EDITORIAL:  REFLEXION DEL DIA
Por:  Lic. Esteban Capella Ibarra

TIJUANA BC 30 DE MARZO DE 2022.- En la reciente charla ciudadana sostenida el día de ayer a través de mi página de Facebook: Esteban Capella Ibarra platiqué con el Licenciado Carlos Atilano Peña, abogado litigante y activista ciudadano de muchos años, acerca de la función e importancia de la institución dependiente del Gobierno del Estado denominada Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

De acuerdo al artículo segundo de la Ley en la materia el Registro Público de la Propiedad y de Comercio es la institución responsable de realizar la actividad registral en el Estado, que tiene como función dar publicidad a los actos jurídicos que así lo requieran, para que surtan eficacia ante terceros en los términos de ley, haciendo constar de manera veraz y exacta aquellos que se inscriban, asienten o anoten en sus archivos, por lo que podrán ser materia de registro los actos, convenios y contratos relacionados con derechos reales o personales, en cuanto a su constitución, transmisión, modificación, afectación y extinción, así como la constitución de personas morales, y todos aquellos que deban inscribirse en materia de comercio.

En palabras más sencillas y en relación a lo que hoy justifica esta columna “El registro público es la institución que concentra todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad que se da entre personas físicas y/o morales estableciendo una base de datos que nos permite a todos los ciudadanos consultar quien o quienes tienen derechos reales sobre determinados bienes inmuebles”

Para nadie es sorpresa que en nuestro Estado y principalmente en nuestra ciudad (porque aquí habitamos) existen incontables o innumerables conflictos relacionados con la tenencia de la tierra o falta de regularización de predios y todo tipo de bienes inmuebles. Ante dicha situación que se concentra principalmente en sectores populares, la solución jurídica que se le propone a quienes viven en la incertidumbre por no poder regularizar su propiedad es la herramienta que la Ley prevé denominada “Prescripción” la cual no es nada más que un proceso jurisdiccional en el cual se le solicita a un Juez después de cumplir con ciertos requisitos DETERMINE a favor del promovente el Derecho Real sobre esa propiedad enderezando así la problemática que durante años vivió el poseedor del predio, casa o inmueble de que se trate.

No obstante, lo anterior y de acuerdo a lo señalado por el Lic. Carlos Atilano el Registro Público prácticamente OBSTACULIZA aún más la posibilidad de que personas logren REGULARIZAR sus bienes inmuebles en BAJA CALIFORNIA estableciendo un requisito prácticamente imposible de cumplir exigiendo un pago de ISR consistente en un 20% del importe determinado del avalúo del bien inmueble que se pretende inscribir derivado de una sentencia. Esto significa que además de los costos de juicio, avalúos, certificados fiscales y otros gastos el CIUDADANO tendrá que cubrir dicho monto.

¿De dónde una familia humilde que cuenta con un inmueble de un millón de pesos que con años de esfuerzo adquirió conseguirá más de 250 mil pesos para regularizarla?

Con estas medidas lo úrico que lograremos es que más familias bajacalifornianas se mantengan en la incertidumbre jurídica en su patrimonio. 

*El autor es Licenciado en Derecho y Activista Ciudadano. 
email: [email protected]

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.