TIJUANA, BC 19 DE JULIO DE 2011.-
Los irresponsables.
Por: Gilberto LAVENANT
Comentaba ayer, Lunes 18 de Julio, aquí en Palco de Prensa, respecto al hecho de que los legisladores de Baja California, andan sumamente ocupados, en asuntos del área de asistencia social, que si bien es cierto son de enorme importancia, como los desayunos escolares, el eliminar el costo de las inscripciones en escuelas de educación media superior e incluso el pintar los planteles educativos de un determinado color, para evitar que sean pintados con fines partidistas electorales.
Sin embargo, advertía que no le dedican tiempo y atención a temas mucho más trascendentes, como el preveer, evitar y castigar a los desarrolladores urbanos, que de manera irresponsable, con la complicidad y complacencia de las autoridades competentes, pero ineficientes e insensibles, construyen en terrenos de alto riesgo, que “maquillan” para hacerlos aparecer como verdaderos paraísos, que al final constituyen trampas mortales.
Entonces, observaba que deberían seguir el ejemplo de los legisladores del Distrito Federal. Al menos en un tema específico. Y comentaba que los integrantes de la Asamblea Legislativa, reformaron la Ley de Protección Civil y el Código Penal del DF, para castigar hasta con siete años de prisión a los funcionarios públicos que permitan, fomenten o procuren los asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo de la Ciudad de México.
Apuntaba que la legislación advierte que “…la omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara al delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecido en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para el Distrito Natural”.
Entonces, apuntaba que en Baja California, y en particular en Tijuana, ocurría todo lo contrario, pues los funcionarios públicos se convierten en aliados, socios y complices de los desarrolladores de viviendas, que acostumbran realizar fraccionamientos y construir viviendas en zonas de alto riesgo, que simplemente “maquillan”, para hacerlas aparecer como “paraísos”, violentando todo tipo de normas jurídicas.
Todo esto lo observaba, en relación al manifiesto enorme interés de los legisladores locales por enjuiciar políticamente a la Síndico Municipal de Tijuana, Arq. Yolanda Enríquez, a quien tal parece que quisieran “quemar en leña verde”, porque supuestamente encubrió a los policías municipales involucrados en el “tabledance policiaco”, con la aparente intención de destituirla del cargo e inhabilitarla, para que no vuelva a ocupar puesto público alguno.
Explicaba que los juicios políticos, son solo la vía para destituir al funcionario ineficiente o corrupto, y además para inhabilitarlo para la función pública, a fin de que no vuelva a agarrar chamba durante un período determinado, aunque observaba que aquí en Tijuana, ocurre todo lo contrario. Que aquí los premian, los reconocen cual si fuesen funcionarios eficientes y responsables, y los vuelven a contratar, en muchos de los casos sin importar su filiación partidista.
Hacia hincapié en que la aparente drasticidad de los legisladores locales, frente a este asunto, los hace aparecer como celosos funcionarios públicos, dispuestos a separar del cargo y sancionar, a funcionarios públicos ineficientes o corruptos, y que la realidad, amarga y decepcionante, es que estas actitudes más bien parecen meros distractores, pues existen asuntos realmente importantes que reclaman de atención, de análisis y de sanciones severas.
Además de recordar asuntos pendientes de abordar, como el caso del PIRE, en base al cual se hipotecaron las finanzas del gobierno municipal de Tijuana, decía que deberían seguir el ejemplo de los legisladores del Distrito Federal, quienes reformaron la Ley de Protección Civil y el Código Penal del DF, para castigar hasta con siete años de prisión a los funcionarios públicos que permitan, fomenten o procuren los asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo de la Ciudad de México.
Decía que ese tipo de individuos sin escrúpulos, no solo merecen la destitución e inhabilitación, sino la cárcel, pues “gracias” a ellos, ciudades como Tijuana se han desarrollado anárquicamente, constituyendo trampas mortales por doquier.
Pues bien, para no darle más vueltas al asunto, ayer mismo, vía correo electrónico, una señora, que tiene su vivienda en Casas Geo, Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, allá por El Florido, hizo saber al columnista que una 20 casas están a punto de ser sepultadas, pues una barda construida en la parte superior, en terrenos a desnivel, está en peligro de desplomarse. Todo esto en la Privada La Paz.
Lo curioso, irónico y absurdo, es que avisarona Bomberos y a Protección Civil y aunque acudieron, la única respuesta y recomendación que les dieron, es que se quejaran por todos los medios posibles, pues de otra manera su problema no tendría solución y en tanto que la empresa desarrolladora, Casas Geo, olímpicamente se lava las manos, advirtiendo que las garantías ya habían concluido su vigencia y que no estaba obligada a hacer nada para reparar la barda y evitar una lamentable desgracia.
Hoy martes 19, a las 8:00 de la mañana, los posibles afectados estarán en el Palacio Municipal, en la Dirección de Administración Urbana, a denunciarle formalmente los hechos al Arq. Esteban Yee, en espera de que intervenga. Las esperanzas de respuesta, son muy pocas, pues tienen este problema desde hace 3 años. En casos como este es cuando se debe enjuiciar políticamente a los funcionarios solapadores, encubridores, cómplices de los desarrolladores irresponsables. Aplicarles 7 años de cárcel, como en el DF, sería poco.
