LA BUFADORA
Por. - El Mosquito

ENSENADA BC 7 DE AGOSTO DE 2024.-  La Legislatura estatal entrante aumentó las comisiones para que cada diputado local fungiera como “presidente” o “presidenta” de alguna de ellas, pero redujeron las sesiones ordinarias a sólo dos por mes, que comenzarían a las 12:00 horas, cuando hace 20 años los legisladores sesionaban dos veces a la semana e iniciaban a las 07:00 horas; así que en ese aspecto vamos para atrás.

Y por su fuera poco, los representantes populares de los distritos locales de Baja California podrán participar en las sesiones de manera presencial o virtual, a pesar de que la pandemia del Covid-19 terminó hace más de dos años.

Tantas comodidades contradice su discurso de campaña, porque a los ciudadanos les prometieron que serían diputados 247/7, o sea, que se dedicarían en cuerpo y alma a su función legislativa, pero resulta que de agosto a diciembre de este año apenas celebrarán 9 sesiones ordinarias, y aunque digan que pueden reunirse de manera “extraordinaria”, la realidad es que su calendario de trabajo es extremadamente cómodo, tal vez porque su mayor interés es dedicarse a la grilla partidista y asegurar otro “hueso” para el 2027, porque para ese entonces ya no habrá posibilidad de que se reelijan.

Por ende, al menos los diputados que representan el municipio de Ensenada, como Diego Lara Arregui, Fidel Mogollón y Dunnia Montserrat Murillo, nos deben una explicación, porque de entrada la carga de “trabajo” que supuestamente tendrán no justifica su jugoso salario.

FRENTE POR INAI

Con la participación de la sociedad civil, la academia y de instancias internacionales se puede dar un debate técnico y bien informado para defender la existencia del INAI y los institutos estatales.

El comisionado presidente del INAI, el bajacaliforniano Adrián Alcalá, dijo que en el instituto están abiertos al diálogo y han realizado un análisis para mejorar y ser más eficientes.

"Llevamos meses platicando y diseñando escenarios sobre cómo podríamos mejorar la efectividad de nuestro instituto con más transparencia, más austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos", indicó.

Por su parte, Magda Lozano Ocman, coordinadora nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y presidenta del instituto de transparencia de Quintana Roo planteó un plan de acción para participar en el debate de la reforma.

“Propongo algunas de las siguientes acciones: diálogo abierto, impulsar el diálogo con las autoridades entrantes buscando puntos de convergencia para fortalecer nuestros derechos. Opinión técnica internacional, solicitar a organismos internacionales opinión técnica sobre la propuesta de reforma.

“Trabajar con la sociedad civil organizada, quienes han sido actores clave en la reforma constitucional y estarían en desacuerdo con este retroceso. También, apoyo académico, involucrar a la academia especializada como la UNAM y el Colmex para que emitan sus opiniones y análisis sobre esta situación”, indicó.

Lozano Ocman advirtió que desaparecer los órganos garantes va en contra del derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución.

JUZGADOS POPULARES

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propondrá la figura de “juzgados populares” para que el ciudadano incida en la sentencia de “ciertos delitos”.

De cara a la discusión de la reforma al Poder Judicial -agendada para el próximo miércoles 15 de agosto-, los panistas exigirán a la bancada de Morena que la propuesta sea incorporada como voto particular en el dictamen que eventualmente sea aprobados.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez adelantó el rechazo del grupo opositor a la elección popular de jueces y ministros contenida en la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Téllez informó que el blanquiazul sugerirá en la propuesta la creación de juzgados populares en los que “(…) la participación activa del ciudadano va a ser completamente activa al momento de juzgar y de participar en la sentencia de culpables en ciertos delitos”.

En relación con el polémico punto asociado a la elección por voto popular de jueces, el diputado panista consideró que la selección tendría que ser a través de un comité independiente en el que tengan que participar los Poderes de la Unión y organizaciones que se dediquen al ámbito de procuración de justicia, como las barras de abogados, los colegios y también las universidades públicas.

No obstante, seis de los 18 dictámenes de la reforma judicial ya han sido aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El viernes próximo se desahogarán otros tres.

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