LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 22 DE ENERO DE 2026.- La difusión de una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que involucra a actores políticos de Baja California, vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la vida pública mexicana, que es el delicado equilibrio entre el derecho a la información y la presunción de inocencia.
En el caso de Carlos Torres Torres -ex esposo de la gobernadora Marina de Pilar Ávila Olmeda-, la información publicada se sustenta en la existencia de una carpeta de investigación cuyo origen, según el propio señalado, es una denuncia anónima.
Este hecho, por sí mismo, no constituye una determinación de responsabilidad, pero sí abre un proceso jurídico que debe ser atendido con seriedad y transparencia por todas las partes involucradas.
El posicionamiento público del ex diputado, en el que manifiesta no tener nada que ocultar y expresa su disposición a colaborar con las autoridades, se inscribe dentro de una respuesta políticamente previsible, pero también necesaria, en un contexto donde la sospecha pública suele prevalecer antes que las conclusiones jurídicas.
Así las cosas, resulta relevante que el propio Torres subraye su retiro temporal de la vida política, lo cual -suponemos- debe reducir el riesgo de interferencias y permita que el proceso siga su curso legal.
Y para la opinión pública, el dilema está en evitar tanto la absolución anticipada como la condena mediática.
Las investigaciones deben esclarecerse en los cauces institucionales y no en el terreno de la especulación o el linchamiento político y mediático.
Al mismo tiempo, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con rigor y celeridad, garantizando que las denuncias sin sustento no se conviertan en herramientas de desgaste político.
Sin embargo, la rendición de cuentas y el respeto al debido proceso no son excluyentes.
Casos como este ponen a prueba la solidez de las instituciones y la capacidad de la sociedad para esperar resultados fundados en hechos, no en versiones preliminares ni en intereses coyunturales.
Señalamos lo anterior, porque la historia reciente, por desgracia, confirma que este tipo de carpetas de investigación sólo se abren y se filtran a los medios para imponer una “narrativa” en favor o en contra de alguien, pero después no pasa nada.
Ganan aliados
La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la reforma electoral no será un mercado sobre ruedas, ni un “toma y daca” con los partidos aliados a Morena.
Este mensaje, aunque dirigido al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el sentido que no se negociarán principios a cambio de votos, en Baja California cayó como pedrada en parabrisas, porque si algo ha caracterizado a nuestra entidad en los últimos años es que las alianzas electoreras pesan más que los ciudadanos, y los acuerdos de cúpula terminan siendo más visibles que las supuestas encuestas para designar candidatos.
Aquí, los partidos “satélite” no sólo piden piso parejo, también exigen reflector, posiciones y candidaturas, aunque su peso electoral no siempre justifique la factura.
La advertencia presidencial sobre las listas plurinominales “de gente que nadie conoce” también pega directo en la península, pues aquí abundan los legisladores que llegaron al Congreso sin hacer campaña, sin recorrer colonias y sin saber dónde queda la calle que representan, pero muy puntuales para levantar la mano cuando la línea llega desde arriba.
En Baja California, más que foros ciudadanos, lo que ha mandado es la aritmética política.
Las candidaturas y posiciones se han repartido con regla y calculadora, no con encuestas de percepción ciudadana.
Basta recordar cómo se han acomodado perfiles en el Congreso local y en los cabildos, muchos de ellos más conocidos por su cercanía con el poder que por su trabajo territorial.
El tema incomoda particularmente a la dirigencia morenista estatal, encabezada por Rosina del Villar, quien tendrá que acatar la orden superior de mantener los equilibrios internos y respetar las cuotas políticas.
También pone nerviosos a quienes orbitan alrededor de figuras como Julieta Ramírez, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti y Nancy Sánchez, todos beneficiarios, en distintos momentos, de un sistema que ahora desde el centro se cuestiona abiertamente.
Por tanto, aunque se insista que la reforma electoral nace de lo que dice la gente, en esta entidad fronteriza la militancia morenista suele enterarse de las decisiones cuando ya están publicadas en el Periódico Oficial o cuando el “acuerdo político” ya fue planchado desde Ciudad de México.
Los morenistas de Baja California saben que la reforma y la alianza con el PT y PVEM perder pluris, espacios y control político.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
