LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 8 DE ENERO 2025.- Hasta hace poco, para ser considerado candidato a un cargo de elección popular no sólo se requería tener un poderoso “padrino” en la Ciudad de México, sino contar con una larga y consolidar trayectoria política, que incluía haber desempeñado varios cargos en la administración pública, pero de unos años a la fecha, a un grupo de mujeres y hombres jóvenes se les alinearon los planetas gracias a la implementación de criterios de paridad e inclusión, que permitió el meteórico ascenso, por ejemplo, de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilas Ávila Olmeda, de los senadores Armando Ayala Robles y Julieta Ramírez Padilla, de alcaldes como Román Cota (Tecate), y de los diputados Jaime Cantón Rocha (local) y Claudia Moreno Ramírez (federal), por citar sólo algunos casos.

Los cambios a la legislación electoral para obligar a los partidos a postular a mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas y fijar cuotas para abanderar a jóvenes, personas con discapacidad, indígenas e integrantes de la diversidad sexual, amplió el abanico de opciones para votar, pero generó una crisis al interior de las fuerzas políticas, cuya vieja guardia se siente desplazada porque sus opciones de figurar en las boletas de votación se redujeron drásticamente.

Así que ya veremos para el 2027, si surgen más rostros nuevos o los que están buscarán reciclarse más adelante, por aquello de que este año se llevará a cabo una reforma para prohibir la reelección.

Recibirá a consejeros

Mañana jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para hablar sobre la elección judicial y el recorte presupuestal al organismo.

Los integrantes del consejo general han advertido que en dicho encuentro demandarán una ampliación presupuestal, pues la Cámara de Diputados le quitó al Instituto 13 mil 476 millones de pesos de los 33 mil millones solicitados.

Debido al recorte, el INE ha advertido que los ciudadanos no acudirán a una jornada electoral normal, sino que, de entrada, tendrán que recorrer grandes distancias porque las casillas redujeron de 172 mil a 73 mil, lo cual afectará bastante a Baja California, donde existen asentamientos humanos lejanos, dispersos y de difícil acceso geográfico.

“Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y, de todas maneras, esta semana me reúno para ver cuáles son sus consideraciones”, indicó la mandataria.

También insistió que, contrario a los pronósticos de sus adversarios, será una buena elección.

Al menos la presidenta Sheinbaum hará lo que nunca hizo López Obrador, quien jamás se reunió con los consejeros del INE.

Corta vida

A más tardar el próximo 20 de marzo, el Congreso Federal deberá aprobar la legislación secundaria que sepultará a los siete órganos autónomos que fueron eliminados de la Constitución, y cuyas funciones serán absorbidas en su mayor parte por el Poder Ejecutivo.

Una vez aprobado el nuevo marco jurídico, se emitirán los decretos de extinción en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e iniciará el desmantelamiento formal y el despido de buena parte de sus 4 mil 524 empleados.

El pasado 20 de diciembre se publicó en el DOF la reforma constitucional por la que quedaron extintos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

También, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La reforma estableció un plazo de 90 días naturales para que el Congreso emita las normas que permitirá que el Poder Ejecutivo y, en su caso, el Judicial y el Legislativo, así como el Inegi, asuman las facultades de regulación, supervisión, evaluación, gestión, administrativas y de imposición de sanciones que tenían encomendadas los órganos autónomos.

Por ejemplo, en el caso del INAI, deberán ser modificadas o abrogadas, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia que regulan un marco jurídico en el que el Instituto funge como una autoridad cuasijurisdiccional para resolver las denuncias de los ciudadanos ante las evasivas de entrega de información.

Las facultades cuasijurisdiccionales del INAI, según ha declarado la titular de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, podrían ser enviadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), esto es, que los recursos de revisión promovidos por los ciudadanos contra el Ejecutivo serian resueltos por esta instancia para evitar el  dilema de ser juez y parte.

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