LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 13 DE MAYO DE 2026.- La advertencia lanzada por la DEA sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aparte de dañar la imagen de esa entidad, también marca un cambio profundo en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y la clase política mexicana en el poder.
La advertencia de Washington de que ya no se limitarán a perseguir a capos del narcotráfico, sino a quienes desde el poder público hayan permitido, protegido o facilitado las operaciones criminales, no debe tomarse a la ligera, aunque este amago tenga propósitos electorales para favorecer a Donald Trump en las votaciones intermedias que a finales de este año se celebrarán en el vecino país.
La frase del jefe de la DEA, Terry Cole, en el sentido de que “esto es sólo el comienzo”, tiene implicaciones delicadas para México, porque más allá de si las acusaciones contra Rocha Moya terminan probándose en tribunales, el daño político ya está hecho, debido a que la sola existencia de una acusación formal desde Estados Unidos contra un gobernador en funciones establece un precedente histórico y alimenta la percepción de que sí existe una “narcopolítica” enquistada en algunos niveles del poder público.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró ayer que la reciente acusación por narcotráfico en contra de Rocha Moya, es el comienzo de una lucha contra los políticos mexicanos que cooperen con los cárteles.
Al ser cuestionado por el senador republicano por Luisiana John Kennedy sobre la acusación presentada contra el mandatario sinaloense por presuntamente ayudar al Cártel de Sinaloa, el titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que “(…) no cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”.
“Y le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció.
Agobia extorsión
La advertencia de la Coparmex sobre el crecimiento desbordado de la extorsión en México encuentra eco en municipios como Ensenada, donde comerciantes, restauranteros y pequeños empresarios viven cada vez con mayor preocupación el fenómeno del cobro de piso y las amenazas del crimen organizado.
Aunque muchas veces las denuncias no llegan a presentarse por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades, el problema existe y se ha convertido en una realidad silenciosa que golpea la economía local.
En Ensenada, numerosos negocios operan bajo presión, pagando cuotas ilegales o enfrentando intimidaciones que afectan directamente su estabilidad financiera y su permanencia.
El señalamiento de Coparmex advierte que, en ocasiones, la propia autoridad termina actuando con indiferencia y deja a los empresarios en una condición de vulnerabilidad total, atrapados entre la delincuencia y la burocracia.
La extorsión destruye empleos, frena inversiones y genera un ambiente de miedo que termina por afectar la calidad de vida que tanto presumían los ensenadenses, quienes no pueden normalizar esta situación.
Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), resaltó que, durante el primer trimestre del año, se reportaron 2 mil 915 víctimas de extorsión, esto es un promedio de 32.4 personas diarias, subrayó.
Sierra destacó que el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, lo cual quiere decir que las cifras del Secretariado Ejecutivo reflejan solamente el 3 por ciento de lo que realmente ocurre.
Expuso que este delito se incrementó en 17 estados, respecto al primer trimestre del 2025. Y nueve estados alcanzaron su nivel más alto en los últimos 11 años.
No a la sobrerrepresentación
El bloque académico que se opuso al fallido “Plan B” en materia electoral presentará este miércoles en la ciudad de Guadalajara un libro con el que deja de manifiesto su rechazo a la sobrerrepresentación, al antipluralismo y a la violencia en procesos electorales.
En la obra titulada Reformar para dominar: la disputa por la democracia electoral en México, participan los ex consejeros electorales Lorenzo Córdova, María Marvan Laborde y Ciro Murayama, así como especialistas como Raúl Trejo Delarbre, Enrique Toussaint y Rosa María Mirón Lince.
El libro está auspiciado por la UNAM, por su Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITAM y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.
“El fenómeno de la violencia criminal en las elecciones es creciente y tiene un impacto directo en la libertad del voto, así como en la integridad de los comicios, por ello, cualquier reforma que se proponga debe ocuparse de este tema, buscando medidas de prevención y protección, estableciendo una necesaria coordinación entre autoridades", se señala en el capítulo VI, Violencia electoral.
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