REFLEXIÓN DEL DIA.-
Por: Esteban Capella Ibarra 

TIJUANA BC 6 DE ABRIL DE 2026.- En los últimos días, diversos gremios de abogados en Baja California han manifestado su inconformidad frente a un acuerdo administrativo del Poder Judicial del Estado que establece, de manera progresiva, la obligación de acreditar una especialización en materia familiar para poder intervenir en ciertos procedimientos.

A simple vista, la medida puede parecer razonable: mejorar la preparación en asuntos sensibles. Pero el análisis no está en la conveniencia de la especialización, sino la acreditación mediante maestrías o doctorados.

La Constitución es clara: para ejercer la abogacía se requiere título y cédula profesional de Licenciado en Derecho. Ese es el estándar. No distingue materias ni exige grados adicionales.

Cuando un órgano del Poder Judicial toma el concepto de “defensa especializada” y lo convierte en un requisito formal de posgrado con cédula y registro, deja de ser un tema de organización interna y pasa a fijar condiciones para el ejercicio profesional.

No se discute la utilidad de la especialización. Se trata de que el único requisito constitucional para ejercer la abogacía es ser Licenciado en Derecho. Cualquier carga adicional altera ese punto de partida.

Este fenómeno no es aislado. También se observa cuando se normalizan los llamados actos de molestia. Muchas personas los aceptan bajo la idea de que “el que nada debe nada teme”, sin detenerse a analizar su origen o sus alcances.

Los cambios en la relación entre autoridad y ciudadanía no ocurren de golpe. Se incorporan poco a poco, bajo argumentos de orden o eficiencia, hasta volverse cotidianos.

Hoy se condiciona la participación en materia familiar. No se prohíbe ejercer, pero se limita el acceso bajo un requisito adicional.

Si este criterio se mantiene, puede extenderse a otras materias. Y entonces el estándar constitucional deja de ser la referencia efectiva, sustituido por decisiones administrativas.

La evolución jurídica ha consistido en fijar límites al poder y reglas claras para el ejercicio de derechos.

Aquí el punto es que la especialización es positiva, pero no puede imponerse por encima del criterio constitucional porque el principio es ser Licenciado en Derecho y punto.

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