Fernando Núñez de la Garza Evia
Plaza Cívica
MONTERREY NL 16 DE JUNIO DE 2025.- El outsourcing o subcontratación es un problema mayúsculo en el país. Sin embargo, no me refiero al propiamente laboral, al cual se le hizo frente debidamente durante la administración lópezobradorista. Más bien, hablo de la subcontratación de nuestro estado de derecho, lo cual nos está trayendo serios problemas en el presente, y promete traerlos aún más en el futuro.
La falta de estado de derecho ha sido un problema histórico en el país. Los capítulos de paz que hemos tenido, así como las mayores épocas de inversión, no han obedecido a la aplicación de la ley, sino al autoritarismo político: primero, con Porfirio Díaz, y después, con el régimen autoritario priista. Sin embargo, todo cambió en noviembre de 1989 con la caída del Muro de Berlín. Carlos Salinas de Gortari acudió al Foro Económico Mundial en Davos unos meses después, en enero de 1990, y vio el cambio de tiempos que se avecinaba. Primero, porque las inversiones se estaban dirigiendo a Europa del este, a los países que habían formado parte de la Unión Soviética. Segundo, porque el estado de derecho sería fundamental para atraerlas. Si los países europeos recién liberados se estaban adhiriendo a la Unión Europea con ese fin, ¿qué podría hacer México?
La gran idea que tuvo el expresidente Salinas fue firmar el entonces TLCAN, hoy T-MEC. Había dos ideas detrás de la firma del tratado de libre comercio. Primero, hacer más atractivas las inversiones hacia el país al tener acceso prioritario al mercado más grande del mundo, el estadounidense. Segundo, hacer una especie de outsourcing de nuestro estado de derecho. Las empresas extranjeras que se establecieran en México no se someterían a la muy corrupta jurisdicción mexicana, ya que el tratado prevería mecanismos alternativos de solución de controversias, como paneles arbitrales. El tratado trajo toda una seria de beneficios que han sido ampliamente estudiados, aunque también produjo toda una serie de desincentivos. Entre ellos, no consolidar nuestro andamiaje institucional en materia legal: policías, fiscalías, juzgados y cárceles.
Ese estado de cosas parece estar llegando a su fin. Robert Lighthizer, quien fuera el negociador norteamericano para el T-MEC, cambió los términos del tratado al someter una mayor cantidad de productos y servicios a la jurisdicción mexicana, con el fin de desincentivar las inversiones en el país. Luego, llegó la reforma judicial. Hoy en día, con Trump 2.0, no habrá una revisión del tratado, como estaba previsto, sino una renegociación. A lo anterior hay que añadir la terrible violencia en el país, las extensas ligas de la narcopolítica, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, y los casi nulos juicios en contra del crimen organizado en México. Las investigaciones, y los encarcelamientos, vienen crecientemente del vecino del norte.
Tenemos a un Estados Unidos radicalizado, disgustado con el tratado comercial y enojado ante la inseguridad en su frontera sur. Mientras tanto, los pasos para crear un estado de derecho en México, como la reforma judicial de 1994, y la creación de la Policía Federal en 2009, han sido borrados. Lo que ahora tenemos es violencia rampante, elecciones judiciales y mayor militarización, todo envuelto en un creciente autoritarismo político.
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