LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 15 ENERO 2026.- En Morena nadie se mueve sin medir las consecuencias y esta semana la señal, como siempre, viene desde el centro del país, donde quienes en verdad detentan el poder pretenden adelantar la revocación de mandato al 2027 y, de paso, eliminar el fuero constitucional.
Todo, convenientemente, el mismo día de la elección intermedia más grande que se recuerde, algo así como un “mega paquete democrático”, dirán unos; una jugada de control político, acusarán otros.
Pero en Baja California, donde la política depende de las decisiones que se toman en la Ciudad de México, ambas propuestas no pasas desapercibidas. Aquí no sólo se renovará el Congreso local y las alcaldías, sino que también estará en juego la gubernatura.
Y si la revocación de mandato presidencial se coloca en la misma boleta, el efecto arrastre será inevitable.
La principal beneficiada -y a la vez la más expuesta- es la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aunque su nombre no aparezca en la boleta de revocación federal, el mensaje político sí, puesto que respaldar a la presidenta Sheinbaum el día de los comicios será leído como respaldo al proyecto local.
Morena apostaría a que la popularidad presidencial impulse a su candidata o candidato al relevo en el Centro Cívico de Mexicali, pero también implica un riesgo, porque cualquier desgaste nacional se reflejará directamente en casa.
Y donde la situación se puede poner brava es con la eliminación del fuero. En Baja California hay varios perfiles que han navegado tranquilos bajo ese salvavidas constitucional, desde senadores, diputados federales y no pocos alcaldes, a quienes tendrían que empezarles a revisar expedientes que se creían bien archivados; además, también hay varios legisladores locales que han confundido inmunidad con impunidad.
En los municipios el mensaje también cala. Algunos alcaldes y sus grupos político tendrán que operar con más cuidado; sin fuero, cualquier error administrativo puede dejar de ser un asunto político para convertirse en uno penal, circunstancia que lo sacaría de la jugada por la gubernatura.
En Ensenada más de un representante popular debería empezar a contratar abogados.
Escenarios
Morena y sus aliados saben que Baja California es laboratorio electoral. Si aquí funciona la fórmula -revocación, elección concurrente y discurso anticorrupción vía eliminación del fuero-, el modelo se venderá como éxito nacional. Si falla, el golpe será doble: político y simbólico.
Por ahora, en 2027 no sólo se votará por cargos, se votará por lealtades, y algunos lo harán sin la red de protección que durante años les permitió caminar sobre arenas movedizas.
Suenan bonito
En la política mexicana hay palabras que suenan bonitas, pero que, vistas de cerca, huelen a salitre. Una de ellas es “independencia”, ese concepto que el gobierno ahora ofrece al Instituto Nacional Electoral (INE) como quien promete libertad, pero con correa.
Porque, según el nuevo discurso oficial, el árbitro electoral puede ser independiente, aunque no autónomo. Algo así como decirle a un portero que puede lanzarse a donde quiera, siempre y cuando no se mueva de la portería que le marque el entrenador.
No es casualidad que las alertas hayan venido de ex consejeros y actuales integrantes del INE. Luis Carlos Ugalde, Arturo Castillo y Martín Faz no hablan desde la nostalgia institucional, sino desde la experiencia de haber visto cómo, sin autonomía constitucional, cualquier órgano termina convertido en ventanilla de trámites del poder en turno.
Y es que quitarle autonomía al INE implica cambiar al árbitro por un jugador con silbato.
Desde el gobierno se insiste en que no hay de qué preocuparse, que nadie quiere controlar al Instituto. Pero cuando el presupuesto, la administración y las decisiones clave dependen del gobierno, entonces hay que preocuparse.
Y en un país donde las elecciones han sido históricamente terreno resbaloso, apostar por árbitros dóciles es una tentación demasiado grande como para creer en promesas de buena fe.
Al final, el debate no es sobre costos económicos, es político y con alto impacto social.
La autonomía del INE no estorba a la democracia; estorba al poder que no tolera contrapesos.
Por eso preocupa que se piense en reformar la Constitución para debilitarla. Porque cuando el gobierno empieza a desconfiar de los árbitros, generalmente no es porque el juego sea injusto, sino porque ya está pensando cómo inclinar la cancha.
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