Fernando Núñez de la Garza Evia
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MONTERREY NL 12 DE NOVIEMBRE  DE 2024.- La gobernadora Marina del Pilar llega a la mitad de su sexenio. Ante la avalancha de noticias y propaganda, resulta difícil evaluar la gestión de la mandataria morenista. Y, sin embargo, hay que preguntarnos: ¿ha estado a la altura, o a quedado a deber, el primero gobierno morenista del estado?

Las mayores preocupaciones de los bajacalifornianos son fundamentalmente tres: inseguridad, corrupción y pobreza, y en ese orden (INEGI – ENCIG 2023). Como lo reveló sin querer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Baja California es el segundo estado con más homicidios dolosos en el país de enero de 2018 a septiembre de 2024, por cada cien mil habitantes. Por otra parte, ha bajado la tasa de actos de corrupción por cada cien mil habitantes: de 2021 a 2023 disminuyó 29% (de 2019 a 2021, durante el gobierno de Jaime Bonilla, aumentó 50%) (INEGI – ENCIG 2023). Y la pobreza multidimensional en el estado también disminuyó, de 22.5% en 2020 a 13.4% en 2022 (Coneval). Es decir, hay mucha inseguridad, menos corrupción y menor pobreza en el actual gobierno.

La gobernadora presume su programa de desayunos escolares, y ha resultado un acierto. Su implementación ha sido casi universal: de los alrededor de 380 mil niños de primaria en el estado (INEGI), parece que poco más de 300 mil tienen acceso a él. La infraestructura ha sido otro de los logros importantes, notándose aún más ante la falta de obra pública durante los muy frívolos gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla. Por otra parte, resulta preocupante que el gobierno del estado haya colocado a dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia claramente afines: Salvador Avelar, cercano al diputado morenista Juan Manuel Molina, y Karina Acosta, esposa del consejero jurídico del estado.

Y, sin embargo, todo lo anterior queda opacado ante la reforma judicial, impulsada por la presidenta de la República y defendida por la gobernadora del estado. Todo quedará también opacado ante la próxima desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos, el Instituto encargado de la transparencia a nivel nacional, reforma que se buscará “homologar” en el estado, en palabras de la gobernadora. Porque ambas reformas van claramente en contra del T-MEC, porque nuestro estado depende mucho del tratado y del mercado estadounidense, y porque una de las razones que numerosos analistas le atribuyen al estancamiento económico nacional es, precisamente, la incertidumbre que han generado las reformas. No resulta raro que la actividad industrial en el estado se haya frenado, que el desempleo haya aumentado, y que exista un cierre importante de empresas formales. Y esto, va comenzando.

Falta construcción institucional en Baja California, y la propuesta es destrucción institucional. Falta también desterrar prácticas funestas de “cargos honoríficos”. Y falta mucha austeridad republicana, ante un video navideño cuyos costos se niegan a publicar, y tres eventos públicos con motivo del informe cuyos gastos, sospecho, tampoco querrán publicar. Todo, pagado por los contribuyentes bajacalifornianos. Usted decida.

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