POLITEIA
Columnista: Javier Iván Maldonado Preciado
TIJUANA BC 25 DE JULIO DE 2021.- Redacto esta columna con un vaso de agua potable en mi escritorio, siendo 24 de julio de 2021, fecha en la que todavía resulta sencillo y monetariamente barato acceder al vital líquido.
Sin intenciones proféticas, sostengo que los futuros conflictos mundiales tendrán que ver con la explotación de este recurso natural único, aunque existen diversos analistas especializados en la materia, quienes sostienen que “la guerra del agua” comenzó hace ya mucho tiempo.
Claro está que esta “guerra” no se libra a punta de cañones o misiles de última tecnología, sino que es comercial, o en otras palabras, es producto del sistema capitalista que ha sobreexplotado los recursos naturales a lo largo y ancho del mundo.
La guerra comercial del agua quizá no sea notada a simple vista, pero tiene repercusión en nuestras vidas diarias.
En este negocio que involucra el recurso fundamental para la existencia de la vida, se encuentran miles de empresas embotelladoras y purificadoras, muchas de las cuales operan al margen de la ley, sin cumplir las regulaciones sanitarias de nuestra legislación.
El tema no genera la atención necesaria, a pocos les interesa, pues todavía vemos abundante agua potable a nuestro alrededor, por lo tanto, no existe gran conciencia sobre la situación en la que nos encontramos actualmente, y mucho menos hacia la que transitamos.
Antes de continuar, conviene disertar un poco sobre la fragilidad de nuestro régimen jurídico del agua:
El artículo 27 de nuestra constitución deja claro que la propiedad del agua dentro de nuestro territorio nacional corresponde originariamente a la nación, aunque también señala que dicho dominio puede transferirse a particulares, constituyendo de esa manera la propiedad privada, de conformidad con lo estipulado en el párrafo quinto del mismo apartado.
Lo anterior abre la posibilidad de que dicho recurso pueda ser explotado o aprovechado, a través de concesiones, aunado, el párrafo quinto del artículo 27 enuncia las aguas superficiales sobre las cuales tiene propiedad la nación, por lo tanto, las que no se encuentran reconocidas en dicha enumeración pueden tener carácter privado, es decir, que –por citar un ejemplo- pueden pertenecer al dueño de algún predio.
Hasta el momento solamente hemos hablado sobre las aguas continentales superficiales, pero ¿qué con las aguas subterráneas, las cuales constituyen la mayor reserva de agua potable en zonas habitadas por los seres humanos?
El multicitado párrafo dice a la letra que: “las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional”.
En realidad acabamos de describir más enunciados confusos, ya que lo anterior constituye un problema grave, un hueco en nuestra legislación, el cual no deja claro hasta dónde puede ser explotada el agua del subsuelo, pues bien un particular podría explotar los recursos subterráneos dentro de su predio, sin embargo ¿tiene derecho a explotar todo el acuífero? Claro que no, pero con este ejemplo pretendo señalar la importancia del Estado, frente a los principios básicos e inmorales del capitalismo y libre mercado.
Agotados los ejemplos, profundicemos en cuanto a legislación y gobierno. El artículo 115 constitucional establece que son los municipios los responsables de prestar el servicio del agua, sin embargo, como mencioné en mi última columna, los gobiernos municipales apenas si administran el 5% del presupuesto nacional.
Con ese 5% deben hacer frente a cientos de tareas, pues en los municipios recaen la mayoría de solicitudes ciudadanas.
Nuestra legislación federal establece en el mencionado artículo (115), inciso tercero, que los municipios tendrán a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en otras palabras, es un mandato constitucional.
Lo anterior se llevó a cabo con propósitos descentralizadores, además, no es descabellado pensar que para los ciudadanos es conveniente que un servicio de esta índole lo administren los órganos de gobierno más cercanos a la gente.
Sin embargo, de acuerdo con los investigadores Rodrigo Gutiérrez y María Emanuelli, el problema con lo anterior es que a los municipios de la mayor parte del país les fueron transferidas dichas responsabilidades, pero no los recursos suficientes para hacerse cargo de ellas, por lo tanto, diversos gobiernos municipales tuvieron que admitir su incompetencia para hacer frente a dicha tarea, cediendo la responsabilidad de la distribución del agua a la iniciativa privada, y en algunos casos, generando endeudamiento.
A riesgo de sonar totalitario, insisto en que no hay servicio alguno en que el libre mercado pueda sustituir de manera más justa la presencia del Estado, y el mayor ejemplo de esta afirmación es precisamente la distribución del agua (así como en unos meses lo será también el “Gas Bienestar”).
En aquellos municipios donde “lo privado” se hizo cargo de la distribución del agua (retomo ideas de Gutiérrez y Emanuelli), el servicio se concentró en donde existe el poder adquisitivo para adquirirlo, marginando a la población vulnerable, es decir, a los más pobres.
Para ser más directo, las empresas privadas están sometidas a las leyes del libre mercado (principalmente de oferta y demanda), ideología que se sustenta en una “mano invisible” que “mágicamente” regula todo. El impacto es devastador: las comunidades más marginadas, alejadas y/o pobres, no tienen acceso al agua, recurso sin el cual no se puede vivir.
En las zonas pobres no puede haber demanda de servicios hacia las empresas privadas que distribuyen el agua, sencillamente porque no hay dinero para incentivar el lucro privado. No es un “círculo vicioso”, ni mucho menos parte de la naturaleza humana, sino una inmoralidad del sistema capitalista.
Por ejemplo, consultando a CONAGUA e INEGI (con datos que encontré de 2020), en Baja California ocupamos un lugar privilegiado, pues 97.13% de la población tiene acceso al agua potable, mismo caso que Aguascalientes (99%), sin embargo en zonas con mayor marginación como Guerrero (84%) y Oaxaca (85%), existe gran rezago en materia de distribución.
Aunque lo anterior lo leemos en cifras y porcentajes, es difícil asimilar que en entidades como Chiapas (86.46%), Guerrero (84.24%), Guanajuato (84.24%), Oaxaca (85.40%) y Veracruz (86.55%), existe, en promedio, un 15% de habitantes sin acceso a servicio de agua potable (por cada entidad). Traducido en número de personas, estamos hablando de varios millones de mexicanos, tan solo entre estos Estados.
Incluso el 3% de personas que no tienen acceso al agua en Baja California es trágico, pues estamos hablando de unos 115,000 ciudadanos.
COMPLACEGRILLOS
En fechas recientes el ejecutivo estatal envió una reforma al congreso del Estado, misma que pretende municipalizar el servicio del agua, sin embargo, aunque tiene aspectos administrativamente positivos, no podrá maximizarse su utilidad, sin los recursos necesarios para que los municipios administren la responsabilidad, tal cual lo analizamos.
Hay, incluso, quienes plantean (y yo les aprendo atentamente), que la solución no es ni la municipalización ni la “estatificación”, sino la metropolización del servicio. Como dirían algunos, “se sabrá”.
Javier Iván Maldonado Preciado es un hombre de ideas y letras libres, egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido funcionario público en múltiples ocasiones, campeón nacional de investigación política y columnista para diversos portales.
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Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
