MÉXICO DF 12 DE OCTUBRE DE 2015 (La Silla Rota).- El Congreso de la Unión mantiene en la llamada “congeladora” legislativa al menos tres iniciativas para otorgar el reconocimiento como parte de las comunidades mexicanas a los llamados afromexicanos o afrodescendientes, cuya población, concentrada en Guerrero y Oaxaca, se estima en alrededor de 500 mil.

En 2010, el entonces diputado federal César Flores Maldonado presentó una iniciativa para que los pueblos afrodescendientes tengan el mismo reconocimiento o estatus que las etnias mexicanas en la ley, ya que no reciben recursos de programas sociales ni de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.

Mientras que en marzo de 2014 el senador del PRI, René Juárez Cisneros presentó una iniciativa de reformas a las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Federal de las Entidades Paraestatales para otorgar reconocimiento jurídico a esa población como integrante de la nación mexicana.

En entrevista con Notimex, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Guerrero expuso que con ello se etiquetarían recursos para esta población; sin embargo, la propuesta se encuentra en la “congeladora” legislativa.

Señaló que la población afromexicana o afromestiza sobrevive en el país en una altísima marginación, fuera de programas sociales, educativos, de salud y productivos, así como inmersos en la discriminación por el color de su piel.

Por ello, mencionó, es urgente su reconocimiento en la ley y su inclusión en los programas y presupuestos federales, para saldar esa deuda histórica del Estado y gobierno mexicanos.

Destacó que del total de afrodescendientes ni siquiera se tiene una cifra oficial exacta, ya que diversos estudios académicos manejan números que van de 450 mil a dos millones, que viven en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Colima, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

El ex gobernador de Guerrero dijo que este grupo importante de mexicanos no está reconocido en la Constitución ni en las leyes secundarias, por lo que se encuentran prácticamente al margen de programas sociales.

Al no pertenecer a una etnia, abundó, no forman parte de los proyectos y recursos que entrega la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNPI).

Juárez Cisneros, quien se reconoce como afromestizo, dijo que incluso en ese ámbito se han dado casos de discriminación, por lo que se debe generar un movimiento de sensibilización, de comunicación para crear una cultura de respeto hacia esos mexicanos que han estado borrados de la historia, de presupuestos y han sido excluidos por su color de piel.

Subrayó que en la historia, en la vida cotidiana, en la cultura popular hay una actitud de desprecio, despectiva, de discriminación hacia los afromexicanos y prueba de ello son algunas frases que se utilizan comúnmente.

Reconoció que ha encontrado “algunos diques” en su iniciativa bajo el argumento de la insuficiencia presupuestal, pero confió en que en el marco del rediseño del Presupuesto de Egresos 2015, con base cero, se garanticen y etiqueten recursos y programas para estas comunidades de manera priorirtaria.

El legislador dijo que lo primero que se requiere y que plasmó en el punto de acuerdo es el reconocimiento de los derechos de los afromestizos en la Constitución y en el marco legal nacional. Es decir, que se reconozca como un grupo importante del país, que existe y que ha sido atendido por el Estado mexicano de manera marginal.

“Ello traerá como beneficios el reconocimiento jurídico, que es un avance fundamental. Después tendría que armonizarse la legislación nacional en este mismo sentido de garantizar el reconocimiento de la población afrodescendiente”, consideró el senador del PRI.

Destacó que otros beneficios son que a partir de ese reconocimiento, el Estado y el gobierno mexicano diseñen de manera prioritaria políticas públicas, proyectos, acciones específicas en beneficio de la población afromestiza.

Ello básicamente en materia de educación, salud, de empleo, de programas productivos que generen posibilidades de participación y desarrollo de estos pueblos y comunidades, que por más de 500 años han estado al margen de planes y apoyos gubernamentales.