Pero entonces, si los Servicios Públicos son un Derecho Humano, ¿por qué se paga en exceso por ellos, como es el caso de las Tarifas Eléctricas y el Transporte Público en ciudades como Mexicali? Con el actual modelo de desarrollo, los Servicios Públicos, que son un derecho humano como la Salud, la Educación y la Vivienda, se PRIVATIZAN.

            En el caso del Transporte Público en Mexicali, la entrega al sector privado de este derecho humano son concesiones a particulares, “permisionarios” que, generalmente, para arriesgar sus intereses, financian campañas político-electorales a los dos principales partidos políticos, el PRI y el PAN, a pesar de estar prohibido por la ley electoral. Es obvio que el objetivo único y central de los “permisionarios” es el LUCRO, no las PERSONAS, que son los usuarios del servicio, sobre todo los de menores ingresos, las y los trabajadores de la producción de bienes y servicios, sus hijos y las personas de la tercera edad, que por el bajo nivel de ingresos no pueden adquirir un vehículo propio para su traslado.

            En el actual Ayuntamiento de Mexicali, el Consejo Municipal de Transporte funciona más como un órgano legitimador de este proceso de privatización, en donde no están representados los usuarios del transporte público y los trabajadores, pero sí los “permisionarios”. Como presidente de la Comisión de Transporte y Seguridad Pública en el Cabildo de Mexicali, está un heredero del cacicazgo priísta, el regidor Rodolfo Fierro Yáñez, muy alejado de su función como “representante popular”.   

    Las tarifas del Transporte Público en Mexicali, además de caras, violan el Derecho a la No Discriminación prohibida ésta por el Artículo 1º. de la Carta Magna

    Un trabajador o trabajadora suele ocupar dos rutas de camiones para trasladarse a su trabajo, más otros dos de regreso al hogar. Si tiene dos hijos que se trasladan a la escuela de lunes a viernes, el gasto total familiar, con todo y tarifa de “estudiante”, que suele no respetarse por choferes explotados por los patrones para vender el mayor número de pasajes, será de, aproximadamente, $64 pesos por día; de $364 pesos por semana y de $1,456 por mes si quieren transportarse con refrigeración (que en Mexicali es una necesidad, no un lujo), cuando gana entre $600 y $1,200 pesos a la semana. Haga usted la cuenta para saber cuánto le queda al trabajador y a la familia para “vivir”.

            Con las altas temperaturas de Mexicali el uso del aire acondicionado en el hogar, el transporte y el trabajo es un asunto de supervivencia, de Salud Pública, que ni el gobierno federal (la CFE), el gobierno federal y el municipal satisfacen, violando así el Derecho a la Salud de personas que tienen que arreglárselas para soportar las altísimas temperaturas.

            En resumen, el derecho al Transporte Público en un negocio de particulares que privilegian sus intereses por sobre el interés público, lo que abona a la pobreza de la población de bajos ingresos.

            Lo que los gobiernos estatal y municipal deben promover, entonces, es el SUBSIDIO al transporte público, o en el mejor de los casos, su MUNICIPALIZACIÓN en aras del interés público, no privado, como sucede en otros municipios y países. En la Cd. de México, el Metro se subsidia por el Estado y el usuario paga sólo $3 pesos por pasaje, pudiendo utilizar todas las rutas en un mismo viaje.

            En Mexicali, que es la segunda ciudad con clima más caluroso en el mundo (temperaturas que suben de 50 grados centígrados en verano y casi 60 grados de sensación térmica cuando hay humedad excesiva), acaban de ser aprobadas por el Consejo Municipal de Transporte dos tipos de tarifas: $11 pesos por pasaje normal en los autobuses con aire acondicionado y $6.50 pesos en unidades viejas sin aire acondicionado, que entraron en vigor el 10 de julio; $5 y $3 pesos para estudiantes y personas de la tercera edad, respectivamente, a quienes los choferes evaden levantar.

            Así, las tarifas con refrigeración son elitistas, discriminando a las personas que por su condición social no pueden pagar por ese servicio, además deficiente, teniendo que soportar el intenso calor a riesgo de su salud, contraviniendo la prohibición de la Discriminación plasmada en el Artículo 1º. de la Carta Magna.

            Con estas tarifas, los trabajadores subsidian al sector privado que no tienen que preocuparse por el transporte de sus empleados: El municipio les resuelve ese problema.

            Si a los “permisionarios” del transporte público les cuesta más el combustible por el efecto inflacionario que propicia el propio gobierno federal con los aumentos oficiales a las gasolinas y el diesel, el déficit lo pagan los trabajadores con el aumento autorizado por una autoridad insensible, obligada a cumplir compromisos de campaña.

Como siempre, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste