LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿De cuándo acá tanta rapidez para atender las denuncias anónimas?

ENSENADA BC 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.- Si las campañas negras y el fuego amigo entre los morenistas se intensifica en el tiempo que falta para la jornada electoral de 2027, quien sobreviva a los ataques y denostaciones podría llegar con un desgaste que tal vez no ponga en riesgo su eventual triunfo en las urnas, pero en el caso de la alcaldía de Ensenada asumiría el cargo como si fuera el personaje de James Bond, porque estaría rodeado de enemigos y traidores, como actualmente ocurre con las presidentas municipales de Ensenada y San Quintín, Claudia Agatón Muñiz y Miriam Cano Núñez, respectivamente, quienes supuestamente llegaron con “todo el respaldo”; sin embargo, cumplido apenas un año de haber rendido protesta ambas no se la acaban con las grillas en su contra.

Los morenistas simulan en público llevarse bien, pero detrás de cámaras la relación es distante, porque cada grupo, facción o tribu interna pretende el control de la administración pública, a sabiendas que nadie les llamará la atención, razón por la cual en las redes sociales brotaron decenas de portales con “fines periodísticos” que se dedican a descalificar a los militantes de Morena más visibles y con aspiraciones de ser candidatos.

Fondo y justificación

En el asunto de los citatorios que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) para que comparezcan en sus oficinas centrales de la Ciudad de México varios representantes populares, funcionarios y empresarios de Baja California, debido a una investigación en curso por supuesto lavado de dinero y asociación delictuosa, en las redes sociales esos nuevos portalitos de “noticias” y análisis político señalan, sin aportar ninguna prueba, que los responsables de haber promovido estos citatorios son el ex delegado federal Alejandro Ruiz Uribe, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y el diputado federal plurinominal Fernando Castro Trenti.

Sin menospreciar el grado de influencia de estos personajes, resulta difícil aceptar que tengan el poder de ordenar a la FGR que abran carpetas de investigación contra autoridades electas y de designación, porque esas instrucciones sólo pueden venir de muy, pero muy arriba.

Entonces, bien harían los citados por la FGR en dejar de asegurar que todo esto se trata de fuego amigo del orden local, porque falta por conocer hasta donde llegan las investigaciones y quién fue el funcionario que las autorizó.

Delitos electorales

Tras considerar que la legislación electoral está rebasada, fiscales electorales estatales plantearon añadir delitos en la materia.

El nuevo catálogo debería incluir desde la violencia política en cualquier modalidad, la usurpación de acciones afirmativas, la manipulación de propaganda en redes sociales, la coacción del voto de personas en prisión preventiva, el retiro o destrucción de propaganda electoral, hasta la distribución masiva de acordeones, propuso la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE).

En un documento entregado al INE, señala que se modificarían seis artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se añadirían otros ocho.

Entre ellos, la compra o coacción de votos, condicionamiento o suspensión de programas sociales, transporte de votantes, proselitismo indebido, actos anticipados de campaña, financiamiento ilícito o el retiro, destrucción o alteración de la propaganda electoral.

Asimismo, exigen más claridad para quienes compiten por una candidatura para personas afromexicanas, indígenas, de la comunidad LGBTIQ+ o con discapacidad, para frenar la simulación.

Quien no confirme que en verdad pertenece a alguno de esos grupos, indican, podría ser penalizado con tres años de prisión y podría tipificarse como usurpación de acciones afirmativas.

La AMFE demanda endurecer las sanciones por violencia política digital, al añadir como sanción la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular o de dirección partidista hasta por 15 años.

Debería existir, consideran, un apartado que establezca puntualmente que la distribución masiva de acordeones, guías de votación o instrucciones predeterminadas, ya sea en físico o por internet, en la elección de juzgadores, será considerada un delito.

Reconocen que, desde el proceso de 2021, la injerencia de funcionarios públicos en procesos electorales es cada vez mayor y buscan evadir la norma, por lo que debe “flexibilizarse su libertad de expresión”. 

También proponen que las Fiscalías Electorales realmente sean autónomas, y crear un sistema de coordinación p[ara el intercambio de información.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor