LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Por qué ningún legislador federal o local por Ensenada levantó la voz o hizo algo para evitar la aplicación del impuesto al crucerista?

ENSENADA BC 2 DE JULIO DE 2025.- A pesar de que los reclamos son diferentes, la forma de protestar es la misma en Baja California, porque a los grupos inconformes se les hace fácil bloquear las vialidades de acceso al aeropuerto de la ciudad de Tijuana, o bien, interrumpir la circulación en la carretera Transpeninsular en Ensenada y San Quintín, sin importar las graves afectaciones económicas que generan, además de la evidente irritación social.

Precisamente ayer, pescadores ribereños -con el respaldo de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas A.C. (Coduc), bloquearon durante varias horas la circulación en el carril con dirección norte-sur de la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura de El Sauzal.

El vocero del Coduc, Luis Roberto Martínez Santos, informó que solicitan la remoción de Kathy Lizbeth Valdez Domínguez, directora del Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola (Criap), y de Enrique Morales, director de investigación pesquera del pacífico norte del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas), que en el sexenio anterior se denominaba Inapesca.

Al sitio tuvo que trasladarse desde Mexicali el secretario general de Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien tras sostener un diálogo con los manifestantes se logró la reapertura de la circulación vehicular. El funcionario les prometió establecer mesas de trabajo para atender sus demandas. 

Sin embargo, esta situación pudo haberse evitado si en Ensenada la administración estatal contara con un representante con la suficiente presencia y facultades para fungir como un oportuno operador político, pero desde el bienio de Jaime Bonilla Valdez esa figura desapareció en este puerto, y ahora sufrimos las consecuencias.

¿Quién avisa a la gobernadora Marina del Pilar de los asuntos sensibles de Ensenada?

Pide ASF aclaraciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno federal, las entidades y municipios deben aclarar el destino de 662.3 millones de pesos correspondientes la Cuenta Pública 2024.

Al realizar la primera entrega de informes individuales de la revisión al ejercicio del gasto en ese año, el titular del organismo, David Colmenares, informó que ese monto es resultado de 152 auditorías practicadas hasta el momento.

El mayor monto observado, resaltó, corresponde a estados y municipios, con el 60 por ciento, mientras que a las dependencias del gobierno federal corresponde 30 por ciento y el 10 por ciento restante a diversas empresas productivas y subsidiarias y a algunas secretarías de Estado.

Colmenares destacó que, desde su llegada a la ASF en marzo de 2018, cambió el enfoque del órgano fiscalizador y, en lugar de estar determinando montos multimillonarios como ocurría en el pasado, ahora dan asesoramiento a los entes auditados para evitar que resulten con observaciones.

En ese sentido, vale la pena recordar que anteriores administraciones municipales de Ensenada, sobre todo del 2010 al 2016, fueron observadas por la ASF por múltiples irregularidades en sus finanzas, pero jamás se aplicaron sanciones.

Lo ideal es que se lleven a cabo auditorías en tiempo real, porque, por ejemplo, cuando el Congreso local revisa las cuentas públicas de un Ayuntamiento, lo hace varias años después de que concluyó su periodo.

Impuesto digital

Tras la entrada en vigor del Impuesto a los Servicios Digitales en Canadá, Concanaco Servytur advirtió que dicha medida podría afectar los principios de libre comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Cualquier medida fiscal en el entorno digital debe construirse mediante mecanismos multilaterales y de consenso. Las decisiones unilaterales generan tensión y afectan a millones de emprendedores y consumidores en la región. El T-MEC no puede ni debe debilitarse”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.

El dirigente explicó que la aplicación retroactiva del impuesto, así como su concentración en tecnológicas estadounidenses, generará un escenario de discriminación indirecta, contraviniendo el compromiso del capítulo 19 del T-MEC que prohíbe aranceles digitales y promueve un trato fiscal no discriminatorio entre los socios.

Previamente, el presidente Donald Trump anunció el cese de las negociaciones comerciales con Canadá en respuesta al impuesto digital.

“Una decisión poco coordinada puede convertirse en un freno para el ecosistema digital de toda la región. El impacto de un impuesto digital no se queda en las grandes empresas, se traslada a los pequeños negocios, a los consumidores y a las cadenas de valor locales. Por eso, necesitamos altura de miras y responsabilidad compartida”, alertó.

Seguridad y economía

La colaboración armónica entre los diferentes niveles de gobierno en la región ejemplifica cómo la coordinación y las estrategias conjuntas pueden traducirse en resultados que benefician a la ciudadanía y a la economía local. 

Una seguridad pública eficiente y estable también atrae inversiones, genera confianza en los inversores y crea un entorno propicio para el crecimiento empresarial. 

Estos temas salen a colación debido a que, Baja California está destacando por su dinamismo económico y su crecimiento laboral. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el estado ocupa el tercer lugar en el país en salario promedio mensual, con 14 mil 771 pesos, superando a regiones tradicionales como Nuevo León y Jalisco. 

Esta posición refleja una rápida expansión económica, estabilidad y un importante potencial de desarrollo, consolidando a Baja California como uno de los estados más prósperos y en pleno crecimiento del país.

La colaboración efectiva entre los tres niveles de gobierno ha sido fundamental para reducir significativamente los índices de homicidio en la entidad. 

Gracias a una estrategia coordinada que combina acciones operativas, preventivas y de inteligencia criminal, se ha logrado disminuir en un 41.2% el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. 

Si esta tendencia continúa, Baja California podría cerrar 2025 con una reducción superior al 50% en comparación con 2024. 

Los liderazgos y coordinación de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, alcaldes y alcaldesas empieza a traducirse en resultados concretos, garantizando una mayor seguridad para Baja California.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor