LA BUFADORA
El Mosquito

ENSENADA BC 7 ENERO 2026.- En Baja California ya no sorprende que el discurso de la austeridad viaje en camioneta de lujo… lo que sigue causando asombro es que lo haga con 800 mil pesos en efectivo repartidos estratégicamente entre la parte frontal y trasera del vehículo.

Detalles técnicos, dirán algunos. Olvidos domésticos, dirá la diputada local Alejandra María Ang Hernández, presidenta -nada menos- de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California. Ironías de la vida pública.

La explicación oficial apela a la clásica receta del manual político: fue un error, el dinero es lícito, proviene de ahorros y de la venta de un automóvil, y todo se aclarará “en tiempo y forma”. Nada ilegal, pues.

Sólo que en la frontera norte, donde los agentes estadounidenses no leen comunicados sino declaraciones aduanales, olvidar declarar 40 mil dólares no es un desliz menor, y menos cuando el efectivo no va precisamente en la guantera junto al seguro del carro.

Lo verdaderamente preocupante no es el incidente aislado -si es que así quiere verse- sino el patrón. Retenciones, visas revocadas, interrogatorios y silencios oficiales se acumulan como fichas de dominó entre funcionarios morenistas de la región.

Demasiadas “coincidencias” para una administración que presume honestidad valiente, pero cuyos cuadros parecen tener cada vez más dificultades para cruzar la garita sin contratiempos.

Y mientras la diputada tiene un mes para convencer a las autoridades estadounidenses de la pulcritud de sus recursos, en Baja California la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? Porque si la congruencia también cotizara en dólares, a estas alturas ya debería, por lo menos, declararse.

Preguntas

Con el ánimo de evitar sesgos ideológicos y apoyados en la “imparcial” inteligencia artificial este caso genera las siguientes interrogantes:
¿Por qué la diputada local Alejandra Ang intentó cruzar a Estados Unidos con 800 mil pesos en efectivo sin declararlos, a sabiendas que la cantidad máxima es de 10 mil dólares en efectivo?
¿Cuál es el origen exacto del efectivo que llevaba? ¿Corresponde realmente a ahorros familiares y la venta de un automóvil, como ella ha señalado? 
¿Puede demostrar con documentos (contratos, estados de cuenta, recibos, etc.) los movimientos relacionados con ese monto?
¿Por qué llevaba esa cantidad en efectivo en vez de transferirlo por medios bancarios u otros mecanismos regulados?
¿Cuáles fueron las razones para cargar el efectivo de esa forma? 
La legisladora local argumenta que ese dinero se destinaría para la compra de un vehículo, pero ¿existen acuerdos, contratos o pruebas de esa intención de compra? 
¿Es fiscalmente correcto para una legisladora comprar un vehículo de 800 mil pesos en efectivo?
Si los recursos son de carácter personal, ¿cómo se reflejan en su declaración patrimonial ante las autoridades mexicanas?
¿Están reportados estos fondos en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales de servidores públicos? ¿Coincide lo declarado con la cantidad transportada?
¿Qué medidas tomará para garantizar transparencia ante la ciudadanía y evitar conflictos de interés o sospechas de uso indebido de recursos públicos?
¿Requerirá o ya está enfrentando alguna investigación interna o externa adicional?

Reforma en puerta

Mientras el país sigue haciendo malabares con la cuesta de enero, el partido en el poder ya afina el bisturí para meterle mano al sistema electoral.

La comisión presidencial para la reforma electoral, comandada por el siempre presente Pablo Gómez, alista su informe como quien prepara un platillo “ligero”: menos diputados, menos dinero a partidos, menos estructuras, pero con el mismo sazón de siempre.

Morena promete que ahora sí la reforma será producto de la escucha ciudadana. Setenta foros, dicen, dentro y fuera del país.

Habrá que ver si tanto micrófono abierto no termina otra vez en monólogo, porque en la política mexicana escuchar significa “te oigo, pero ya decidí”.

Las reformas electorales suenan conocidas: abaratar la democracia, compactar organismos, ajustar el financiamiento y darle una sacudida a los plurinominales sin desaparecerlos, no vaya a ser que las minorías se nos espanten.

Eso sí, ahora los candidatos deberán “buscar respaldo en las urnas”, como si antes llegaran por correo certificado.

En el plano federalista, la cosa va más o menos así: los organismos electorales locales se quedan, pero a dieta. Menos presupuesto, menos personal y, seguramente, menos margen de maniobra.

Porque en la austeridad republicana todos deben apretarse el cinturón, menos los que deciden cuánto mide el cinturón.

Desde los estados -esos que rara vez caben en los foros de la capital- la pregunta no es si habrá reforma, sino a quién le va a doler más.

Porque cada vez que se habla de “reducir costos”, alguien termina pagando los platos rotos, y casi nunca es el poder central.

La reforma viene en camino, envuelta en papel de consulta ciudadana y con fecha tentativa para este mes de enero.

Falta ver si será un verdadero rediseño del sistema electoral o sólo otro ajuste cosmético para decir que la democracia salió más barata, aunque no necesariamente mejor.

Como siempre, el diablo estará en los detalles y en las letras chiquitas que no se discutieron en ningún foro.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor