AFN POLÍTICO
*.- 15 días después de revelado entrega el contrato
*.- Lo que no se vio en la sesión de Cabildo
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 29 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Antes que nada permítanme contarles que hoy estuve a punto de no escribir esta columna, porque verdaderamente estaba: triste, ojerosa, cansada y sin ilusiones, por la gran desilusión que sufrí ayer.
Les cuento que la más fuerte decepción de mi vida la llevé cuando era adolescente y mis padres decidieron revelarme que no existían los Santos Reyes, ni Santa Claus ni varios de esos personajes que alegraron nuestra infancia, pero lo que no es de Dios, es que el Presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro, nos haya dicho así, sin que viniera a cuento y sin anestesia, que “la luna no es de queso”. Y todavía para que no hubiese duda de su palabra, remató afirmando: “que no le cuenten” y, entonces, no hay vuelta de hoja: es palabra de alcalde.
Así que con esa precisión, y con esa revelación que nos echó como “balde de agua” -porque ahí sí, quién sabe cómo le hizo pero logró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no se lo prohibiera- nos dejó “huérfanos de creencias” y sin lugar a dudas, amargados, como para ya no volver a creer en las palabras de nadie más.
Lo que nos dijo después, ya lo pudimos digerir sin tanto conflicto, y así logramos entender que el magnánimo gesto que ayer tuvo al entregar de manera sorpresiva el contrato de renta de unidades de patrulla, lo hizo para demostrar que hay buena fe, y también transparencia dentro de su gobierno, además de que -según señaló-para que los regidores que tanto le insisten y molestan con esto, ya no batallaran.
Ups… Pero disculpe, como dirían los regidores del PES, siento contrariarlo (eso no lo dijeron) pero creo que este documento llegó con bastante retraso, y cuando prácticamente todos lo conocíamos, pero se lo agradecemos como un gesto (eso sí lo dijeron) de buena voluntad.
El tema es que el “tan llevado y traído” -como lo calificó- contrato entregado, no era como le reprocharon, el de las unidades de limpia, sino que correspondía al de las patrullas que se están rentando para seguridad pública. Pillín y travieso el alcalde, sólo les dijo que allí les entregaba “el contrato de las unidades”, pero sin aclararles a cuáles se refería, pensando tal vez que no se darían cuenta.
Tampoco se percató el señor presidente municipal que dicho contrato lo publicamos en AFN desde el pasado 16 de este mes destacando el hecho de que su administración sí pactó una cláusula de confidencialidad, tanto para este convenio, como para el que hizo en el caso de las unidades de limpia.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/71273_pacto_el_municipio_confidencialidad#.WVaMXiOczqB
*.- El Reto AFN: Luévano-Atilano
Pero antes de entrar de lleno a ese tema les diré por qué del título de esta columna. Recordarán que en días recientes, cuando el secretario general de Gobierno Raúl Felipe Luévano Ruiz informó de la denuncia en contra de cuatro abogados y ciudadanos de Tijuana -a los que calificó de non gratos- y los acusó, entre otras cosas, de sedición, aprovechó para lanzar un reto para que de frente hablaran de sus inquietudes y no lo hicieran escudándose con la máscara de la cobardía, así dijo.
Pues bien, tanto él, como el titular de la Comisión de Organizaciones Ciudadanas (COCI), el abogado Carlos Atilano se encontrarán en el foro de Agencia Fronteriza de Noticias, el jueves 6 de julio, en el programa del mediodía, acompañados de Enrique Sánchez Díaz, director de El Sol de Tijuana y una servidora, directora de AFN.
Y es que considerando que el reto estaba lanzado y que la “bolita” seguía en el aire pregunté a ambos personajes que si aceptarían discutir sus respectivos puntos de vista en AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS del próximo jueves, y ¡Eureka! Los dos dijeron que sí.
Entonces, si ningún “diablito” “mete la cola”, ni surgen de esos asuntos “de última hora” que son muy socorridos para sacarle la vuelta a un compromiso, usted podrá seguirlos a través de esta página electrónica; de nuestras redes sociales, y por la tarde en el canal 73 de CNR.
Esto se da en medio de las dos denuncias presentadas por ambas partes ante la Procuraduría estatal, no obstante que la de los abogados ya procedió, tal y como lo dimos a conocer este viernes en una nota informativa por separado. Invitados están.
*.- 15 días después de revelado entrega el contrato
En el contrato que revelamos el pasado 16 de este mes aparecían las condiciones en que se pactó la renta de las unidades patrulla, y establecíamos que por lógica serían las mismas que tendría el contrato para la adquisición de unidades de limpia, que por cierto hoy confirmó el semanario Zeta en un reportaje del compañero Isaí Lara Bermúdez. Comentaba en aquel entonces también que este contrato se firmó el 31 de marzo del año en curso entre el ayuntamiento y el grupo Turbofin S.A.PI SA DE CV, a través de la oficial mayor María de Los Ángeles Olague Contreras, asistida por José Lamberto Portillo Saldate, director de Recursos Materiales de esa misma oficina y por el secretario de Seguridad Pública de la ciudad Marco Antonio Sotomayor Amezcua.
Al igual que ahora lo da a conocer Zeta, referimos que por parte de Turbofin firmó el contrato el “Maestro Diego Gaspar Villarías”, quien como único antecedente tenía el haber sido candidato a diputado por el Partido Social Demócrata (PSD) en el centro del país, sin que aparecieran otros antecedentes que lo identificaran como empresario calificado en el ramo. Agregamos que la empresa Turbofin de (Jaime Rogozinsky) que representaba este hombre, tenía apenas cuatro años de haber sido constituida y que declaraba como domicilio un inmueble en la colonia Polanco de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Establecimos que esta contratación se aprobó “mediante dictamen de adjudicación directa número ADQ-2017-AD-029 del 27 de marzo del mismo año, o sea apenas tres días después y que: “Para el pago del presente instrumento se autorizó la inversión correspondiente a la partida específica del clasificador por objeto del gasto 32501 de la Unidad Administrativa 1.9.2.1.3.1. del ejercicio fiscal 2017. En lo relativo a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 su continuidad, decía, estaría sujeta al presupuesto que se autorice para tal efecto, por lo que se integraría a los ejercicios fiscales subsecuentes para su proyección y autorización. De hecho informamos sobre las obligaciones que contraía el ayuntamiento y las condiciones -que al igual que en el contrato para las unidades de limpia- ponían en desventaja al gobierno municipal, sobre todo en lo que se refería a las reparaciones.
Textual señalamos además que: “En el acuerdo sostenido manifiestan que el precio total del arrendamiento es de $10´495,734 pesos (Diez millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos) incluyendo el IVA, que deberán ser pagados de la siguiente manera:
“Un pago inicial por la cantidad de $3´461,845.25 que debió haber sido cubierto ya a la empresa, debido que se establece que tendría que hacerse a la firma de este instrumento y mediante entrega de la orden de servicio por parte de la dirección de servicios públicos municipales”. Además el gobierno municipal se comprometió a cubrir una renta mensual de abril a diciembre de 2017 por la cantidad de $781,543.29 pesos, cada día 25, por lo que ya se le debieron haber entregado los de los meses de abril y mayo, y en esta siguiente semana deberá cubrirse el de junio. Además se hace notar que si el día en que se le debe realizar cualquier pago se tratara de un “día inhábil” el ayuntamiento tendrá que entregar el pago correspondiente, el día hábil inmediato anterior.
En el 2019, se establece que deberá pagarse una cantidad de $7´033,889.61 pesos, incluyendo el IVA, a través de nueve rentas mensuales también de $781,543.29 pesos. El arrendador por su parte se compromete a entregar una póliza de fianza expedida por institución autorizada, que ampare la cantidad del 10% sobre el monto total de la operación designando como beneficiario único al ayuntamiento de Tijuana. En caso de que por una causa imputable a éste no cumpla con sus obligaciones, el ayuntamiento “aplicará una pena convencional por el importe que resulte del 3% al millar sobre el valor total del presente contrato por cada día que transcurra desde que surja la demora, en la obligación de que se trate, hasta que la misma se cumpla plenamente por el arrendador”.
Y también advertimos que según el contrato, el ayuntamiento ya tendría que estar sancionando a la empresa, ya que, por lo menos en el caso de los vehículos para seguridad pública tendría que haberlos entregado en un transcurso de “45 días naturales” de la firma de este contrato -que fue en marzo pasado- aunque su vigencia se pactó del 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2019. No obstante eso también establece el contrato que dentro del plazo de entrega establecido para cada tipo de vehículo, se podrán realizar entregas parciales de los mismos, tanto en lo que se refiere a las camionetas del traslado como a los pick up doble cabina.
El documento además habla de los compromisos en cuanto a las reparaciones por parte de la empresa, así como la responsabilidad para el ayuntamiento, entre otras cosas señala que “En caso de pérdida, destrucción, daño irreparable o cualquier otra contingencia que impidn total o parcialmente la utilización de los vehículos, el ayuntamiento se obliga a continuar pagando las rentas pactadas a su cargo en las cláusulas segunda durante la vigencia del presente contrato hasta que la aseguradora entregue el arrendador la indemnización correspondiente. Y, una vez que dicha indemnización sea cubierta, igualmente el arrendador se compromete a ampliar el plazo de utilización de los vehículos que se encuentren en el supuesto previsto en la presente cláusula, en la misma proporción de tiempo que se hubiesen dejado de utilizar los bienes objeto del presente contrato, de la cual fue cubierta la renta correspondiente sin costo adicional para el ayuntamiento.
También enfatiza en que las partes convienen en que ningún caso el arrendador será responsable de los daños o de los perjuicios que la aseguradora pudiera causar al ayuntamiento o a cualesquiera terceros o viceversa, ni en caso de que la propia empresa aseguradora se demore en los pagos de indemnizaciones por siniestros ocurridos al amparo de los seguros respectivos, no obstante que la elección de la compañía aseguradora será facultad del arrendador, el cual además será el beneficiario único en el convenio que en ese sentido se haga.
Y no obstante que las unidades serán para uso de seguridad pública, el artículo décimo primero establece que el ayuntamiento “se obliga a mantener a su costa (y sin responsabilidad alguna para el arrendador) en todo tiempo, los vehículos en perfectas condiciones de uso, mecánicas y de operación, conforme a su naturaleza y destino con las solas limitaciones o deterioros que en ellos se causen por el paso del tiempo y por su uso normal”. Asimismo se establece que el ayuntamiento pagará por su exclusiva cuenta, cualquier gasto que sea necesario o conveniente para el debido mantenimiento correctivo de los vehículos, incluyendo todo tipo de reparaciones y de servicios que se requieran para tales efectos, sea por concepto de mano de obra o refacciones. Toda refacción, implemento o accesorio que se adicione a los vehículos se considerará incorporado a ellos y en consecuencia quedarán a beneficio del arrendador sin que el ayuntamiento pueda retirarlos ni exigir indemnización alguna por los mismos.
Al concluir este contrato, o si se pone fin al mismo por cualquier otra causa, el ayuntamiento se obliga a devolver los vehículos al arrendador “en las mismas condiciones en las que lo recibió, con el solo deterioro causado por el uso normal y por el paso del tiempo” corriendo por cuenta del ayuntamiento la totalidad de los gastos que se originen con la devolución en las mismas condiciones y características de conformidad con lo establecido en las cláusula primera de este contrato. Además la devolución la tendrá que hacerse en un plazo no mayor a los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se dé por finiquitado este contrato.
*.- Lo que no se vio en la sesión de Cabildo
Si usted siguió el día de ayer la transmisión o transmisiones que se hicieron de la sesión de Cabildo en esta ciudad, seguramente se dio cuenta del ambiente en que se desarrolló la mencionada junta extraordinaria y cómo es que se llevaron adelante los asuntos que fueron programados para esa tarde.
Para algunos fue una sesión larga y aburrida, en tanto que otros se entretuvieron con los “rounds de sombra” que hicieron algunos regidores, el alcalde, la síndico, y en algún momento el Secretario General, quien intervino para tratar de frenar en una de sus participaciones a Manuel Rodríguez Monárrez, advirtiendo que estaba fuera de lugar, para ser también “conminado” por la Regidora Mónica Vega para no presentar una “moción” recordando que éstas solamente las hace el presidente municipal.
No faltó el suspicaz que dijo que ahora sí se hizo una transmisión muy clara por parte de la “alcaldía” de Tijuana, ya que en su opinión pretendían que se destacara el momento en el que el presidente municipal ordenaba entregar copia del contrato de renta de unidades para patrullas, como sacando un “as bajo la manga”.
Pero hubo otras cosas que no se vieron dentro de esa transmisión y que por lo tanto, poco o nada se comentaron. Según el reportero del barrio, desde temprana hora hubo mucha excitación en los pasillos de Palacio Municipal, ya que se filtró que llegarían -con la intención de hacerse notar en la sesión- personas, que ahora sí podemos decir que son “non gratas” para el presidente municipal.
Por esto se reforzó la seguridad a la entrada y se restringió a la presencia de los integrantes del Cabildo, sus principales colaboradores; funcionarios, representantes de prensa y otras personas cercanas a quienes integran el gobierno de la ciudad; hubo quienes debieron utilizar otros accesos para poder ingresar.
Y es que a la hora de la sesión llegaron, entre otros, integrantes del llamado grupo “Cimarrones” que representan a universitarios que fueron para exigir al presidente municipal el cumplimiento de su palabra en el sentido de otorgar transporte gratuito a estudiantes.
Pero no solamente estos llegaron, sino que hubo una presencia que trataron de evitar desde un principio, y que por lo cual, elementos de seguridad del propio alcalde se apostaron en diversos puntos de Palacio para “para taclear” a una mujer que iba con toda la intención de hacerse escuchar. Se trataba de Laura Alicia López Mascareño quien durante buena parte de la sesión de Cabildo estuvo golpeando con fuerza las ventanas de la sala donde se celebraba esa junta, exigiendo “audiencia”.
Esto desconcentró por un rato no solamente al presidente municipal, sino también a varios de los presentes, sin embargo ya no supieron qué pasó después porque no logró su propósito de ingresar.
PD.- La luna no es de queso… La luna no es de queso… La luna no es de queso
PD1.- ¿Entonces tampoco el toro está enamorado de la luna?
PD2.- ¿Ni la luna se pone re-grandota como una pelotota y alumbra el callejón?
PD3.- ¿Y qué pasa con la luna de octubre?
PD4.- ¡Ay! Luna lunera, cascabelera…
PD5.- Bueno… es viernes…