El pasado 1 de enero fueron relevados de sus cargos el Gral. Alfonso Duarte Mújica, al frente de la II Región Militar (Baja California, Baja California Sur y Sonora) y el Gral. Gilberto Landeros Briseño, Comandante de la II Zona Militar con sede en Tijuana. Es lógico que la estrategia castrense central prevé no mantener mucho tiempo a los mandos militares en una sola plaza para evitar su contaminación.

Este cambio no tendría nada de particular si no fuera porque el propio gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, pidió a Enrique Peña Nieto que mantuviera al Gral. Alfonso Duarte en el cargo, bajo el supuesto de que Baja California es el ejemplo “exitoso” de la estrategia de Felipe Calderón para el combate a la delincuencia.

Pero aquí es donde nos salta la duda: Si todo iba muy bien, si los militares recién retirados de la región noroeste estaban haciendo muy bien su trabajo y tenían el aval del gobernador (panista), de los presidentes municipales de la entidad (todos priístas), de los empresarios y de importantes medios de comunicación regionales (el Semanario Zeta nombró “Personajes del Año” 2009 al Gral. Alfonso Duarte y al Tte. Cor. Julián Leyzaola, entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana; el influyente Grupo 21 de Tijuana nombró en julio de 2012 al Gral. Duarte Mújica como “Personaje del Año”), ¿por qué removerlos entonces?

¿Qué motivó al mando central realizar esos cambios? ¿Esto es una señal de debilidad del gobernador Osuna Millán y el inicio del fin de la era panista en la entidad? ¿La administración de Peña Nieto tiene informes de que no hubo tal “éxito” en la estrategia militar de Seguridad Pública en BC? Para nadie es un secreto que el tráfico de drogas continúa fluyendo alegremente, que la plaza sigue dando grandes dividendos al crimen organizado y que los delitos relacionados con el narcomenudeo han crecido exponencialmente en el estado, registrándose a diario crímenes en Tijuana y Mexicali.

El Mando Único
Osuna Millán manifestó una y otra vez que el Mando Policial en Baja California era el Gral. Duarte Mújica, y que espera ahora que el nuevo titular de la II Región Militar, el Gral. Gilberto Hernández Andreu, continúe con esas funciones.

Lo curioso es que el Congreso de la Unión no desahogó siquiera en comisiones la iniciativa de reforma de Felipe Calderón y de la Conago en la que pretendían imponer el Mando Único Policial en el país. No hay tal aprobación, pues. Cualquier imposición de Mando Único a los ayuntamientos, sea civil o militar, sería anticonstitucional. Por lo que habría que preguntar al Mandatario estatal en qué base legal apoya esa práctica.

Lamentable papel de la PDH

El Procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, elegido por la XX Legislatura de Baja California para el cargo, suscribió un Convenio con el Gral. Alfonso Duarte Mújica para que la PDH capacite y colabore con las fuerzas armadas en la entidad. Por ello, se presentan en los retenes militares y sus visitadores acompañan los operativos militares, “para que no se violen los derechos humanos”.

A finales de diciembre pasado, un grupo de militares, acompañados por una visitadora de la PDH en Ensenada, entrevistó en el poblado de Maneadero a testigos del caso Ramón Durán, octagenario que junto con su hija, yerno y nieto de 12 años sufrió en 2011 violento allanamiento, cateo domiciliar, robo y tortura por militares, muriendo durante el proceso el Sr. Durán por falta de atención médica en el Cereso de Tijuana.

Lo destacable es que el 29 de noviembre, la CNDH emitió la Recomendación 72/2012 dirigida al gobernador José Guadalupe Osuna Millán y al entonces titular de la Sedena, Gral. Guillermo Galván, sobre los hechos en que fue torturada la familia Durán y en que perdió la vida don Ramón. Finalmente, la familia fue absuelta en primera y segunda instancia por el Poder Judicial. Eso si, la denuncia penal de la familia por los agravios sufridos, se desahoga en la justicia militar, turnada por la PGR.

Pero ahora, acompañados por la PDH, los militares pedían información acerca de si dicha familia “hacía fiestas con banda”, si “traían autos del año”, si “aventaban bala”, si “había joyas en la casa” y otras preguntas. La duda es: ¿De qué lado está entonces la PDH? ¿El ombudsman de BC conoce sus atribuciones y mandato Constitucional en favor de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, no de los victimarios?

No existe en los medios (salvo honrosas excepciones), en los gremios de abogados, los partidos de oposición y la cúpula empresarial, una voz crítica que equilibre y que señale con valor los abusos de la autoridad civil y militar en Baja California: incontables allanamientos, cateos ilegales y robos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecutados, algunos de ellos documentados y denunciados por la CCDH.

La excesiva adulación a la cúpula castrense hecha por el gobernador, los alcaldes, los empresarios y algunos medios de comunicación, que no encuentran más interlocutores de la sociedad civil que los dirigentes empresariales, es un insulto para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, y es contrario a la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Como si nada hubiera pasado, como si Baja California no ocupara el segundo lugar nacional respecto al delito de tortura cometida por autoridades militares.

México es observado hoy con suma preocupación en el escenario mundial, por lo que ya no estamos para tolerar más violaciones a los derechos humanos, y más impunidad. No podemos seguir sacrificando libertades en aras de un poco de seguridad. Las cosas han cambiado y el país cuenta ya con herramientas jurídicas sólidas para castigar no sólo a los delincuentes, sino también a las autoridades violadoras de los derechos humanos. Todo es cosa de voluntad política.