LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 2 DE ENERO 2025.- Al más puro estilo de los gobiernos priistas y panistas que tanto critican, las actuales autoridades tuvieron la “brillante” idea de publicar el pasado 31 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, una disposición que pomposamente denominaron Estudio Técnico del Programa para Promover la Adopción del Incentivo al Pago Electrónico en el Transporte Publicó Masivo en el Estado de Baja California, que no es otra cosa que autorizar un incremento a la tarifa del transporte público urbano de pasajeros en los municipios de la entidad.

Así que a partir de ayer los choferes de microbuses comenzaron cobrar en Ensenada 15.50 pesos al usuario y 7.75 pesos a estudiantes, personas de la tercera edad o con discapacidad, lo que inmediato provocó la furia de los usuarios, quienes a través de las “benditas” redes sociales expresaron su rechazo y enojo por este aumento.

El repudio ante tal disposición se justifica porque cada vez que se eleva el costo del pasaje los concesionarios prometen introducir micros y camiones nuevos, uniformar a los choferes, dejar de poner narcocorridos y ampliar las rutas, pero nada de eso cumplen, por ello los usuarios tampoco creen ahora que, con el eventual cobro electrónico vía la adquisición de una tarjeta, el servicio en verdad mejore.

Y otra cosa que no se entiende, a menos que su intención sea “redondear” a favor del concesionario, es fraccionar el precio, cuando ya nadie usa la minimonedas de 50 y 25 centavos.

Lo que sí es obvio es que los funcionarios y permisionarios que acordaron este aumento jamás se han subido a un microbús, que lleva décadas siendo un sistema de transporte pésimo, caro y peligroso.

¿Por qué el director general del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, no explicó ni socializó esta medida? ¿Si se aplicó con relativo éxito en Mexicali por qué no hicieron los mismo en los otros municipios?... ¡pero qué necesidad!

No se puede hablar que se trata de un “estímulo” para que la gente pague de forma digital sin antes haber capacitado a los transportistas, usuarios, además de tener tarjetas y centros de carga suficientes.

Y también recortes

El arranque de 2025 borró la sonrisa de al menos cien personas que laboraban por contrato en la Secretaría de Educación del Estado (SEE), la mayoría con menos de 10 años de antigüedad, mientras que en otras dependencias también hubo recorte de plazas bajo el mismo concepto, incluso trascendió que en la delegación de la SEE habrá cambio de titular, pues se asegura que Irlán Alejandro Lozano Camacho dejará ese puesto en el que permaneció exactamente dos años.

Para nadie es agradable iniciar el año sin trabajo, pero estos “ajustes” de personal obedecen a la difícil situación financiera que prevalece en todos los entes de gobierno por los recortes presupuestales a nivel federal y las millonarias deudas que enfrentan las administraciones estatales y municipales.

Por tanto, se esperan anuncios de un mayor adelgazamiento de la nómina estatal.

15 años de ineptitud

Cuando se determinó que las fiscalías fueran “autónomas” y la designación de sus titulares no estuviera sujeta a los vaivenes políticos, se pensó que tal estrategia contribuiría a combatir la impunidad y de paso permitir el mejoramiento de la administración e impartición de justicia, pero no fue así, y el peor ejemplo se registró en Guanajuato, entidad que desde hace años ocupa el primer lugar en homicidios dolosos, donde tras 15 años y 11 meses como fiscal general de ese estado, Carlos Zamarripa dejó el cargo, al tiempo que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, anunció a Zucé Anastacia Hernández Martínez como encargada de despacho.

Desde octubre pasado, con los cambios en los gobiernos estatal y federal, Zamarripa presentó su renuncia a la Fiscalía, pese a que fue ratificado por el ex gobernador Diego Sinhué Rodríguez para un periodo de 2019 a 2028.

Zamarripa Aguirre asumió como procurador general de Guanajuato en febrero de 2009 en el sexenio de Juan Manuel Oliva y rindió otra vez protesta como fiscal general a inicios de 2019.

A inicios de octubre de 2024 Rosa Icela Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Seguridad federal (SSPC), presentó un “análisis social” inédito para explicar por qué la entidad lidera el índice de homicidios a nivel nacional.

En esa ocasión atribuyó la violencia, principalmente, a la permanencia de funcionarios como Zamarripa Aguirre por mucho tiempo y a un grupo de extrema derecha en el poder representado por El Yunque, en los últimos 30 años.

En tasas por cada 100 mil habitantes, Guanajuato se ubica en el sexto lugar en víctimas de homicidios dolosos, por debajo de Colima, Morelos, Baja California, Chihuahua y Guerrero.

No obstante, en números absolutos, Guanajuato lidera el número de crímenes con 2 mil 847 víctimas de homicidios dolos entre enero y noviembre 2024.

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