AFN POLÍTICO
*.- El contrato para la renta de patrullas
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 16 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Aunque ya algunos funcionarios del actual ayuntamiento han mencionado la existencia de una cláusula de confidencialidad en los contratos elaborados entre el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro y empresas beneficiadas como Turbofin, el presidente municipal ha evitado -con un dejo de molestia- hablar sobre esto, particularmente cuando le preguntan si la reserva que se hizo de la información en torno a la renta de camiones para recolección basura obedece a este hecho.
Tanto el munícipe como la síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde se han amparado bajo el argumento de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ordena la secrecía cuando hay una investigación en proceso, y aunque ambos presumen de abogados y Gastélum Buenrostro ahora calificó de “ignorantes” a quienes no entienden de estos temas, se les olvidó decir, o posiblemente tampoco lo saben, que la Sindicatura no realiza investigaciones criminales y por lo tanto no está bajo los ordenamientos de ese NSJP. En todo caso, de resultar alguna acción constitutiva de delito, como toda autoridad, e inclusive ciudadanos, tendrían la obligación de remitir el tema al Ministerio Público del fuero correspondiente donde seguramente si se “reservaría” la información, pero no en sindicatura donde las investigaciones que se realizan son administrativas.
Pero volviendo al tema, todo hace indicar que al haber concedido una “cláusula de confidencialidad” sobre los contratos realizados por el gobierno a su cargo, el presidente municipal se vio arrinconado por la presión de la opinión pública y la insistencia de los regidores del Partido Encuentro Social (PES), por lo que sí sería verdad (le reconocemos una) que por haber presentado los “molestos” ediles esa queja ante la sindicatura, se vio en la imperiosa necesidad de “reservar” (porque niega que sea ocultamiento) todos esos datos.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro
En el contrato firmado por el ayuntamiento de Tijuana con la empresa Turbofin para la renta de unidades patrullas y Pick Ups destinadas a la Secretaría de Seguridad Pública se advierte esa cláusula, la cual suponemos que se redactó exactamente igual que en el contrato para el arrendamiento de camiones para el Departamento de Limpia, y como muy seguramente se pretende hacer en otros similares.
Se trata de la cláusula Décima Novena del contrato que obra en poder de Agencia Fronteriza de Noticias. A la letra dice:
DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” acuerdan que el presente contrato y la información derivada del mismo tienen el carácter de confidencial, por lo que no podrán utilizarla, revelarla o divulgarla a ninguna persona física o moral. La información proporcionada, obtenida o generada a la que tuvieran acceso “LAS PARTES”, ya sea en forma escrita, verbal, visual grabada en medios magnéticos, electrónicos o en cualquier forma, ya sea de manera directa o indirecta, deberá utilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin del presente contrato. “LAS PARTES” aceptan que el contrato y la información que derive del mismo, así como todos los materiales y documentos generados durante la vigencia del mismo son propiedad de “LAS PARTES”. La información confidencial conservará dicho carácter durante la vigencia de este contrato (que dicho sea de paso tendría vigencia hasta 2019) y continuará teniéndolo después de concluido. Este instrumento no otorga de manera expresa o implícita, derecho intelectual o de
propiedad.
Así es que, si no somos ignorantes, y si no rebuznamos nada más porque no nos sabemos la tonada, podemos entender que el gobierno que encabeza el alcalde Gastélum Buenrostro sí se comprometió con la empresa mencionada a no proporcionar a NADIE, información con respecto a los términos convenidos.
Ana Marcela Guzmán Valverde
Por eso, ahora sí creo, que como dijo el munícipe, los culpables de que se haya ocultado la información son efectivamente los regidores del PES, por su empecinamiento en que se nos diera a conocer todo lo relativo al acuerdo al que llegaron en materia de limpia y de seguridad pública, nada más porque somos los tijuanenses los que vamos a pagar esos dineros para, financiar dicen algunos, a la ahora célebre empresa.
*.- El contrato para la renta de patrullas
Y ahora vamos con el contrato para la renta de patrullas. Me llama la atención que no obstante ya quedó claro que las 27 unidades solicitadas en renta por el gobierno de Tijuana las proveerá la misma empresa Turbofin, todavía algunos funcionarios del ayuntamiento local, como el tesorero Ricardo Chavarría insistan en que “aún no se ha elegido a la empresa” que las surtirá, sino que tan sólo recibieron las especificaciones de las unidades solicitadas por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Según una información publicada hace un par de días, el funcionario municipal habría dicho que ahora todo dependerá de que se reciba la propuesta cuando se lance la licitación. Y aún más afirmó que para hacer esto “el Cabildo debe aprobar una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para tal efecto, aventurando que “esto podría ocurrir en aproximadamente una semana” o un poco más. La realidad es que desde el 31 de marzo del año en curso el ayuntamiento firmó el contrato con grupo Turbofin S.A. PI DE CV, a través de la oficial mayor María de Los Ángeles Olague Contreras, asistida por José Lamberto Portillo Saldate, director de Recursos Materiales de esa misma oficina y por el secretario de Seguridad Pública de la ciudad Marco Antonio Sotomayor Amezcua.
Por parte de Turbofin firmó el contrato el “Maestro Diego Gaspar Villarías”, quien como único antecedente tiene haber sido candidato a diputado por el Partido Social Demócrata (PSD) en el centro del país, sin que aparezcan otros antecedentes que lo identifiquen como empresario calificado en el ramo. De hecho, la empresa Turbofin de (Jaime Rogozinsky) que representa este hombre, tiene apenas cuatro años de haber sido constituida y declara como domicilio un inmueble en la colonia Polanco de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
En su objeto social, la empresa referida señala entre otras actividades “la realización habitual y profesional de operaciones de otorgamiento de crédito, la celebración de operaciones de arrendamiento puro, así como ejecutar todos los actos, celebrar contratos de operaciones y otorgar documentos que sean convenientes o necesarios para el cumplimiento del buen desarrollo de los fines de la sociedad”.
El contrato obtenido -y compartido con AFN- se solicitó a través de Transparencia, y el pasado 15 de este mes el encargado de despacho de esa Unidad Juan Dámaso Ibarra Bibriesca, ordenó al licenciado José Lamberto Portillo, director de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, que respondiera “en tiempo y forma” porque muy seguramente al Comité de Información se le olvidó “reservar” también este expediente. De tal forma que el mencionado funcionario entregó copia del contrato para el arrendamiento de 12 Unidades Van de traslado de pasajeros y 15 vehículos Pick Up de doble cabina para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, destacando que éste “es el único contrato de arrendamiento de unidades celebrado en el periodo que indica el ciudadano”.
En el documento se cubren con plumón negro las características de las unidades, específicamente las de tipo pick up doble cabina, además otro dato que en algunas de las páginas siguen a la palabra “doble cabina”. De hecho en el mismo contrato se fundamenta que con fecha de 24 de marzo del año en curso, en la dirección de Recursos Materiales de Oficialía mayor se recibió el oficio 0836/SSPM/2017 mediante el cual el secretario Marco Antonio Sotomayor habría solicitado “la contratación por vía de adjudicación directa, del arrendamiento de vehículos consistentes” en los ya señalados. Y se hace notar también que esta contratación se aprobó “mediante dictamen de adjudicación directa número ADQ-2017-AD-029 del 27 de marzo del mismo año, o sea apenas tres días después.
“Para el pago del presente instrumento se autorizó la inversión correspondiente a la partida específica del clasificador por objeto del gasto 32501 de la Unidad Administrativa 1.9.2.1.3.1. del ejercicio fiscal 2017. En lo relativo a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 su continuidad estará sujeta al presupuesto que se autorice para tal efecto, por lo que se integrará los ejercicios fiscales subsecuentes para su proyección y autorización.
En el acuerdo sostenido manifiestan que el precio total del arrendamiento es de $10´495,734 pesos (Diez millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos) incluyendo el IVA, que deberán ser pagados de la siguiente manera:
“Un pago inicial por la cantidad de $3´461,845.25 que debió haber sido cubierto ya a la empresa, debido que se establece que tendría que hacerse a la firma de este instrumento y mediante entrega de la orden de servicio por parte de la dirección de servicios públicos municipales”. Además el gobierno municipal se comprometió a cubrir una renta mensual de abril a diciembre de 2017 por la cantidad de $781,543.29 pesos, cada día 25, por lo que ya se le debieron haber entregado los de los meses de abril y mayo, y en esta siguiente semana deberá cubrirse el de junio. Además se hace notar que si el día en que se le debe realizar cualquier pago se tratara de un “día inhábil” el ayuntamiento tendrá que entregar el pago correspondiente, el día hábil inmediato anterior.
Jaime Rogozinsky, dueño de Turbofin
En el 2019, se establece que deberá pagarse una cantidad de $7´033,889.61 pesos, incluyendo el IVA, a través de nueve rentas mensuales también de $781,543.29 pesos. El arrendador por su parte se compromete a entregar una póliza de fianza expedida por institución autorizada, que ampare la cantidad del 10% sobre el monto total de la operación designando como beneficiario único al ayuntamiento de Tijuana. En caso de que por una causa imputable a éste no cumpla con sus obligaciones, el ayuntamiento “aplicará una pena convencional por el importe que resulte del 3% al millar sobre el valor total del presente contrato por cada día que transcurra desde que surja la demora, en la obligación de que se trate,hasta que la misma se cumpla plenamente por el arrendador”.
Y según el contrato, el ayuntamiento ya tendría que estar sancionando a la empresa, ya que, por lo menos en el caso de los vehículos para seguridad pública tendría que haberlos entregado en un transcurso de “45 días naturales” de la firma de este contrato -que fue en marzo pasado- aunque su vigencia se pactó del 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2019. No obstante eso también establece el contrato que dentro del plazo de entrega establecido para cada tipo de vehículo, se podrán realizar entregas parciales de los mismos, tanto en lo que se refiere a las camionetas del traslado como a los pick up doble cabina.
El documento además habla de los compromisos en cuanto a las reparaciones por parte de la empresa, así como la responsabilidad para el ayuntamiento, entre otras cosas señala que “En caso de pérdida, destrucción, daño irreparable o cualquier otra contingencia que impidn total o parcialmente la utilización de los vehículos, el ayuntamiento se obliga a continuar pagando las rentas pactadas a su cargo en las cláusulas segunda durante la vigencia del presente contrato hasta que la aseguradora entregue el arrendador la indemnización correspondiente. Y, una vez que dicha indemnización sea cubierta,igualmente el arrendador se compromete a ampliar el plazo de utilización de los vehículos que se encuentren en el supuesto previsto en la presente cláusula, en la misma proporción de tiempo que se hubiesen dejado de utilizar los bienes objeto del presente contrato, de la cual fue cubierta la renta correspondiente sin costo adicional para el ayuntamiento.
También enfatiza en que las partes convienen en que ningún caso el arrendador será responsable de los daños o de los perjuicios que la aseguradora pudiera causar al ayuntamiento o a cualesquiera terceros o viceversa, ni en caso de que la propia empresa aseguradora se demore en los pagos de indemnizaciones por siniestros ocurridos al amparo de los seguros respectivos, no obstante que la elección de la compañía aseguradora será facultad del arrendador, el cual además será el beneficiario único en el convenio que en ese sentido se haga.
Y no obstante que las unidades serán para uso de seguridad pública, el artículo décimo primero establece que el ayuntamiento “se obliga a mantener a su costa (y sin responsabilidad alguna para el arrendador) en todo tiempo, los vehículos en perfectas condiciones de uso, mecánicas y de operación, conforme a su naturaleza y destino con las solas limitaciones o deterioros que en ellos se causen por el paso del tiempo y por su uso normal”. Asimismo se establece que el ayuntamiento pagará por su exclusiva cuenta, cualquier gasto que sea necesario o conveniente para el debido mantenimiento correctivo de los vehículos, incluyendo todo tipo de reparaciones y de servicios que se requieran para tales efectos, sea por concepto de mano de obra o refacciones. Toda refacción, implemento o accesorio que se adicione a los vehículos se considerará incorporado a ellos y en consecuencia quedarán a beneficio del arrendador sin que el ayuntamiento pueda retirarlos ni exigir indemnización alguna por los mismos.
Al concluir este contrato, o si se pone fin al mismo por cualquier otra causa, el ayuntamiento se obliga a devolver los vehículos al arrendador “en las mismas condiciones en las que lo recibió, con el solo deterioro causado por el uso normal y por el paso del tiempo” corriendo por cuenta del ayuntamiento la totalidad de los gastos que se originen con la devolución en las mismas condiciones y características de conformidad con lo establecido en las cláusula primera de este contrato. Además la devolución la tendrá que hacerse en un plazo no mayor a los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se dé por finiquitado este contrato.
O sea que efectivamente, al concluir los contratos de arrendamiento de las unidades de limpia y de seguridad, la ciudad se quedará sin estos servicios, porque deberá devolverlas, o aceptar, ahora sí en lo que será una emergencia por el corto plazo, las condiciones que le pongan para adquirirlas.
PD.- ¡Para Ripley! Ex alcalde panista pide que “renten” un alcalde al analizar lo que hace el actual que también es panista, aunque el primero ya no. No, es trabalenguas.
PD1.- Héctor Osuna Jaime publicó en sus redes lo siguiente:
Hector Osuna Jaime
9 h •
PD2.- Están rentando camiones de basura, patrullas y luminarias y nos sale carísimo. Saldría más barato a los Tijuanenses rentar un Alcalde que haga las cosas bien, digo...
PD3.- Si en este contrato se estableció que las unidades deben entregarse en un plazo de 45 días naturales después de la firma, entonces podemos esperar algo similar en lo que se refiere a los camiones recolectores de basura, sin embargo en ese caso el plazo ya se agotó, aunque siempre pueden decir que se determinó que se aceptarían entregas parciales y que ya llegaron algunas unidades.
PD4.- ¿Por qué los gobiernos tienen que recurrir a las famosas cláusulas de confidencialidad en la celebración de contratos? Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer lo que se hace en nuestro nombre, supuestamente a nuestro favor, y con nuestro dinero.
PD5.- Se supone que dichas cláusulas normalmente se establecen en negociaciones privadas, para proteger la información sensible que manejan las empresas, y supongo que los gobiernos también tendrían esa posibilidad, pero en casos en los que se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos o de las propias administraciones, por lo tanto es absurdo que lo hagan en contrataciones en las que tenemos todo el derecho de saber bajo qué condiciones se celebran.
PD6.- Sería bueno que algún abogado nos explicara lo anterior y nos pusiera en claro si los gobernantes se pueden amparar en esa condicionante o si solamente lo hacen por ser una costumbre para ocultarnos lo que hay detrás de sus negociaciones.
PD7.- Dije abogados; por favor absténganse quienes están dentro del gobierno y que nos recuerdan constantemente que lo son de Osuna.
