TIJUANA, BC 17 DE JULIO DE 2011 (AFN).-
Peor el remedio…
Por : Gilberto LAVENANT
Hay un dicho popular que advierte que “a veces sale peor el remedio, que la enfermedad”. Eso es precisamente lo que está pasando con el ejército y su participación en el combate al llamado crímen organizado.
Al corromperse y coludirse enormemente las corporaciones policiacas, de los tres niveles de gobierno, con los cárteles de las drogas, estas no solo se hicieron ineficientes, sino además cómplices de los delincuentes, constituyendo dicho amasiato un azote mucho más severo e inclemente para la sociedad.
Viendo que los miembros de las corporaciones policiacas, eran de los mismos que supuestamente combatían, el Presidente Felipe Calderón recurrió a la fuerza del ejército, para emprender su narcoguerra. Y en principio, se puso un freno a las mafias.
Sin embargo, al paso del tiempo, la advertencia del dicho popular, respecto al remedio y la enfermedad, se ha hecho realidad, al grado de que el propio ejército, se ha convertido en un flagelo para la sociedad mexicana.
Y es que los elementos castrenses, se imponen mediante el uso de la fuerza bruta. Pero no saben de medias tintas. Arrasan con todo lo que se les pone enfrente. Agreden no solo a los malos, sino también a ciudadanos inocentes, vejando e incluso asesinando, al grado de que ya forman parte del problema de la inseguridad pública.
Fue impresionante e inicialmente reconfortante, la campaña aquella del “nosotros sí vamos”, para motivar las denuncias ciudadanas. Los resultados, en muchos casos, fueron excelentes y espectaculares. Lamentablemente, independientemente de que hayan sido ciertas, falsas o supuestas, dichas denuncias, en muchos casos, la intervención militar resultó contraproducente. En principio, por el hecho de que los elementos castrenses no usan la inteligencia. Simplemente llegan, sin orden alguna de juez competente, y entran a las viviendas “como Pedro por su casa”, sin importar la calidad moral ni la dignidad de los moradores.
El caso del allanamiento a la casa del empresario priísta, Jorge Hank Rhon, de madrugada, molestando a la familia en sus momentos de descanso, en la intimidad de su hogar, presuntamente a salvo de cualquier posible agresión, sin orden de cateo alguna, bajo el supuesto de una denuncia ciudadana, fue una gotota que derramó muchos vasos de agua.
Luego, días después, el allanamiento a la casa de la señora María Guadalupe Plascencia Villanueva, funcionaria del Consejo de la Judicatura y hermana de Raúl, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jóven abogado tijuanense. El colmo de los colmos.
Esta semana, aquí en Tijuana, el propio Presidente de la CNDH, hizo un recuento de las “gracias” de los militares. Dijo que desde el 2005, se empezó a hacer un estudio respecto a las arbitrariedades del ejército y corporaciones policiacas. La suma asciende a 3,700 las denuncias recibidas, aunque resulta obvio suponer que posiblemente sea similar la cantidad de los casos de quienes no se atrevieron a denunciar, por temor a represalias, porque los desaparecieron o sencillamente los asesinaron.
El titul ar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sumamente preocupado y molesto por esta situación, sobre todo a raíz de que su propia hermana se agregó a las estadísticas de las víctimas de las arbitrariedades y salvajadas militares, dijo que desde hace 20 meses solicitó a los visitadores de la CNDH que se dedicaran a investigar estos asuntos.
Señaló que de inmediato se percataron que la violación de derechos humanos, por elementos militares y de las corporaciones policiacas, tanto federales como estatales y municipales, se convirtieron en práctica común y persistente en todos los rumbos del país.
El Artículo 16 de la Constitución General de la República, garantiza y advierte que “…Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Lamentablemente, está visto que ni los militares, ni los policías, conocen la Ley Máxima y por ello atropellan y vejan a los mexicanos.
“Generalmente –dice Plascencia Villanueva- no llegan tocando la puerta. Generalmente llegan derribando la puerta o introduciéndose totalmente de manera clandestina. Las personas descubren el operativo cuando ya están detenidos o siendo apuntados con un arma”.
El argumento para introducirse a las viviendas, es el mismo en todos los casos. Una aparente denuncia anónima, supuesta búsqueda de armas o de drogas, el dicho de un presunto testigo protegido y otras artimañas, para justificar sus ilícitos.
Los delitos en los que incurren con sus arbitrariedades, son diversos, tales como detenciones arbitrarias, maltrato, sustracción o robo de bienes. Lo preocupante es que no se trata de meros descuidos o simples denuncias falsas, pues las agresiones y vejaciones van en aumento.
La CNDH tiene listo un informe sobre todo esto, que a manera de recomendación para todas las autoridades, debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros días del próximo mes de agosto.
Muchos mexicanos consideran urgente retirar al ejército de las calles. Desgraciadamente las policías, de todos los niveles, siguen padeciendo graves problemas de corrupción y complicidad con el crímen organizado. Entre militares abusivos, policías corruptos y criminales desalmados, no hay ni para donde hacerse.
