LA REFORMA AL PODER JUDICIAL Y LA LUCHA CONTRA LA JURISTOCRACIA Y EL FALSO DILEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por Julio Octavio Rodríguez Villarreal

TIJUANA BC 24 DE OCTUBRE DE 2024.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está a punto de culminar un proceso que busca la nueva independencia de México, una independencia del neoliberalismo que obliga a algunas instituciones y leyes estar al servicio de las elites económicas tanto nacionales y extranjeras.

El Poder Judicial a través de los juicios de amparo y juicios de revisión y un falso dilema de conservación del Estado de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos ha suplantado la voluntad popular y la política misma.

Recuerdo que desde 1982 hasta 2018, México se convirtió en una neocolonia dominada por intereses extranjeros a través del neoliberalismo, y las nuevas instituciones y leyes que se crearon en ese lapso. De ese sistema neoliberal aún existen algunas leyes e instituciones, pero sobre todo domina una interpretación falaz del Estado de Derecho por el Poder judicial, último bastión de poder de  conservadores y neoliberales.

El Poder Judicial instauró con sutileza la juristocracia pospolítica como forma de gobierno supra democrática, para contener a ciudadanos y organizaciones progresistas y en esta última etapa como dique a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo este dique empezó a fracturarse a partir del pasado resultado electoral y el triunfo masivo de la Cuarta Transformación.

El concepto de juristocracia pospolítica, refiere al control que el Poder Judicial ejerce sobre las decisiones políticas que surgen de los acuerdos y deliberaciones de las mayorías de la población a través de los parlamentos electos con el voto popular, lo cual les otorga legitimidad, en tanto que los jueces y magistrados al no ser electos por el pueblo, de facto están exentos de rendir cuentas de su desempeño al no someterse al escrutinio del voto popular (Ran Hirschl).

La disputa política entre la 4T y el Poder Judicial es muy clara, mientras la presidenta Claudia Sheimbaum busca que la soberanía popular ponga y determine los límites a las elites económicas y que el gobierno le reditué en bienestar de quienes no tengan el poder del dinero; los conservadores y neoliberales plantean que la libertad económica debe ser igual a las otras libertades personales, como la libertad personal religiosa, libertad personal política, libertad personal de expresión o la libertad personal de elegir lo que uno quiera o pueda al tiempo que el Gobierno establece y garantiza condiciones para el disfrute de las libertades de ellos sin límites (Susan George).

En este escenario, los tribunales se han convertido en árbitros de la política, impidiendo que las mayorías democráticas tomen decisiones de justicia social y bien común que afecten a la voracidad de las élites.

Esto es así porque el actual Poder Judicial en el 2014 reconoció en su interpretación del Articulo 1 de la Constitución que los derechos humanos que deben ser garantizados para todas las Personas (personas físicas) también lo serán para las Personas Morales.

El otorgamiento de derechos humanos a las personas morales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la madre de la Juristocracia Pospolitca y el desplazamiento de la Democracia. 

Esto se ha dado por medio de varias decisiones judiciales que han extendido ciertos derechos humanos originalmente diseñados para las personas físicas a las personas morales (como empresas, corporaciones y otras entidades). Uno de los elementos más claros en este proceso ha sido la forma en que las grandes empresas han logrado obtener protección jurídica al reclamar derechos como el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, y el acceso a la justicia en tribunales.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora bien, en relación con las personas morales la Corte les reconoce derechos humanos y les llama Derechos Fundamentales, pero solo en la medida en que estos derechos sean compatibles con su naturaleza. Esto implica que las personas morales pueden ser titulares de derechos humanos cuando estos están relacionados con los fines para los cuales fueron constituidas. Por ejemplo, un derecho humano fundamental como el derecho a la libertad de expresión puede ser reclamado por una persona moral (como un medio de comunicación), pero otros derechos más relacionados con la dignidad humana, como la libertad de culto o el derecho a la vida, no son aplicables a las personas morales, ya que son inherentes a las personas físicas (Jean Claude Tron, Fernando Ojeda Maldonado).

Con esta interpretación se da via libre a la Juristocracia Pospolítica que  socava la capacidad de transformación social de la democracia, se detiene el progreso de las mayorías y la justicia social, y se permite que las grandes corporaciones (personas morales) y las élites económicas utilicen el sistema judicial para proteger sus intereses y que el Estado, o gobierno, se limite a garantizar su cuidado personal y de sus bienes (Daniel Innerarity).

El supuesto Estado de derecho, que se presenta como una herramienta para garantizar la justicia y la legalidad, en realidad ha servido como instrumento de explotación. Las grandes corporaciones extranjeras han utilizado el sistema judicial mexicano para explotar impunemente los recursos naturales de México y mantener a la clase trabajadora en condiciones de neoesclavitud.

El discurso del Estado de Derecho se ha convertido en una retórica vacía, usada por las élites para preservar el statu quo y evitar cualquier transformación que favorezca a las mayorías. Esta explotación es especialmente evidente en la forma en que los tribunales protegen los derechos de las personas morales, por encima de el bien común y la justicia social.

Vivimos en un contexto global de incertidumbre y complejidad que afecta de manera directa a México. Los conflictos internacionales, desde las tensiones en el BRICS vs FMI, BM por la desdolarización hasta la guerra entre la OTAN y Rusia, impactan en nuestras relaciones económicas y políticas. A nivel nacional, la persistente desigualdad, la corrupción y los problemas estructurales requieren no solo conocimiento técnico, sino una gestión política reflexiva. La presidenta Sheinbaum tiene el reto de combinar ese conocimiento técnico con la participación ciudadana, asegurando que las decisiones sean democráticas y legítimas. Es aquí la gran ventaja de la forma de pensar de la presidenta, formada en la ciencia y el humanismo mexicano.

El Poder Judicial, que en teoría debería garantizar los derechos del pueblo, ha servido como instrumento de las élites para bloquear las reformas progresistas que buscan asegurar justicia social y equidad. Las decisiones del Poder Legislativo, elegidas por la ciudadanía, son revertidas o detenidas por el Poder Judicial bajo el pretexto de proteger la "constitucionalidad" o los "derechos humanos", aunque en realidad se trata de defender intereses corporativos.

En este escenario, los conservadores y neoconservadores en México no se presentan abiertamente como opositores a la transformación. Utilizan el sistema judicial para mantener su poder e influencia, bloqueando reformas que intentan romper con el statu quo de desigualdad y marginación. Estas élites, que gobernaron durante seis sexenios consecutivos, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, han priorizado los intereses extranjeros sobre los del pueblo mexicano, volviendo de facto a nuestra Nación en una neocolonia.

La Cuarta Transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado un proyecto alternativo de nación que busca democratizar el poder y devolver a México su soberanía. Sin embargo, este proyecto ahora llamado el Segundo Piso como metáfora al Segundo Piso del Periferico que se construyó bajo el mando de Sheimbaum como Secretaria del Medio Ambiente siendo AMLO el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha enfrentado la resistencia del Poder Judicial, que, ha actuado para frenar los cambios sociales necesarios.

Los neoliberales, ahora preocupados por los “derechos humanos”, argumentan que la reforma judicial pondría en riesgo el Estado de derecho, cuando en realidad lo que defienden son los intereses de las élites. 

Quieren que las clases trabajadoras sigan siendo ignoradas, y las corporaciones mantengan su poder de influencia sobre el sistema político y judicial.

Esta reforma enfrenta resistencia porque amenaza los intereses de aquellos que se han beneficiado del sistema judicial durante décadas, utilizando la posverdad, la manipulación mediática y judicial se ha convertido en una herramienta de las élites para manipular la realidad y proteger sus intereses (Fernando Buen Abad).

Aunque la reforma es un gran avance, aún queda trabajo por hacer. Uno de los puntos que debería haberse incluido es la implementación de juicios con jurados, permitiendo que personas comunes decidan sobre la culpabilidad o inocencia en casos importantes. Esto permitiría una mayor socialización del poder y garantizaría que la justicia verdaderamente transparente.

No obstante, la Reforma al Poder Judicial es una oportunidad histórica para transformar México en una nación más justa, soberana, independiente, humana y generosa.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor