Los responsables.
Por : Gilberto LAVENANT
A muchos ha llamado la atención, el que la Síndico Procuradora del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, vaya a ser sometida a Juicio Político, bajo el simple supuesto de que no actuó con la celeridad debida, para sancionar a los policías municipales involucrados en el “tabledance”?
La aparente drasticidad de los legisladores locales, frente a este asunto, los hace aparecer como celosos funcionarios públicos, dispuestos a separar del cargo y sancionar, a funcionarios públicos ineficientes o corruptos.
La realidad, amarga y decepcionante, es que estas actitudes más bien parecen meros distractores, pues existen asuntos realmente importantes que reclaman de atención, de análisis y de sanciones severas.
En el gobierno municipal de Tijuana, tienen asuntos pendientes de abordar, tan trascendentes, como el hecho de haber comprometido las finanzas y bienes del Ayuntamiento, al contraer créditos para la realización del PIRE. Independientemente de presumibles malos manejos de los recursos destinados para ello, el haber hipotecado a Tijuana, para los próximos 30 años, o quizás más tiempo, requiere de sanción para quienes lo propusieron, así como para quienes lo aprobaron.
Pero los legisladores suponen que el tema del PIRE, es ajeno a ellos. Están ocupados y preocupados en lograr desayunos escolares, en que se eliminen las cuotas de inscripción escolar, en que los edificios escolares sean pintados de color que no se partidice y otras cosas por el estilo. A quienes deberín enjuiciar, es a los autores intelectuales y materiales del PIRE, a los regidores y diputados que aprobaron o autorizaron el endeudamiento. Pero no lohaceb, más que todo, porque afectarían a sus propios compañeros de partido.
Deberían seguir el ejemplo de los legisladores del Distrito Federal. Al menos en un tema específico. Los integrantes de la Asamblea Legislativa, reformaron la Ley de Protección Civil y el Código Penal del DF, para castigar hasta con siete años de prisión a los funcionarios públicos que permitan, fomenten o procuren los asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo de la Ciudad de México.
Los legisladores defeños crearon una nueva legislación, siendo esta la Ley del Sistema de Protección Civil del DF, publicada el viernes 8 de Julio del año en curso, con la que se pretende lograr una mayor coordinación de todas las autoridades responsables de atender a la población de escasos recursos, en casos de emergencia o desastres.
Una de las disposiciones más importantes, contenidas en esta nueva Ley, es que se impondrán penas hasta de 7 años de prisión a los funcionarios públicos capitalinos que fomenten o toleren la construcción de viviendas en zonas irregulares o de alto riesgo por las condiciones del suelo o de la orografía.
La legislación advierte que “…la omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara al delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecido en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para el Distrito Natural”.
En Baja California, y en particular en Tijuana, los funcionarios públicos se convierten en aliados, socios y complices de los desarrolladores de viviendas, que acostumbran realizar fraccionamientos y construir viviendas en zonas de alto riesgo, que simplemente “maquillan”, para hacerlas aparecer como “paraísos”, violentando todo tipo de normas jurídicas.
Cuando vienen los desastres, todo mundo se hace el sorprendido y aparentan ser ajenos a los hechos, culpan a la naturaleza, y continúan impune e impúdicamente con sus cadenas de complicidades e impunidad.
Los juicios políticos, son solo la vía para destituir al funcionario ineficiente o corrupto, y además para inhabilitarlo para la función pública, a fin de que no vuelva a agarrar chamba durante un período determinado. En Tijuana, ocurre todo lo contrario. Aquí los premian, los reconocen cual si fuesen funcionarios eficientes y responsables, y los vuelven a contratar, en muchos de los casos sin importar su filiación partidista.
Ese tipo de individuos sin escrúpulos, no solo merecen la destitución e inhabilitación, sino la cárcel. “Gracias” a ellos, ciudades como Tijuana se han desarrollado anárquicamente, constituyendo trampas mortales por doquier.
¿Por qué los diputados del Distrito Federal, hacen leyes tan importantes, en tanto que los de Baja California, aplican su tiempo en temas intrascendentes, o al menos no del nivel como la reforma para castigar a funcionarios públicos irresponsables o cómplices de desarrolladores ?
¿Será muy difícil copiar, plagiar o clonar la citada legislación del DF y aplicarla en esta entidad ?
Los políticos suponen que los ciudadanos comúnes y corrientes, son demasiado ingenuos o retrazados mentales, pues siguen haciendo como que trabajan, cuando que en realidad siguen siendo los principales responsables de las irregularidades prevalecientes. Los protagonistas y beneficiarios, simplemente se dedican a hacer negocio, en tanto que la corrupción y la impunidad lo permitan.
Y todavía se sorprenden, cuando los ciudadanos, con el carácter de electores, no acuden a las urnas, o cuando lo hacen, votan en contra de quienes consideran responsables de los males y carencias que padecen.
