LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
ENSENADA BC 28 NOVIEMBRE 2024.- Debido a que se oponen a la pretendida reforma a la ley del Issstecali, el dirigente estatal de la burocracia sindicalizada, Guillermo Aldrete Casarín, convocó a la realización de un paro laboral a partir de este jueves 28 de noviembre en todos los centros de Gobierno del Estado en la entidad, y para tal efecto el secretario general de dicha agrupación en Ensenada, Juan José Villalobos Millán, hizo lo propio al citar a una “asamblea extraordinaria” a todos los trabajadores de base en este municipio; sin embargo, ayer la conferencia de prensa semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se tuvo que interrumpir de manera abrupta, porque un grupo de burócratas encabezados por el propio Aldrete Casarín irrumpió en el recinto -el Baja California Center de Playas de Rosarito-, y si bien entraron gritando arengas la situación no pasó a mayores, pues no se registraron conatos de violencia, y los que salieron a ponerle el pecho a las balas fueron los secretarios de Hacienda, Educación y del Trabajo, Marco Antonio Moreno Mexia, Luis Gilberto Gallego Cortez y Alejandro Arregui Ibarra, respectivamente.
(FOTO: Marina del Pilar Ávila Olmeda)
Pero antes de que ingresaran al salón donde se efectuaba la conferencia de prensa, Marina del Pilar manifestó sobre los burócratas que “(…) los respetamos mucho, pueden estar seguros que no vamos a afectar sus derechos, que por el contrario, porque no hay ni proyecto de reforma; vamos a atenderlos siempre, porque la finalidad es darles tranquilidad, el diálogo y el consenso es permanente; imagínense, si yo quisiera tengo los votos en el Congreso (local), pero no lo vamos a hacer así, no hay madruguete, que no los engañen, se han dicho muchas cosas que no son reales, por el contrario, venimos trabajando en cómo vamos juntos, a los municipios que paguen… hemos cumplido con todos los pagos y lo seguiremos haciendo de manera puntual, los primeros diez días de diciembre se paga el aguinaldo, y así va a seguir siendo, y aquí vamos a atenderlos, el diálogo es muy importante, soluciones para ellos y sus familias”.
Por su parte, al ser abordado por los reporteros, Aldrete Casarín aceptó que el sistema de pensiones del estado ya colapsó, pero que eso no es culpa de los trabajadores, y reiteró la exigencia de la burocracia de que se realice una auditoría y se castigue a los culpables de que el Issstecali se encuentre en una grave crisis.
FBI MEXICANO
(FOTO: Omar García Harfuch)
Aunque públicamente no lo reconocen, está claro que la política y estrategia de seguridad que implementó la nueva administración federal es muy diferente a lo que se hizo, o mejor dicho, que nunca se hizo en el anterior sexenio que presidió López Obrador, quien le ordenó a las fuerzas armadas no actuar contra la delincuencia organizada y los convirtió en trabajadores de la construcción; pero ahora, con el aval de 19 congresos locales, las Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Omar García Harfuch.
La reforma al artículo 21 constitucional fue aprobada por las legislaturas de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México. Y el proyecto de declaratoria fue firmado en el Senado.
La reforma le da facultades de investigación a la SSPC bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, que para algunos analistas es una especie de “FBI” mexicano.
Establece que a la Secretaría le corresponderá también la conducción del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública y podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.
Además, indica que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública aportados a los estados y a los municipios serán auditados a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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