lucha por los derechos humanos es por un presupuesto digno para los organismos públicos de protección”. Ese adagio es una realidad en Baja California.

Del presupuesto de egresos para el Estado de Baja California para el ejercicio 2015, que asciende a  poco más de 33 mil millones de pesos, 38 millones se destinan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), es decir, el 1.15 por ciento para la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad. En comparación, para el rubro de “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” hay más de 100 millones de pesos, 2.6 veces más que para la CEDHBC.

Así, la medida del presupuesto destinado a la Institución Ombudsman es la medida del apoyo oficial a la promoción y defensa de los derechos humanos. 

La situación para la CEDHBC se agrava por la serie de tropelías que cometió el anterior titular de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (que hasta hoy apuntan a la impunidad), traducidas en una serie de desvíos e irregularidades graves.

El boquete financiero que le propinó Arnulfo De León Lavenant a la Institución Ombudsman de Baja California asciende conservadoramente a 18 millones de pesos, casi la mitad de su presupuesto para este año, dejando a la institución en la inoperancia para la defensa adecuada de los derechos humanos de la población. ¿Cómo piensan las autoridades y legisladores que una institución del Estado, puede funcionar así, saqueada y sobre todo en un campo tan sensible como es el humanista?

Llama la atención que a pesar de los exhortos emitidos por ex ombudsman locales y por medios de comunicación, además de los escritos enviados por la actual titular de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera, ni el Ejecutivo Federal ni el Poder Legislativo han mostrado voluntad política para subsanar la grave situación financiera de la institución.

¿Será posible que el gobierno de Baja California, ejecutivo y legislativo, no se hayan enterado que México está en la mira de organismos intergubernamentales de los que incluso forma parte? Sus órganos (cortes penales, comisiones, comités, grupos de trabajo y relatores de la ONU y de la OEA) son emanados de tratados internacionales de los que México es Estado Parte, elevados en 2011 a rango constitucional. 

México también está bajo la mirada crítica de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), que han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en el país y en Baja California.

Baja California no está exenta de ser una región donde se cometen violaciones graves a los derechos humanos. No en vano las recientes visitas al estado de los organismos internacionales y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez.

Además, como se ha difundido ampliamente, existen denuncias interpuestas contra autoridades de Baja California ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Comité contra la Tortura de la ONU, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU y la Corte Penal Internacional de la Haya, también de la ONU.

Cuando el hoy gobernador Kiko Vega fue presidente municipal de Tijuana, gestionó ante el cabildo para la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), sin condiciones de ninguna naturaleza, un apoyo mensual para sus gastos operativos en Tijuana. Buen gesto.

Cuando al inicio de su administración Kiko Vega anunció la creación de una Asesoría en Derechos Humanos, se abrieron positivas expectativas para el desarrollo transversal y atención por parte del Ejecutivo Estatal hacia este importante y delicado campo de acción.

Cuando el Congreso de Baja California aprobó este año una reforma a la Constitución del estado para armonizarla con las Reformas en materia de Derechos Humanos, plasmadas en el año 2011 en la Constitución federal, y abrogó la Ley sobre la PDH para crear la CEDHBC, mucho se habló sobre el inicio de una nueva etapa de la Institución Ombudsman de la entidad para vigilar el cumplimiento por las autoridades estatales y municipales de los derechos humanos inscritos en la Constitución y en los tratados internacionales.

El Congreso local tuvo el atino de designar a la primera mujer titular del nuevo organismo público de derechos humanos, con gran trayectoria y experiencia en este campo. 

Pero ninguno de estos antecedentes se plasma hoy en los hechos ni responden a las expectativas creadas. No se ve voluntad política para “limpiar la casa”.

¿Qué pasa en el Ejecutivo Estatal que ha rechazado la tan urgente y necesaria ampliación presupuestal a la CEDHBC? ¿Qué pasa con las y los legisladores locales, antes muy dispuestos?

¿Será que las pre-precampañas son más importantes que los derechos humanos?

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste