LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 29 NOVIEMBRE 2024.- Varios de los legisladores locales y federales que actualmente representan a Baja California y forman parte de Morena y sus aliados, antes militaban en el PAN, el PRI o el PRD, y cuando eran representantes populares por dichos partidos desde esas épocas conocían la difícil situación financiera que prevalecía en el Issstecali, pero no hicieron nada al respecto, pero ahora se envuelven en la bandera guinda para exigir a los burócratas y trabajadores del magisterio que no se alebresten tanto en la defensa de sus conquistas laborales, que además sean respetuosos y entiendan las circunstancias.

Sin embargo, antes de firmar desplegados, personajes como Fernando Castro Trenti, Jorge Ramos Hernández, Juan Manuel Molina García, Eligio Valencia López, incluso la propia alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, deberían recordar que en parte son responsables del colapso del sistema de pensiones, el cual fue anunciado desde 1999 por el entonces gobernador panista Alejandro González Alcocer.

NO REACCIONAN

Mientras las principales líneas de cruceros alzan la voz, aquí en Ensenada -cuyo recinto portuario es uno de los que encabeza la lista nacional en el arribo de buques de pasajeros-, las autoridades municipales, los empresarios y prestadores de servicios turísticos, se mantienen en silencio en torno al cobro que se pretende aplicar a los turistas que ingresan a México por mar.

Resulta que las agencias navieras a nivel mundial solicitaron una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la intención del gobierno federal de revivir el cobro a los cruceristas que visitan México, pues lo consideran una “grave amenaza” para la industria.

El cobro, que en 2025 será de 860 pesos por persona, dejó de ser aplicado en 2012, pero está previsto en la reforma a la Ley Federal de Derechos que aprobó el martes pasado la Cámara de Diputados, donde los representantes por Baja California, es especial los de Ensenada, como Claudia Moreno Ramírez, Armando Fernández Samaniego y Rocío López Gorosave avalaron a ciegas tal disposición.

La Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), que agrupa a 22 líneas, entre ellas Royal Caribbean, Carnival, Disney, Celebrity, Princess y Regent Seven Seas, advirtió en una carta a la presidenta que ese cobro convertirá a México en un destino 213 por ciento más caro que el promedio de países del Caribe.

Afirma que esa reforma es una decisión unilateral que “los tomó completamente por sorpresa”, que no hubo diálogo previo y que genera confusión e incertidumbre para clientes que ya compraron viajes para 2025, y ahora tendrán que pagar 42 dólares adicionales por persona.

“Las consecuencias de esta política podrían ser de largo plazo. Las líneas de cruceros ya están considerando alterar significativamente sus itinerarios, lo que podría reducir los más de 10 millones de pasajeros y las 3 mil 300 escalas de cruceros que se espera visiten México en 2025. Esto disminuiría las enormes aportaciones que el turismo de cruceros realiza anualmente a la economía mexicana”, dice la carta, fechada el pasado martes.

“Adicionalmente, este impuesto propuesto podría poner en peligro las inversiones de la industria de cruceros en el país, incluidos miles de millones de dólares en desarrollos planificados y otros proyectos destinados a ayudar a reconstruir Acapulco, cultivar nuevos destinos turísticos mexicanos, emplear a más marinos mexicanos y proporcionar programas sociales para apoyar a las comunidades desatendidas. Las líneas de cruceros reevaluarán la viabilidad de estas inversiones considerando este aumento de impuestos sin precedentes sobre el turismo de cruceros”, agrega el documento.

Tanto presumió como alcalde el ahora senador Armando Ayala Robles haber logrado que retornaran los cruceros a Ensenada, y hoy, que se supone tienen mayor influencia en el centro del país, simplemente no hicieron nada, tal vez porque el sector empresarial todavía no reacciona.

¿OPERATIVOS?

Sería muy bueno que el dirigente en Baja California del Sindicato de Burócratas, Guillermo Aldrete Casarín, nos precise cuántos trabajadores de base en los ayuntamientos y el gobierno estatal son lo que él destaca como “operativos”, o sea, los que realizan labores como levantar la basura, reparar las calles y dar mantenimiento a los parques, y también nos diga el número de sindicalizados que lleva a cabo tareas de oficina, porque en su discurso afirma que “somos operativos” y que ellos no andan “metidos en una oficina” tomando cafecito, porque si lo que sostiene es verdad, la ciudad debería rechinar de limpia sin las polvaredas que contaminan todo y las calles por donde todos circulamos no tendrían un solo bache.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor