Por: Fernando Núñez de la Garza Evia
Plaza Cívica
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MONTERREY 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025.- En las últimas semanas hemos visto tres casos paradigmáticos en contra de la libertad de expresión en Baja California. El primero, una clara muestra de chayotismo periodístico. El segundo, un caso más grave de censura periodística. Y el tercero, y el peor de todos, una manifestación de violencia en contra de un periodista.

El famoso “chayote” es un problema ubicuo, de larga data y que mancha las administraciones de todos los partidos políticos. Probablemente, nunca había quedado tan claro a raíz de la filtración telefónica ocurrida recientemente, donde la gobernadora les instruye a los diputados Jaime Cantón y Juan Manuel Molina a “ayudar” al periodista mexicalense Rubén Gómez, ante la amenaza de este de seguir “pegándole” a Cantón Rocha hasta que lo incluyeran en el presupuesto de publicidad. Ciertamente, en todas las democracias se destina dinero público a medios de comunicación con fines promocionales e informativos. Sin embargo, el gran problema en Baja California –y México– es la opacidad y discrecionalidad del gasto, resumido en la ominosa frase del expresidente López Portillo: “no pago para que me peguen”.

Pero el nuevo patrón en el estado es la censura periodística directa de parte de las autoridades. Lo vimos más recientemente aún con el caso de la periodista mexicalense Dianeth Pérez Arreola, quien en una mañanera hizo una pregunta “incómoda” (si no son para eso las mañaneras, entonces, ¿para qué son?): la doble licitación ocurrida en la planta potabilizadora “La Nopalera” en Tecate, y los presuntos vínculos del crimen organizado con la empresa ganadora en la segunda licitación. Subrayo: presuntos vínculos. Acto seguido, fue llamada a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “coadyuvante”, en un clarísimo caso de censura, intimidación y acoso judicial. Como bien comentó la periodista, si no hubo vínculos con el crimen organizado, lo que sí hubo fue una muy sospechosa doble licitación, la cual se debería investigar.

Sin embargo, lo peor que le puede suceder a un periodista es ser víctima de violencia física por el ejercicio de su profesión. Y eso es lo que le ocurrió en días recientes a otro periodista mexicalense, Jorge Heras. No queda claro quién envío a los golpeadores, y por qué motivos. Lo que sí sabemos es que quien lo golpeó es un policía municipal en activo de Mexicali, quien estaba adscrito como escolta de un empresario. Aquí sí, la gobernadora mostró su respaldo. Y aquí sí, el Congreso del estado en su conjunto envió un exhorto para investigar la agresión y proteger a los periodistas bajacalifornianos. La discrepancia entre los casos de Dianeth Pérez y Jorge Heras no puede ser mayor: silencio en el primer incidente, apoyo en el segundo. Y aunque lo sucedido a Jorge resulta más grave, el apoyo del gobierno del estado al gremio periodístico y a la libertad de expresión debe ser total.

Chayote, censura, violencia. Todo lo vimos en cascada en tan solo unas semanas en nuestro estado. La organización Artículo 19 recién publicó un reporte, donde habla del crecimiento “alarmante” del “acoso judicial” contra los periodistas del país. Baja California se une a los estados que han usado el aparato gubernamental para acosar a sus periodistas y censurar a sus ciudadanos. Lo anterior es una probadita de las enormes dificultades que vive el periodismo bajacaliforniano, en un contexto de extinción democrática.

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