LA BUFADORA
Por. - El Mosquito

ENSENADA BC 25 DE JULIO DE 2024.-Ayer, durante la conferencia de prensa semanal que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y que en esta ocasión se llevó a cabo en Ensenada, la directora de DIF Estatal, Luz María Ríos Alvarado, reconoció que en la última inspección realizada en abril pasado al albergue infantil ubicado en El Sauzal, donde un niño de seis años perdió la vida accidentalmente al caer en una fosa, confirmaron que se trataba de una estancia en la que los menores se encontraban contentos y bien atendidos, pero que luego de la tragedia se llevaron al resto de los pequeños a otras estancias, a quienes la funcionaria mencionó como “nuestros niños”.

Sin embargo, la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, informó que la muerte del niño se investiga como homicidio y que no quedará impune, al presumirse omisión de cuidados; pero lo que no se ha dicho de este lamentable hecho, es que ese albergue tiene 50 años de operación sin que se registrara un incidente grave, hasta el ocurrido hace unos días, cuyo sostenimiento es posible gracias a las aportaciones y donaciones de agrupaciones cristianas de Estados Unidos, porque reciben raquíticos apoyos de los tres órdenes de gobierno.

Así que esta es la realidad de dicho albergue y de muchas otras casas-hogar de la entidad, donde las autoridades canalizan a todos los niños en condiciones vulnerables, pero sin brindarle el apoyo que requieren, por tanto, la responsabilidad es compartida… ¿o no?
Tampoco refirió la fiscal -tal vez para “no entorpecer las investigaciones” y por la secrecía que requiere el caso, como tradicionalmente responde a la mayoría de los cuestionamientos-, que el infante que falleció tenía condiciones especiales, era muy retraído y que constantemente se escondía; entonces, juzgar y anticipar condenas es muy fácil sin entender el contexto. ¿Cuántas personas -incluyendo funcionarios públicos- están dispuestas a colaborar en los albergues?

Entonces, lo que necesitan estos recintos es mayor apoyo gubernamental, ante la inexistencia de instituciones públicas que lo hagan.

Buscan partido

El Frente Cívico Nacional (FCN) convocó a la sociedad a que aporte opiniones para dar forma al partido que esa agrupación pretende formar el próximo año.

De acuerdo con los promotores de la agrupación, de formarse, en el nuevo instituto político no asomarían las “malas costumbres” propias de los partidos.

“No queremos las malas costumbres que hemos visto en los partidos: el muy conocido el negocio del ‘partido negocio’, del partido familiar, el del Partido Verde, el Partido del Trabajo del señor (Alberto) Anaya. Pensaríamos que Movimiento Ciudadano se parece mucho a eso de la familia de Dante (Delgado)”, señaló el analista Macario Schettino.

“Creo que el PRI quiere ser del señor ‘Alito’ y esa es una mala costumbre en los partidos. Pero otras malas costumbres asoman cuando un grupo controla las elecciones internas y no deja pasar a nadie. Y ese es un problema que tiene Acción Nacional, pero también hay un problema tradicional en los partidos: es muy difícil el recambio en los cambios de liderazgo. 

Eso le pasó a un partido hoy extinto que se llamaba Partido de la Revolución Democrática”, ilustró.

Los organizadores explicaron que la convocatoria “no está cerrada a nadie, pero sí queremos privilegiar que sean los ciudadanos los que participen y nos digan cómo queremos organizarnos y cómo queremos que sea la estructura interna de una organización que evite las malas costumbres de muchos partidos y que han deteriorado su posición frente a la ciudadanía. Nos reservamos el derecho de admisión”.

Guadalupe Acosta Naranjo, una de las caras más visibles del Frente, dijo a sus compañeros que estaría dispuesto a encabezar la nueva formación, siempre y cuando quede establecido que el dirigente no podría aspirar a ningún cargo de representación popular.

Entre los impulsores del nuevo partido figuran, entre otros, Leonardo Valdés, ex presidente del IFE; el senador Emilio Álvarez Icaza, el activista chiapaneco Amado Avendaño y la ex candidata presidencial Cecilia Soto.

En 90 días

Morena estima que en 90 días podrá empujar la aprobación del “Plan C”, concebido por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 5 de febrero pasado.

El primer obstáculo que podría asomar para alcanzar ese objetivo es que los que dictámenes de las 20 reformas no fuesen aprobados antes de que concluya esta legislatura, el 30 de agosto próximo.

Si Morena no pudiese impulsar la aprobación de los dictámenes, el proyecto del “Plan C” -incluida la polémica reforma judicial- resentiría una inevitable demora, puesto que a partir de septiembre, con la instalación de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, el procedimiento tendría que empezar “de cero”.

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