*.- La Comisión de Fiscalización del Congreso rechaza tres cuentas públicas
*.- Niega cuentas a Admicarga y al CEA, ligadas con los hermanos Beltrán
DORA ELENA CORTÉS
TIJUANA BC 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (AFN).- Un tema que pasó desapercibido por el alud de información que hemos tenido, particularmente de índole política, aunque éste también tiene su dosis de esa materia por la trascendencia de los personajes y su relación con el actual gobierno estatal, es el de unas cuentas públicas de 2015 y 2016 que fueron rechazadas por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, que de llegar a derivar en acciones legales y/o penales, podría alcanzar a los hermanos Fernando y Cástulo Beltrán Rendón.
Les teníamos “guardadita” esta información, esperanzados en que no se nos cruzara otro tema “prioritario” que volviera a dejar de lado este asunto, sobre todo porque los hermanos Beltrán Rendón tuvieron un gran protagonismo durante prácticamente todo este sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, al grado de que al primero (Fernando) se le llegó a señalar como compadre del mandatario estatal, lazo que el propio Beltrán nos aseguró que no existía, aunque sí una relación amistosa.
Recientemente, cuando la campaña estatal 2019 estaba en su apogeo, Fernando Beltrán cambió de “cachucha” y literalmente se puso la de Jaime Bonilla Valdez, candidato a gobernador en ese entonces, por la Alianza Juntos Haremos Historia, y hoy gobernador electo de la entidad, lo cual enfureció, según dicen, a Kiko Vega y a muchos panistas que consideraron esta, una “traición”, por los beneficios que afirman que el empresario logró en los gobiernos blanquiazules.
Durante mucho tiempo se habló acerca de que Beltrán era el “empresario consentido” de esta administración, y se especuló sobre millonarios negocios que se habrían hecho por él y su hermano, a través del gobierno de la entidad (y algunos municipales), especie que también negó de manera contundente el empresario y promotor boxístico, quien señaló que cuando mucho, tenía la concesión de la vía corta del ferrocarril Tijuana-Tecate.
Pues por esa concesión podría enfrentar serios problemas, inclusive suponemos que hasta la cancelación de la misma, ya que en la sesión del pasado 3 de septiembre, la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside la morenista Eva Griselda Rodríguez decidió no aprobar la cuenta “patrimonial” de Admicarga, de 2015 que entonces dirigía Juan Rivera Medellín, del que se decía que era muy cercano a los hermanos Beltrán.
La historia comienza cuando esta Comisión decidió sesionar, y para esto convocó al auditor superior del Estado, Carlos Montejo Oceguera para que presentara los dictámenes de las cuentas públicas que faltan por aprobarse, y que suman más de un centenar, porque la anterior legislatura nunca convocó a Comisión y por lo tanto quedaron sin una definición; la sesión se transmitió en vivo ante la determinación de cumplir con lo que establece el principio de “máxima publicidad”, que irónicamente muy pocos siguieron, muy seguramente por tratarse de temas técnicos, que algunos les resultan aburridos y nada interesantes.
Sin embargo esta sesión sí la fue, porque ahí pudimos ver actuando al nuevo auditor superior del Estado, del que se dudaba que pudiese fallar en contra de las cuentas de la actual administración, pero sorprendió porque de 11 que en esta ocasión entregó, concluyó que por lo menos en tres, que resultan muy sensibles y significativas, él no daba su visto bueno para ser aprobadas, por diversas irregularidades que señaló, y consideró como graves.
De las cuentas públicas que son revisadas por la Auditoría Superior se analizan cuatro rubros: ingresos, egresos, patrimonial y deuda; de tres de éstas se hicieron aprobaciones parciales, pero se señalaron irregularidades graves, por lo que Montejo Oceguera sugirió a los diputados integrantes de esta Comisión, que no fueran aprobadas, cosa que los legisladores le aceptaron, por lo que de esta forma las presentarán al Pleno, y de ratificarse -como es costumbre porque ya las han revisado y dictaminada por la Comisión correspondiente- las mismas deberán ser enviadas al contralor del Estado, que ya será nombrado por esta legislatura, y que por lo tanto, será ajeno a la actual administración estatal. Dependiendo de lo que el Contralor (sería Contralora) concluya de su revisión, el siguiente paso podría ser, dar vista al Ministerio Público.
Las cuentas públicas que fueron rechazadas por la Comisión de Fiscalización, fueron: la de Admicarga, como ya dijimos; la patrimonial de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la del Fideicomiso Desarrollo Urbano de Mexicali (Fidum). Ahora vamos a los “detalles finos”.
Admicarga es una empresa paraestatal formada por el gobierno de la entidad para operar la vía corta del ferrocarril en su tramo Tijuana-Tecate, a raíz de que el gobierno federal entregó el mismo a la administración de Baja California para su operación; algo así como lo que se pretende hacer al crear una empresa paraestatal para manejar el tema de las desaladoras.
El caso es que -explicó el auditor a los legisladores, según se vio en la transmisión- la explotación de esa vía se concesionó a la empresa Baja California Railroad Inc., la cual se comprometió en 2015 a realizar una inversión de 20 millones de dólares de dólares en los siguientes cuatro años para modernizar esta vía, sin embargo no lo hizo. El no cumplir con este requisito llevaba a una fuerte penalización económica, sanción que Admicarga nunca aplicó a esta empresa, por lo cual incurrió en una grave falta, que a su vez es penalizada.
Desde 2014 a AFN estuvo hablando de este tema, inclusive cuando se llegó a decir que se maniobró para retirar de la concesión a Dimas Campos que en ese entonces la tenía; se informó posteriormente que el nuevo administrador de la empresa concesionaria sería Cástulo Beltrán Rendón, pero muy pronto apareció públicamente como encargado de esta vía corta, el promotor Fernando Beltrán. Además se realizaron eventos especiales para informar de las inversiones que se harían para modernizar las vías del ferrocarril, una de estas, encabezada por el gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid, quien en aquel momento habló de una inversión de 200 millones de pesos de pesos que entregaría el gobierno federal para la operación de esta misma vía.
La otra cuenta patrimonial rechazada, es la de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de 2016, ya que se detectó que se compraron dos tableros para electricidad, de la más alta tecnología, mediante un contrato de adjudicación directa que se hizo, aduciendo una supuesta emergencia, ya que se decía que se requerían para las plantas de bombeo en La Rumorosa, para que el agua pudiera subir en sus tramos más altos. Según auditor superior del Estado, cada uno de estos tableros tuvo un costo de 2 millones de dólares, por sus características solicitadas, que además -dijo- se anotaron con marca y especificaciones muy concretas.
El caso es que para haber existido esa “emergencia”, sólo fue instalado uno de los dos tableros, al margen de que los mismos fueron adquiridos a la empresa “Proyectos e Instalaciones de las Américas” (PIASA), que se ubica en la colonia 20 de noviembre de Tijuana. Lo singular de este caso es que dicha empresa que se dedica a materiales eléctricos primordialmente, es propiedad, según se ha señalado, de nada más y nada menos, que de Cástulo Beltrán Rendón, por lo que en este caso vuelven a aparecer los conocidos apellidos.
La tercera de las cuentas que no pasó la “prueba del ácido” fue la de Ingresos del Fideicomiso Desarrollo Urbano de Mexicali (Fidum), en virtud de que se detectó que enajenó terrenos por debajo de su valor catastral, lo que le significó un daño patrimonial de 10 millones de pesos de pesos al erario; No… no se los vendieron a los Beltrán Rendón, por lo menos no tenemos ese dato por el momento.
Notas relacionadas
http://www.afntijuana.info/afn_politico/31757_irregular_contratacion_de_railroad_inc
http://www.afntijuana.info/afn_politico/65884_comparten_casa_beltran_y_torres
PD.- En la sesión de referencia de la Comisión de Fiscalización, se presentaron 11 cuentas públicas, tres de las cuales se aprobaron en forma parcial y se turnaron para aclaración, se habría dicho en el respectivo boletín emitido ese día por el propio Congreso.
PD1.- Las que sí se aprobaron, y por unanimidad, fueron las de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), el Issstecali, el Instituto de Planeación de Mexicali (Inpladem), el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Municipal del Deporte, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y de la Promotora para el Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
PD2.- La licenciada Vicenta Espinoza Martínez, es la propuesta de la próxima administración estatal para convertirse en la contralora del Estado, y según lo que ella anunció en una reciente reunión: “no habrán vacas sagradas”, parafraseando al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
PD3.- Aparentemente la administración estatal pretendía que esas y otras cuentas públicas que presentan serias irregularidades fueran aprobadas por la anterior legislatura, cuando tenían todavía una importante mayoría panista, sin embargo los diputados se negaron a hacerlo, debido a todo el desgaste que ya tenían, y que terminó de profundizarse cuando aprobaron la ampliación del término de la gubernatura. Ahora, ante una mayoría morenista en el Congreso estatal, la situación se torna difícil.
PD4.- Fernando Herrera Ávila, vocero del PAN nacional advirtió que Morena pretende dar otro golpe “a la democracia” con la iniciativa de reforma que intenta reducir el periodo de encargo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual “atenta contra la independencia e imparcialidad de este órgano”, aseveró.
PD5.- Según Herrera Ávila, esta iniciativa se está presentando “como medio de presión” contra los magistrados de la Sala Superior, porque afirma que en próximas fechas tendrán que pronunciarse -de nueva cuenta- con respecto a la modificación del decreto 112 que permitió la ampliación del término de la gubernatura en Baja California y que en México se le ha dado en llamar “ley Bonilla”.
PD6.- El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, se refirió a la Ley Nacional de Extinción de Dominio (que ya fue publicada), advirtiendo que por sus excesos, esta legislación vulnera pilares de la certidumbre jurídica, la irretroactividad, el principio de buena fe y la prescripción de obligaciones. Por esto advierte que seguramente habrá múltiples impugnaciones.
PD7.- También anunció que ayer presidió la reunión del Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California, y dijo que con el respaldo del rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo, ya se definieron las acciones emergentes para mantener la operación universitaria, amenazada por el no pago del gobierno del Estado, de sus aportaciones. Al mismo tiempo demandaron el pago urgente del adeudo con esta máxima Casa de Estudios, que al 30 de agosto de este año asciende a 1,195.30 millones de pesos.
PD8.- Muy fuerte la entrevista que Porfirio Muñoz Ledo concede a Proceso en torno a su declinación por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Federal de Diputados, en un segundo período; lo mínimo que señala es que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador No es afecto a la vida legislativa, lo que significa que no está de acuerdo con ésta. Qué miedo, en verdad.
PD9.- Además dice que él (Porfirio) es “más peligroso abajo que arriba”, señalando que en el Pleno puede decir las cosas tal y como las piensa, en tanto que en la presidencia de la Cámara tenía que cuidarse para garantizar la unidad y la buena marcha de la legislatura; aun así, con todo y la razón que pudiera acompañarle, esto no justificaría el que pretendió quedarse un segundo período y que solamente se “bajó” cuando la presión subió peligrosamente.
PD10.- Por cierto, también acepta que recibió una llamada de “su amiga” la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero para decirle que su pretensión ya estaba afectando la imagen del presidente de la República, y claramente le mandó un mensaje en el sentido de que no se vuelva a meter en la vida del legislativo, porque entonces habría de responder. De ella dijo que definitivamente, tampoco es una convencida del poder legislativo.
PD11.- Pues si esto es así, qué bueno que regrese a las curules y que desde abajo diga todo lo que piensa, porque no cualquiera, sea legislador o representante de un sector, puede ser el adecuado contrapeso al presidente de la República y sus intenciones totalitarias, según se desprende de las mismas declaraciones de don Porfirio.
