AFN POLÍTICO

*.- Presume Bustamante lavado de dinero y evasión fiscal
*.- Ya hay delegado priísta para BC, y CEN convocará a elecciones

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid está publicitando en Facebook -obvio que a través de sus encargados de comunicación- un comentario que pretende hacer conciencia entre los bajacalifornianos sobre la necesidad de hacer toda una transformación de la forma en que se maneja hoy día el servicio de abastecimiento de agua en forma pública, en la entidad. 

Por eso es que señala -en un mensaje pagado en Facebook- que hemos estado viviendo  “la peor sequía” en los últimos 120 años, y por esto dice que envió al Congreso de la entidad una iniciativa para poner en marcha una nueva “Ley del Agua” que permita atender de manera integral este tema para que el Estado cuente con suficiente líquido “para el bienestar de sus habitantes, el desarrollo y la competitividad.

También refiere que este ordenamiento contempla el acceso a nuevas fuentes de abasto, la reconstrucción de redes de abastecimiento, que con más de 50 años han rebasado su vida útil, así como la modernización de los organismos operadores para garantizar el servicio eficiente a la ciudadanía, sin olvidar los apoyos solidarios y subsidiarios “a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad”.

Paralelamente se ha puesto en marcha una campaña oficial a través de notas en medios, en las que se pondera esa iniciativa que el gobernante sometió a la legislatura, casi en forma subrepticia, y esperando que la oposición no tuviera el tiempo suficiente para revisarla y analizarla, y por lo tanto para rechazarla, aunque para eso, para enfrentarlos está el “bloque panista”, que se ha conformado para defender los intereses del Ejecutivo.   
 
Pues bien, esta iniciativa de “Ley del Agua para el Estado de Baja California”, fue presentada por el Ejecutivo el pasado 9 de este mes, a las 18:21 horas y fue turnada a las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente, así como de Desarrollo Sustentable. Podemos decirles que cuenta con 159 artículos, en 12 capítulos, más 20 transitorios, y con esto se pretende derogar las leyes que reglamentan el  Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California del 30 de abril de 1969, la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California de fecha 22 de Marzo de 2013 y la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California.

Con su aprobación se pretende al igual, extinguir las comisiones estatales de servicios públicos de todo el Estado, para crear dos organismos metropolitanos que serían: la Comisión Estatal de Servicios Públicos Zona Costa –integrada por los organismos de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate, y la Comisión de Mexicali

Por una parte la nueva ley tiene sus aspectos positivos, que son los que destacarán sus promotores, pero por la otra es considerada “muy agresiva”, falta de sensibilidad social, recaudatoria y como la “puerta “que permitirá la entrada de la inversión pública en este tema que es un bien de la nación.

Con la operación de estos nuevos organismos, se busca garantizar el suministro de agua hasta el año 2050, en tanto que el Ejecutivo proyecta la creación de mayor infraestructura, la construcción de dos plantas desalinizadoras, además de que crea una política hídrica estatal, con características regionales. Propone  la formulación de un programa hídrico estatal, que mantendrá un inventario actualizado de la disponibilidad de agua e infraestructura, y que tendrá coordinación con las dependencias. 

Se pretende la integración de un catálogo de proyectos estatales, según se dice, relativos a los recursos hídricos y se busca incentivar la participación social creando un Consejo Consultivo Estatal del Agua, definido como un organismo de consulta, que deberá estar integrado preferentemente por representantes de universidades, organismos sociales, empresariales y ambientalistas, así como investigadores, colegios de profesionistas. 

Sin embargo por el lado contrario, está el capítulo VIII de la Participación del Sector Privado, que denuncian que abre la puerta a la inversión privada, para que los particulares participen en la prestación total o parcial de los servicios públicos, así como en la administración total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de servicios públicos, tales como agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales. 

Lo que preocupa también a quienes comentaron al respecto con el reportero del barrio es que no se definen claramente dentro de esta iniciativa, aspectos fundamentales de carácter legal y social, para concesionar servicios públicos como el suministro de agua potable. Por su parte el Capítulo VIII, de la Participación del Social, impulsa a promover la participación social, a través de instituciones de investigación, instituciones de educación superior, organismos sociales y empresariales, creando el Consejo Estatal Consultivo del Agua, que tendrá facultad para revisar resultados del sistema Estatal del Agua, así como para proponer cambios en la legislación.

También la iniciativa faculta al organismo operador a imponer un pago “estimado” que al no tener un parámetro definido, podría ser excesivo, y que se daría en situaciones como cuando un usuario no informe de la descompostura o deterioro de los medidores en un plazo de 5 días hábiles, dijeron las fuentes. Además se explica que la iniciativa prevé la reducción del suministro de agua a los usuarios, ante la falta de pago oportuno, durante el término de 30 días naturales y faculta al Organismo Operador para suprimir el servicio total, ante la falta de pago oportuno del consumo de agua, durante el término de 90 días naturales. 

De hecho establece que una vez ocurrido esto, el organismo operador deberá proporcionar ese suministro de agua potable para necesidades básicas del ciudadano, mediante los mecanismos que señale el reglamento de la ley, que sin embargo no existe, por lo tanto no se sabe si utilizará pipas de agua para surtir a quienes tengan cortado el servicio, o cuál será el método.

Otro de los datos relevantes es que el artículo 117 de esta probable ley establece que las tarifas y cuotas “se actualizarán mensualmente, lo que deja posibilidad para que se realicen aumentos cada mes en diferentes servicios que presta el referido Organismo Operador. En esos aumentos mensuales no se considera el servicio medido ya que éste aumentará cada año. Entre otras cosas también se propone la actualización anual por consumo de agua, y es de preocupar, explican la fórmula que se utilizará para calcular el aumento, debido a que contempla cargar en el cálculo aspectos como; el incremento en tasa de los créditos que tenga vigente el Organismo Operador, y que podría dispararse cada que el Organismo obtenga nuevos créditos; la estimación de la inversión pública productiva del año; El ingreso requerido para generar el equilibrio financiero; la Depreciación y amortización de los activos en el año “n” (año bajo análisis) lo que en comparación de otras legislaciones estatales en la materia, no contemplan esos aspectos en su fórmula para calcular el incremento en la tarifa de consumo.   Si usted se quiere quejar o presentar una inconformidad con respecto al consumo registrado en el recibo, tendrá que hacerlo por escrito y contará con 15 días hábiles posteriores al vencimiento del recibo para poder inconformarse, y el Organismo Operador, tiene 30 días hábiles, para resolver la inconformidad. Lo que deja en desventaja al usuario. 

De igual manera se advierte que al desaparecer las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y crear las nuevas metropolitanas, el Director General Interino, deberá dar aviso de la sustitución patronal, a las comisiones por desaparecer lo que deja en estado de vulnerabilidad a los miles de empleados de confianza y de base, respecto a sus prestaciones, añaden, y anticipan que lo anterior podría detonar en un conflicto social, y de intereses sindicales que pondría en riesgo la operación y el servicio, afectando a los ciudadanos.

*.- Presume Bustamante lavado de dinero y evasión fiscal

Grave conflicto existe entre la familia Bustamante de esta ciudad, y tan grave es como para que el exalcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo y su hermano Alfonso -de los mismos apellidos- se hayan decidido proceder en contra de su sobrino Xavier Peniche, y otros de sus familiares, de manera legal. Pero ya no es tan sólo el señalamiento reciente de que el ex secretario de Desarrollo Social fue desconocido como representante de los negocios que operan en Las Torres, sino que las acusaciones ahora son sumamente fuertes.

Los acusaron ante el Ministerio Público del Estado, de presumibles delitos de: fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Y aunque técnicamente se establece que son “presumibles delitos” el hecho es que el señalamiento va muy directo y se habla de por lo menos de 23 millones de pesos que no han sido debidamente comprobados.

De entrada les advierten: “ante su iniciativa de ventilar públicamente los procesos administrativos de nuestra empresa”, están informando a bancos, instituciones de crédito, fedatarios públicos, personal de su empresa, clientes, proveedores y a la opinión pública, que han presentado una denuncia de tipo penal por la presunción de los delitos ya señalados. La misma fue interpuesta en contra de: Emma Bustamante Anchondo, Norma Bustamante Anchondo, y Xavier Manuel Peniche Bustamante, así como contra los consejeros: Sergio Rosas Bustamante y Fernando Peniche Bustamante.

En su carta abierta se establece que “esto se deriva de los hallazgos en los registros contables de traspasos a empresas no relacionadas comercialmente con Plaza Agua Caliente S.A. de C.V., que tan sólo en el mes de noviembre arrojan un monto superior a 23 millones de pesos. Estas salidas de dinero, más lo que resulte, en ningún momento han sido autorizados por las figuras administrativas legalmente reconocidas en la empresa, se dice. 

Sobre Xavier Peniche, todavía se agrega que, ostentándose como apoderado legal de la empresa “ha incurrido en la presunta comisión de delitos de fraude y administración fraudulenta, en la que ha involucrado a la institución de crédito Bancomer, que ha facilitado estas operaciones, por lo que se le advierte “de los riesgos legales en los que incurre “al continuar permitiendo estas operaciones ante la dilación de dictaminar y dar efecto a actos jurídicos simples y perfectos que presumen la Comisión de los delitos, auspiciados por su apoderado legal el licenciado Óscar Foglio Gómez”.

Carlos y Alfonso Bustamante concluyen asegurando que “las evidencias con las que contamos no dejan lugar a dudas de graves movimientos irregulares de dinero que podrían derivar en sanciones con penas de tipo mercantil y corporales, en su contra”.

*.- Ya hay delegado priísta para BC, y CEN convocará a elecciones

Según el reportero del barrio, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aunque se tardó, ya nombró delegado para Baja California, tal y como lo ofreció durante su visita a Tijuana el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, para que ponga un “estate quieto” a los priístas de la entidad. El reportero todavía no trae el nombre del susodicho, aunque se supone que podría presentarse en Baja California, ya pasadas las fiestas decembrinas, para entrar de lleno al arduo trabajo que le espera en esta zona del país.

También hizo saber que será el Comité Ejecutivo Nacional el que convocará a las tan ansiadas elecciones de los órganos priístas que deberán ser renovados, entre éstos el estatal, los municipales y los consejos políticos locales. Al respecto el presidente del Comité directivo estatal, Chris López Alvarado pidió mediante oficio fechado en diciembre 2015 que se extendiera su dirigencia hasta el fin de las elecciones, por el que entró por “prelación” oficio que le aceptaron.

En otro oficio sin fecha, firmado por Jesús Jorge Ambriz Corona, en su calidad de Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité directivo estatal, y enviado a Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, se le hace saber entre otras cosas que el recurso presentado recientemente por Obed Silva Sánchez, fue declarado improcedente, y que todavía están dentro de los tiempos “estatutarios” para solicitar que se convoque elecciones por parte del CEN, en tanto que la dirigencia estatal está iniciando trabajos para presentar ante su dirigencia central, para su aprobación, el método para la renovación de la dirigencia y de los consejos políticos.

Además Ambriz Corona hace notar a Elías Calles que es facultad de la dirigencia estatal convocar a elecciones de los consejeros políticos municipales. Por su parte Obed Silva ha establecido, que si bien es cierto que se consideró improcedente su solicitud enviada en meses recientes, el hecho es que “la elección ya causó Estado” por lo que anunció haber informado a la Comisión de Justicia Partidaria, que ya quedaba sin efecto el oficio girado por el dirigente estatal en 2015, y que por lo tanto se tienen que hace las convocatorias para las elecciones. De no hacerlo, advierte Obed, el dirigente estatal estaría enfrentando desde una amonestación hasta la suspensión de sus derechos políticos del partido, o la expulsión.

PD.- Como si nada ocurriera o como si -parafraseando a Salvador Morales- el gobierno del Estado enfrentara un mal clima o una gripa- los colaboradores del Ejecutivo tuvieron la brillante idea de organizar para estos días el “brindis y comida” con los medios de difusión del Estado, para “celebrar” juntos estas fechas decembrinas y desearnos mutuamente lo mejor para el año venidero. Como si nada pasara. De hecho recibí la atenta invitación -con la sugerencia de confirmar asistencia- la cual agradezco en lo que vale.
 
PD1.- Iniciaron en Mexicali y allá los compañeros le dieron tamaña desconocida al gobernador, que provocaron que cancelara de última hora su presencia y que dejara la representación en el Secretario General de gobierno, Francisco Rueda Gómez, para que brindara con la docena de comunicadores que asistieron, en su mayoría de la empresa Televisa, una compañera de El Mexicano y muchos colaboradores del gobierno estatal. En un acto de dignidad la mayor parte de los comunicadores cachanillas decidió no asistir como protesta por la “política” de agresiones, acoso y campañas negras que acostumbran desde la dirección de imagen. 

PD2.- De hecho, tampoco se reporta la presencia de este funcionario en esa reunión, tal y como lo acostumbraba año tras año; ahora será interesante ver quienes asisten a la reunión que tendrá lugar este lunes en Tijuana, a las tres de la tarde.

PD3.- El que no la pasó nada bien fue el coordinador de la bancada azul en el Congreso local, Carlos Torres Torres, ya que dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), prácticamente se le voltearon sus diputados, debido a que lo dejaron solo durante la reunión previa del PAN. Y es que no quieren comprometerse con algunos temas candentes e inclusive ya dejaron para la próxima semana  el análisis de las leyes de ingresos, debido a que las críticas por los incrementos solicitados por los munícipes, han generado muchas críticas.

PD4.- Mientras tanto, el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro siguió con actividades relacionadas con su labor, y entre éstas recibió a los integrantes del llamado “Grupo Minarete” con los que dialogó durante un buen rato. Hay que recordar que este grupo recibió al inicio del proceso electoral, a quienes participarían en la búsqueda de la presidencia municipal, para hacerles notar la serie de problemas -que entienden- que interesan a los tijuanenses.