LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 14 ENERO 2026.- Ahora resulta que en Washington descubrieron el hilo negro, o más bien, el nudo ciego. El periódico Wall Street Journal destapó lo que en México se comenta en voz baja desde hace décadas, en el sentido de que el combate al narco siempre ha tenido más corbata que pasamontañas, más oficina que sierra, y más credencial partidista que apodo de rancho.
Según el diario neoyorquino, en México se han encendido las alarmas ante las “exigencias insostenibles” de Donald Trump, quien -con la sutileza de un elefante en cristalería- estaría presionando para que en nuestro país se persiga a narcopolíticos, incluso dentro del partido gobernante.
Nada nuevo bajo el sol, salvo que ahora el reclamo viene con membrete republicano y tono de ultimátum.
Porque si de antecedentes se trata, Estados Unidos no empezó ayer a señalar funcionarios mexicanos.
Ahí está el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, hoy condenado en una corte estadounidense por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
O el de Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero del narco. Casos juzgados y documentados.
Más atrás, en el archivo aparece Raúl Salinas de Gortari, hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas, investigado en los noventa por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos financieros con el narcotráfico, aunque en México el expediente terminó empolvado.
Y cómo olvidar las acusaciones históricas -nunca judicializadas- que agencias estadounidenses han ventilado contra figuras como Manuel Bartlett, hoy prócer de la 4T, por el caso Camarena, siempre negadas, pero jamás olvidadas en Estados Unidos.
Así que convendría recordar que la larga lista de sospechas no distingue colores partidistas, porque PRI, PAN y ahora Morena han tenido sus sombras, algunas procesadas en tribunales extranjeros y otras convenientemente archivadas en casa.
No obstante, la actual administración federal camina sobre una cuerda floja. Si cede a la presión de Trump, puede incendiar al ala nacionalista de su movimiento, y si no hace nada refuerza la narrativa de impunidad selectiva.
Y mientras tanto, Washington juega al policía bueno y malo, dependiendo del ciclo electoral.
Al final, la pregunta no es si Trump presiona o si el WSJ dramatiza. La verdadera interrogante es otra: ¿cuántos nombres más caben en esa lista que todos conocen, nadie investiga y algunos prefieren que siga siendo secreto de Estado?
Porque en países como México, cuando el narco se sienta a la mesa del poder, rara vez lo hace sin invitación.
Autonomía en descuento
Siempre que se plantea una reforma electoral en nuestro país, para el gobierno la palabra “autonomía” es como una ola incómoda y por tanto es mejor contenerla antes de que salpique demasiado.
Y si bien los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llegaron con la Constitución bajo el brazo, recordando el artículo 41 y pidiendo algo que suena lógico para cualquier árbitro, que es independencia real y presupuesto suficiente, el partido en el poder salió con la respuesta ya conocida: independencia sí, dinero no; autonomía sí, pero con asteriscos.
Pablo Gómez, viejo lobo de la izquierda institucional, decidió hacer una disección semántica que no es nueva pero sí reveladora. Autonomía, dijo, no es autogobierno; eso es para universidades. Los órganos administrativos -aunque estén en la Constitución- deben conformarse con ser “independientes” en sus decisiones, pero no tanto como para decidir cuánto cuestan. En pocas palabras, pueden pitar el partido, pero el marcador económico lo pone el poder.
El problema es que el árbitro electoral no sólo resuelve controversias, sino que organiza elecciones, capacita funcionarios, imprime boletas, fiscaliza campañas y monta una logística nacional que no se paga con discursos de austeridad. Vincular el presupuesto al PIB fue visto como herejía, porque si el PIB baja, ¿por qué no también la democracia? El objetivo -se insistió- es bajar el gasto electoral. Lo que no se dijo es hasta dónde puede bajarse sin afectar la calidad y credibilidad de las elecciones.
Detrás del debate técnico hay una disputa política de fondo, pues en evidente que el gobierno desconfía de los organismos autónomos, y por su parte el INE sabe que sin recursos suficientes la autonomía se vuelve decorativa.
No se trata de si el INE gasta mucho o poco, sino de quién decide cuándo y cuánto debe gastar. Y cuando el árbitro depende del presupuesto aprobado por los jugadores, el partido empieza a oler raro.
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