LA BUFADORA
El Mosquito

ENSENADA BC 11 DE DICIEMBRE DE 2025.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó una inhabilitación de tres años para ocupar cargos públicos en contra del ex gobernador de Baja California y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, por las irregularidades detectadas en la fallida construcción de una planta fotovoltaica. Un expediente viejo que resurge y se vuelve a guardar.

Sin embargo, esta resolución puede ser impugnada por el ex mandatario, pero sin importar el desenlace y repercusiones que a nivel local tenga este asunto doméstico, el hecho de que Morena y el PT, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantengan o no su alianza en el 2027, no se decidirá aquí, sino en la Ciudad de México, en una mesa de negociaciones en la que sólo se sentarán la mujer más poderosa del país, la dirigencia nacional de Morena, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, y los dueños… perdón, líderes del PT y PVEM, Alberto Anaya Gutiérrez y Jorge Emilio González Martínez, respectivamente, porque ya perdieron su silla Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila. 

Y si los personajes que conservan su sitio en esa mesa llegan a un acuerdo, que es lo más posible, entonces se distribuirán las candidaturas para cargos federales y estatales, y municipios como el de Ensenada serán moneda de cambio.

En pocas palabras, si inhabilitan o no a Bonilla Valdez, más allá de la estridencia mediática de este caso, no será factor para que el PT compita al lado de Morena o decida irse por la libre. 

En Baja California los protagonistas de la política no se mandan solos; al final siempre reciben instrucciones del centro y las deben acatar. 

Pero, en fin, en algo se tienen que entretener los jugadores de la segunda y tercera división regional.

No obstante, resta más de un año para que se celebren las elecciones, y en el trayecto pueden darse más acontecimientos inesperados que modifiquen la ecuación y alteren las reglas no escritas del sistema político mexicano. Y tampoco se puede soslayar el factor Trump.

EL ANTECEDENTE

La actual administración estatal presentó procesos legales para recuperar los recursos públicos comprometidos durante la gestión de Jaime Bonilla para el frustrado proyecto de la planta fotovoltaica, logrando la restitución de 172 millones de pesos.

La sanción contra Bonilla forma parte de una serie de procesos legales y administrativos iniciados por las irregularidades de su gobierno.

Al respecto, la secretaria de Honestidad y la Función Pública de Baja California, Gabriela Monge, informó que también fue vinculado a proceso el ex secretario de Salud de la administración de Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico.

La medida se relaciona con denuncias por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

Pérez Rico es acusado de haber realizado adjudicaciones directas irregulares a la empresa Arsa LAB para la adquisición de insumos médicos por más de 39 millones de pesos en 2021, aprovechando un decreto federal por la contingencia de Covid-19, pero para compras que no correspondían a la pandemia.

La denuncia fue presentada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción de Baja California. Otros ex funcionarios como Mikel Roberto Alcántara Hernández, ex director de Administración; Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor, y Miguel Ángel Marín Cardone, jefe de Recursos Materiales también han sido vinculados a proceso por diversos expedientes.

ENTREGAN FIRMAS

La Cámara de Diputados recibió el martes pasado 188 mil 358 firmas de apoyo a la iniciativa ciudadana sobre reforma electoral, que buscará ser discutida y votada al mismo tiempo que la propuesta que envíe el gobierno federal.

Diversas organizaciones reunieron las firmas de apoyo a la iniciativa llamada “Salvemos la Democracia”, las cuales se recolectaron desde octubre pasado.

Las firmas son más de las que exige la ley (130 mil /0.13% del listado nominal) para que el Congreso de la Unión discuta una iniciativa impulsada por ciudadanos.

La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, recibió a representantes de las organizaciones que impulsan la iniciativa y el siguiente paso será enviar las firmas al Instituto Nacional Electoral (INE), en donde serán cotejadas.

Las firmas se registraron por medio de una aplicación que para tal efecto habilitó el INE. Entre las organizaciones que las recolectaron están: Sí por México y Sociedad Civil México, Creemos México, Une México, Confío en México, Consejo Cívico Ciudadano, Unidos por México, Misión Rescate México y Factor Kaiser, entre otras.

El impulsor de esta propuesta es el activista y empresario Claudio X. González, quien fue el villano favorito en el sexenio de López Obrador.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor