LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
Cuchillito de palo
¿En verdad la prioridad número uno del país es realizar una reforma electoral?

ENSENADA BC 6 DE AGOSTO DE 2025.- En 1991, cuando un juez federal de la Corte de San Francisco, California, decretó un embargo secundario a las exportaciones mexicanas de atún aleta amarilla, el puerto de Ensenada dejó de ser la capital mundial del atún, se perdieron alrededor de 7 mil empleos directos por el cierre de las empacadoras pesqueras, la flota se desmanteló y, para colmo, ese mismo año se registraron los macrofraudes de Brisamar y Ginsa, que eran “inmobiliarias” que operaban ilegalmente como bancos al recibir dinero de la gente a cambio de ofrecer altos intereses, pirámides que se derrumbaron y afectaron a 5 mil pequeños, medianos y grandes ahorradores, al grado que Ensenada se convirtió en la ciudad con la cartera vencida más alta del país en tarjetas de crédito.

Debido a este complejo escenario de crisis, un grupo de empresarios locales impulsó el proyecto denominado Ensenada 20-25, con el objetivo de realizar una amplia consulta para definir las nuevas vocaciones económicas del entonces municipio más grande del mundo, y dicho estudio concluyó que nuestro futuro era transformarse en un “destino gourmet”.

Y 34 años después, en este 2025, se anuncian -otra vez- grandes obras de infraestructura, como la ampliación y modernización de los puertos de Ensenada y El Sauzal, Ciudad Jatay (parque industrial), la carretera alterna a la Escénica y un aeropuerto civil y de carga.

Por el momento el proyecto que provoca resistencias es el del puerto de El Sauzal, pero esta es una gran oportunidad para volvernos a replantear el porvenir de Ensenada y el de sus siguientes generaciones.

¿Quiénes deben encabezar este esfuerzo? Obviamente tienen que ser las actuales autoridades y representantes populares, así como a los dirigentes de organismos empresariales y asociaciones civiles y académicas.

Si bien la federación y la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ya prometió que se realizará una consulta en Ensenada para tal efecto, previamente pueden convocar a mesas de trabajo la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Julio Salinas López, para llegar a la consulta con la tarea hecha. ¿A poco es tan complicado?

No actúan

Se reconoce el esfuerzo del XXV Ayuntamiento de Ensenada por limpiar los arroyos que cruzan la mancha urbana de Ensenada, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) -cuyo delegado en Baja California es el ex líder de la burocracia y ex diputado local, Manuel Guerrero Luna-, es la dependencia responsable de hacerlo, así como sancionar a quienes han invadido los márgenes y cauces de los arroyos y las inmediaciones de la presa Emilio López Zamora, al grado que las áreas de Protección Civil del propio gobierno las catalogan como los sitios de más alto riesgo en caso de lluvias torrenciales.

Canalizar los arroyos con concreto hidráulico representa una inversión millonaria, pero entre más se tarden aumentará su costo y el peligro de una tragedia como la ocurrida en 1978 está latente, particularmente en la parte de la Colonia Munguía que está asentada en el cauce.

Si tuviéramos canalizados los arroyos y sus márgenes libres serían una excelente ciclovía, además de mejorar ostensiblemente la imagen de la ciudad.

Cuestión de voluntad política.

¿Y aquí cómo andamos?

Menos de un tercio de los municipios del país, 30.7 por ciento, cuenta oficialmente con un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Y de los 760 programas publicados o registrados, 60 por ciento fue elaborado hace más de una década.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Psedatu) 2025-2030, bajo revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), advierte que, de las 92 metrópolis identificadas en el país, sólo 29 tenían publicado y registrado su programa en 2023.

En tanto, señala, 18 de las 32 entidades del país publicaron su Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano antes de la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) en 2016, por lo que se consideran desactualizados normativamente.

Para marzo de 2025, agrega, sólo cinco entidades habían armonizado su legislación con la LGAHOTDU, 25 habían realizado armonizaciones parciales, y las dos restantes se consideran no armonizadas; y menos de un tercio de las entidades (10) han emitido una ley de coordinación metropolitana.

Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), advierte que el ordenamiento resulta más necesario y urgente ante los riesgos que plantea el cambio climático.

“Las carencias de instrumentos rectores de planeación territorial, aunado a modelos de crecimiento económico centrados en el beneficio privado y regidos por el mercado, por encima del bien común y de visiones humanistas y sustentables impactan en la seguridad y bienestar de las personas”, alerta. 

“De esta situación resulta que en México, 15 por ciento del territorio nacional, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) están propensos a sufrir las consecuencias negativas del cambio climático”.

Advierte, por otra parte, sobre el rezago en materia de catastros y registro de propiedad.

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