LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
ENSENADA BC 2 DICIEMBRE 2024.- Las ciudades de Tijuana y Mexicali, donde se concentra el peso electoral de la entidad, sobre todo en la primera urbe, se avalaron proyectos para crear su respectivo bosque de la ciudad, pero aquí en Ensenada las autoridades municipales de extracción panista, priista y ahora morenista, no han gestionado que la zona de El Ciprés, donde se encuentra la guarnición militar y la base aérea número 3, se convierta en un espacio público arbolado con frente de mar, y esta falta de valor y voluntad política se debe al pavor que le tienen al gobierno federal, porque se requiere de la voluntad presidencial para que las fuerzas armadas desalojen ese gigantesco y privilegiado predio, ubicado en el corazón de la mancha urbana de este puerto.
En otras entidades y puertos turísticos del país han cambiado de sede las instalaciones del ejército para que se transformen en sitios recreativos abiertos al público, pero como en nuestra demarcación hay “pocos votantes” desde el centro del país no mueven un dedo, y menos lo harán si aquí nadie encabeza las gestiones.
Mientras tanto, en Tijuana su alcalde Ismael Burgueño Ruiz, anunció un “Bosque de la Ciudad” que se considera sería el quinto más grande del país.
Dicho proyecto contempla una superficie de 171.8 hectáreas, la cual aportará un espacio verde vital para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vecina ciudad.
Este desarrollo incluirá una zona escolar, servicios y centro comercial.
Ni hablar, las grandes obras se hacen donde hay más votos.
¿Y nuestros diputados?
Varios representantes del sector privado de este puerto ya se pronunciaron en contra del cobro federal que se pretende aplicar a los turistas que arriban en cruceros, entre ellos Héctor Contreras Luengas, dirigente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen); Andrés Martínez Bremer, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ensenada; Rafael Chávez Montaño, vicepresidente regional de la Concanaco y Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (Fetraex).
Sin embargo, hasta el momento, el único representante popular que públicamente ha manifestado que solicitará la eliminación de ese impuesto, es el senador Armando Ayala Robles, quien como alcalde gestionó el retorno de varias líneas navieras de pasajeros a Ensenada, pero el resto de los legisladores locales y federales que supuestamente defienden las causas de nuestro municipio se han mantenido en silencio, excepto el diputado federal por el Distrito 07, Armando Fernández Samaniego, quien sin empacho justificó y aplaudió el cobro a los cruceristas extranjeros, sin molestarse en haberlo consultado con los prestadores de servicios turísticos.
Pero los que también están obligados a pronunciarse, son las diputadas federales Claudia Moreno Ramírez y Rocío López Gorosave, y el diputado local Diego Lara Arregui, porque se da por descontado que la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz exigirá a la federación que suspenda tal disposición.
En el pasado se logró desactivar el cobro a los turistas de crucero, y esperemos que ahora suceda lo mismo.
Extinguen transparencia
Hasta el pasado fin de semana, nueve congresos locales habían aprobado el dictamen por el que se extinguen siete organismos autónomos, por lo que sólo faltan seis entidades para que se concrete su desaparición.
Luego que el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma que desaparece, entre otros, al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que presidió en los últimos años el mexicalense Adrián Alcalá Méndez, cuyo desempeño, debe reconocerse, fue intachable.
El Congreso de Tabasco fue el primero en promover el dictamen; posteriormente, la reforma fue avalada por las mayorías de los congresos de Zacatecas, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México, a escasas horas de que les fue turnada.
Junto con el INAI, la reforma desaparece a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
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