Transiciones
Por: Alfonso Andrés Cortez Lara
Una referencia significativa para lo que hoy abordaré y que desde luego puede ampliarse como concepto fundamental a escala nacional, es la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, reformada el 27 de octubre de 2022, durante el período como Jefa de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. En ella se establece que “la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno”.
En este sentido, la participación ciudadana, expresada en una estructura de Contraloría Ciudadana Autónoma, representa una vía para atender la asignatura pendiente relativa al impulso de nuevos marcos normativos e institucionales que sustituyan a los obsoletos esquemas establecidos a principios de los años noventa, de tal manera que se garantice en la práctica, el Derecho Humano al Agua y que a su vez permitan llevar a cabo una gestión sostenible, justa, equitativa y transparente del recurso.
En este tenor, en marzo pasado tuvo lugar en Tlalmanalco, Estado de México, una reunión con diversos colectivos sociales de todo el país conformados en Contralorías Ciudadanas, mismas que en conjunto, constituyeron el Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Esta instancia aglutina a colectivos de mujeres, jóvenes, personas de la tercera y cuarta edad, investigadores, agricultores, grupos originarios, comerciantes, jubilados, estudiantes universitarios y gobiernos municipales y estatales aliados, lo cual muestra la implementación de una gobernanza efectiva con participación horizontal que se fijó como meta principal construir un buen gobierno del agua a través de la revisión de aspectos tales como la administración del agua, técnicos, agua potable, drenaje y saneamiento, infraestructura hidroagrícola, jurídicos, administración operativa, organismos de cuenca, aguas transfronterizas, etc.
En nuestra región, durante noviembre de 2020, a partir del tema Constellation Brands, se conformó la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California (CCABC) misma que se integra por diversos colectivos sociales, individuos y académicos defensores del agua. Entre sus objetivos se mencionan los de promover y lograr una permanente participación ciudadana con capacidad de incidir en las decisiones críticas en materia hídrica, así como vigilar y acompañar los procesos de diseño de política pública y acciones en materia de agua en Baja California. Hoy en día su agenda va mas allá del tema detonador mencionado, y trabaja con participación activa en problemáticas de agua potable, saneamiento y municipalización, distrito de riego, aguas transfronterizas y procuración de un medio ambiente sano, entre otros.
En el seno del Grupo Promotor de Contraloría Nacional, la CCABC coordina los temas de aguas transfronterizas. Por esta razón, entre sus múltiples actividades, se encuentran las de promoción de contralorías en la región norte de México. De esta manera, a principios de año la CCABC impulsó la conformación de la Contraloría Ciudadana del Agua de la Asención, Chihuahua donde su problema detonador es la sobreexplotación por deficiente regulación y aplicación de la Ley, con ello, el consecuente abatimiento de aguas subterráneas transfronterizas que provocan de manera sistemática las comunidades Menonitas, afectando directamente la vida y la actividad productiva agrícola de las comunidades locales.
Así mismo, la semana pasada se llevó a cabo en El Colef, instancia académica caracterizada por su alto grado de incidencia social, otra actividad de promoción de contraloría ciudadana del agua en Monterrey, Nuevo León, misma que coordinamos para efecto de establecer interacción entre la CCABC y grupos ciudadanos (Un Río en el Río) defensores del agua enfocados a la protección y restauración del río Santa Catarina.
Se destaca aquí que la figura de Contraloría Ciudadana permite el abordaje participativo de diversas problemáticas del agua en diferentes regiones del país. De esta manera, todas las contralorías robustecen al grupo promotor nacional y éste a su vez a todas las regiones que buscan, al final de cuentas, alcanzar la seguridad del agua en términos de acceso en cantidad, calidad, oportunidad y costo asequible para la población y los sectores productivos de México.
Profesor-investigador en el Depto. de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, El Colef-Sede Mexicali. [email protected]
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor