Palco de Prensa
 
Como tal parece que hubo quienes no entendieron el alcance y repercusiones de la “ideota” de crear el llamado Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Baja California, mediante Decreto publicado el pasado 30 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, y que entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012, vale la pena explicarlo en forma más sencilla.

En base a dicho Decreto, a partir del 1 de diciembre del 2012, el citado organismo es el único responsable de la operación del Servicio Médico Forense en la entidad, o sea el encargado de dictaminar la muerte de personas, a fin de determinar si murieron por causas naturales o derivada de hechos delictivos.

Así mismo, el facultado, mediante Médicos Legistas, de determinar posibles responsabilidades médicas en casos de homicidios o lesiones, riñas o bien lesiones de cónyuges en conflictos matrimoniales, entre otras cosas.

El Semefo, hasta antes del 1 de diciembre, estaba a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto que la Procuraduría General de Justcia del Estado, también emitía dictámenes diversos, a través de su área de servicios periciales. Pero ya no, por una “ideota” del diputado panista Ricardo Magaña, tales tareas ahora corresponden al flamante Instituto de Ciencias Forenses.

“Ideota” ésta avalada y certificada por los legisladores que la aprobaron, así como por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, que la promulgaron. Por algo dicen que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.

El caso es que dicho Instituto, es un simple membrete. Existe legalmente, pero no cuenta con recursos para operar o funcionar. Ni siquiera Médicos Legistas, que es la labor fundamental del Semefo. Pero, aunque los tuviera, no puede funcionar, porque no se ha promulgado el reglamento interno, necesario para su operación.

Esto significa, que en caso de que se registre un homicidio, el dictamen que realicen los médicos que laboraban en Semefo, bajo las órdenes del Poder Judicial, ya no tiene valor legal, porque los únicos facultados parea ello son los peritos del Instituto de Ciencias Forenses, que debido a lo reciente de su creación, no cuenta, ni con uno sólo.

Por lo tanto, el presunto homicida debe ser puesto en libertad, pues se deberá considerar como un caso de muerte natural. A la mejor con múltiples hoyos de los plomazos recibidos, pero al no ser dictaminados legalmente como causales del fallecimiento, no bastan para procesar penalmente al supuesto agresor.

El objeto primordial del Instituto, es la elaboración y emisión de dictámenes periciales, así como regular el servicio de carrera pericial, y tiene entre sus facultades el evaluar y certificar peritos, así como validar de oficio los dictámenes periciales realizados por sus autoridades administrativas, o incluso habilitarlos cuando no cuente con especialistas en una determinada disciplina, ciencia, arte u oficio.

Sin embargo, no puede hacer gran cosa, porque carece de reglamento interno, “en el que se establezcan las bases de organización, estructura, atribuciones que habrán de desarrollar las unidades administrativas, así como las facultades y obligaciones que correspondan al Director”, según se observa en la Fracción IX del artículo 12 de la Ley que lo crea.

La Ley no señala que los peritos designados o autorizados por el Poder Judicial del Estado, en especial los Médicos Legistas, automáticamente ingresan con ese carácter al Instituto. Es más, ni siquiera reconoce como tales a los peritos privados, autorizados por el Tribunal Superior de Justicia, como auxiliares en procedimientos penales, civiles, mercantiles o de índole familiar, cuya autorización se revalida anualmente, y cuya validez está en duda.

Además, contempla la creación del Servicio de Carrera Pericial, no considerado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en ninguna otra Ley, y para su ingreso prevee requisitos, procedimiento  de selección, formación y certificación inicial, así como registro, lo que habrá de precisarse en el reglamento, que aún no existe.

Así mismo, entre otras cosas, los aspirantes a peritos, deben aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las disposiciones aplicables. Trámites estos obviamente engorrosos y de imposible realización automática.

Tan fácil que se hubiese dicho, en los artículos transitorios, que durante el primer año posterior a la creación del Instituto, tendrían el carácter de peritos, tanto públicos como privados, entre ellos los Médicos Legistas, los autorizados o designados por el Tribunal Superior de Justicia o por la Procuraduría de Justicia.

Parece una broma o un simple juego de palabras, pero no es así. Se trata de algo sumamente serio. Así que, en estos momentos, el Semefo es como un auto nuevo, pero sin gasolina. Por lo tanto, gracias a esta “ideota”, se debe colocar un aviso en las puertas de Semefo, con la leyenda siguiente : “Cerrado hasta nuevo aviso”.

Algo también delicado, es que al depender del Tribunal Superior de Justicia, el Semefo era una institución propiamente técnica. Ahora depende de la Secretaria General del Gobierno del Estado, de la Oficialía Mayor y de la Contraloría General. En concreto, depende del Gobernador del estado, lo que lo convierte en un ente político.

A propósito de las “ideotas”, parafraseando a Armando Hoyos, uno de los personajes de Eugenio Derbez, surge el cuestionamiento : ¿ Y a los autores de “ideotas”, como ésta del Instituto de Ciencias Forenses, se les llamará “ideotólogos”?  

Lo irónico o extraño de esto, es que tantos colegios de abogados que existen y ninguno ha dicho nada al respecto. Tal parece que lo suyo, es simplemente “grillar” y tomar café.
    
[email protected]