AFN POLÍTICO
*.- Se enoja el representante presidencial
*.- Empresarios también exigen investigación
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 (AFN).- Tanto que lo acusaron y que por tres años dejaron correr las versiones y denuncias en el sentido de que Carlos Bustamante Anchondo se benefició con el “negocio de las luminarias”, y al final de una muy extensa investigación, la sindicatura Procuradora del ayuntamiento actual, a cargo de Arturo Ledezma Romo, no le encontró responsabilidad, ni tuvo manera de ligarlo a este caso que enfrentó a dos alcaldes priístas, y que tiene muy molesta a gran parte de la ciudadanía.
Carlos Bustamante, por su parte, siempre insistió en que el tema era político y en su defensa argumentaba que de haber tenido responsabilidad en este caso, no hubiera denunciado a los propietarios de la empresa a cargo de ese tema, ni que tampoco les hubiera exigido el pago del 100% de la fianza. Además advertía que si este ayuntamiento perdió el caso, es que aceptó pagar a los responsables, en lugar de continuar con el juicio.
Ambos políticos priístas se han señalado y acusado mutuamente, sin embargo el expediente de 311 páginas desarrollado por la sindicatura a cargo de Ledezma Romo, encontró como principal responsable al extesorero Sergio Rosete Weben y entre los implicados al director del departamento jurídico, Roberto Ordorica Ruiz, además de poco más de una docena de funcionarios menores, imponiendo en ciertos casos como sanción, una “inhabilitación para obtener y ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público”, por dos y un año. A otros sí les impuso una sanción económica.
Después de que nuestro reportero del barrio se enteró de que ya se había cerrado la investigación de la sindicatura, con mucho trabajo logró conseguir información precisa en torno a este asunto que quedó bajo el expediente número EXP/111/2015, en el que son mencionados los exfuncionarios encontrados culpables, así como las sanciones establecidas.
Dentro del mismo aparecen como responsables: Alejandro Sánchez Gámez, jefe del departamento de Alumbrado Público y Semáforos; Juan Enrique Bautista Corona, residente de Supervisión de Obra de Alumbrado; José Francisco Barrón Macías, director de Servicios Públicos Municipales; Óscar Lino Sanabia Peinado, Oficial Mayor municipal; Fernando Francisco Esparza Rosete, subdirector de Construcción de la dirección de Obras e Infraestructura Urbana; Roberto Ordorica Ruiz, director de la Consejería Jurídica municipal; José Daniel Trujillo Ordorica, director Jurídico Consultivo; Fernando Iván Muñoz Avendaño, jefe de Alumbrado Público de la delegación Sánchez Taboada; Jaime Baliño Zúñiga, encargado de Alumbrado Público de la delegación Mesa de Otay; Juan Gerardo Torres Cruz, encargado de Alumbrado Público de la delegación Centenario; Alfonso Sánchez Arballo, supervisor de Limpia y Mantenimiento de la Delegación de la Mesa; Ricardo Valadez Martínez, representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la Delegación de la Mesa; Felipe Lozano Ziranda, representante de la delegación de San Antonio de los Buenos; Sebastián Aguilar Cruz, representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la delegación Sánchez Taboada; José Manuel Orozco Pérez, representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la delegación Cerro Colorado; Marco Antonio Sánchez Estrada, jefe de Alumbrado Público de la delegación Playas de Tijuana; Abel Alfonso Cantabrana, representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la Delegación la Presa; Pedro Pérez Gómez auxiliar de Alumbrado Público de la delegación San Antonio de los Buenos y Sergio Antonio Rosete Weben, Tesorero municipal.
A Sergio Antonio Rosete Weben con más de tres décadas de experiencia, quien incluso trabajó en el gobierno de Roberto de la Madrid Romandía, la sindicatura Procuradora le impone una inhabilitación por dos años aunque no lo sancionan de manera pecunaria, ya que establece que se comprobó que no obtuvo ningún beneficio económico, aunque sí, por la experiencia y el tiempo que tenía dentro de la administración, se dice, fue responsable por haber permitido la firma de contratos sin que hubiesen pasado por mesas de adquisiciones.
Al jefe de Alumbrado Público, Alejandro Sánchez Gámez le establece una suspensión consistente en la separación temporal de su cargo, empleo o comisión en la administración pública, por el término de 10 días, con la privación del derecho a percibir remuneración o cualquier otra prestación económica a que tenga derecho, entendiéndose que continúa en el cargo. Sobre Juan Enrique Bautista Corona, residente de supervisión de obra del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público, a él si se le considera responsable administrativamente, por lo que se le impone una suspensión, consistente también en la separación temporal de su cargo, empleo o comisión en la administración pública, por el término de 15 días, también con la privación del derecho a recibir cualquier remuneración económica o prestación a la que tenga derecho.
Al director de la Consejería Jurídica en aquella administración, Roberto Ordorica Ruiz se le inhabilita por dos años, por lo que no puede ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Sobre José Daniel Trujillo Ordorica, ex director Jurídico Consultivo, se dice que también es responsable administrativo y se le inhabilita por un año. Al entonces encargado de Alumbrado Público en Mesa de Otay, Jaime Balinio Zúñiga se le inhabilita por tres años y se le aplica una multa de $965,686 pesos, porque se advierte que éste es el valor que corresponde al perjuicio que causó a la hacienda pública municipal. A Juan Gerardo Torres Cruz, encargado de Alumbrado Público en la Delegación Centenario, se le inhabilita por dos años y se le condena a pagar 295,684.06 pesos. Alfonso Sánchez Arvallo, entonces supervisor de Limpia y Mantenimiento de la Delegación la Mesa se le inhabilita por un año y se le obliga a pagar $70,460.25 pesos.
Ricardo Valadez Martínez, quien fue jefe de Obras y Servicios Públicos en La Mesa, también es inhabilitado por el término de un año y deberá pagar $9799.02 pesos. Felipe Lozano Ziranda, representante de la delegación de San Antonio de los Buenos, en la recepción de material con vida útil, es inhabilitado por un año y deberá pagar $28,184.10; Sebastián Aguilar Cruz jefe de Obras y Servicios Públicos en Sánchez Taboada, también fue inhabilitado por un año y deberá pagar $13,108.00 pesos; José Manuel Orozco Pérez, con el mismo cargo pero en Cerro Colorado, deberá pagar $14,889.42 y será inhabilitado por un año. Marco Antonio Sánchez Estrada, jefe de Alumbrado Público en Playas de Tijuana, fue inhabilitado por dos años y tendrá que pagar $992,280.50.
Abel Alfonso Cantabrana, jefe de Obras y Servicios Públicos en la Presa, deberá pagar $66,482, y también queda inhabilitado por un año. Pedro Pérez Gómez, auxiliar de Alumbrado Público en San Antonio de los Buenos, quedará inhabilitado por un año y deberá pagar $40,397.21. Y Antonio Rosete Weben, no podrá obtener un cargo en los próximos dos años.
No fue posible obtener el dato de Óscar Sanabia Peinado, sin embargo, aquí será importante saber cuál fue la determinación, ya que se presume que al igual que los anteriores debió haber sido inhabilitado, y desde hace unos meses, este funcionario figura dentro del organigrama de la nueva jerarquía de Infonavit.
*.- Se enoja el representante presidencial
Tal vez para algunos habrá pasado desapercibido, sin embargo el subsecretario de Economía, Rogelio Garza Garza, quien vino con la representación del presidente Enrique Peña Nieto a la 43 Convención Nacional de Index, que se celebró en Rosarito, se retiró bastante molesto, según advirtieron algunas fuentes.
Y es que Garza traía la encomienda de ofrecer un mensaje del mandatario a los empresarios reunidos en ese evento nacional, sin embargo se quedó con la pura intención, ya que ocurrió un hecho que primero lo sorprendió, y luego lo molestó, a tal grado que al retirarse dejó las hojas de su discurso, en el salón donde se celebró este importante evento.
Según el reportero del barrio, el programa protocolario se estaba desarrollando dentro de lo establecido, y como es costumbre, el funcionario de más alto nivel, en este caso el representante del presidente, cerraría el evento con un mensaje del mandatario. Pero llegó el momento de que hablara el gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid, que para quienes no saben, ya regresó de su viaje de Estados Unidos.
El ejecutivo estatal se levantó de su asiento y empezó a platicar con los asistentes, a los que les “recetó” de nueva cuenta su mini informe, como lo ha hecho ante otros grupos, y como lo han repetido sus principales funcionarios. Sin embargo, tal parece que el gobernador traía sus pensamientos en otra parte, que hizo algo inesperado.
Al concluir su mensaje, el gobernador dio por clausurada la ceremonia de inauguración del Congreso: “siendo las…” Dejando boquiabiertos a varios de los asistentes, y principalmente a Garza Garza. Tal parece que el mandatario estatal se dio cuenta al final de su error porque llamó al funcionario Federal para que lo acompañara en una fotografía al templete, cosa que el representante presidencial hizo por atención, pero estaba más que visto que se había molestado y luego se retiró.
*.- Empresarios también exigen investigación
Ahora fueron los empresarios de la entidad, los que a través de una conferencia de prensa conjunta celebrada este día en Tijuana, demandaron una investigación, por parte del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, sobre lo denunciado por 42 periodistas de Baja California.
Fue el ex presidente de ese organismo, Juan Manuel Hernández Niebla, quien a nombre de la Comisión Democrática de Coparmex hizo el pronunciamiento señalando la necesidad de que se inicien “acciones prontas” para que se investigue, se sancione y castigue a quienes dentro de su equipo están actuando de esta manera.
Del gobierno del Estado insisten en que no existen tales actitudes, que se mantiene el respeto, y que se permite la libre expresión en Baja California, sin embargo algunos “voceros oficiosos” le están haciendo el favor al “director de imagen” Jorge Alberto Cornejo Manzo al difundir que todo se reduce a un problema de dinero, porque supuestamente todos los que firmamos la mencionada carta hemos exigido grandes cantidades de efectivo, y que al no lograrlo, hemos decidido actuar de esta manera.
Incluso traen hasta una “listita” de lo aseguran que cada uno “hemos pedido”, en algunos casos “arriba del millón de pesos”, y “eso es todo el pex”, dicen. Para ellos todos somos “pasquineros”, que no alcanzamos los niveles necesarios en nuestras estadísticas según ComScore, que es el instrumento que aseguran que manejan. Entonces ahí tienen una primera fórmula para ver cómo es que se está manejando esa dirección, pidiendo que cada medio presente sus estadísticas, y que se cotejen con las que ellos dicen tener.
Que a partir de ahí expliquen por qué y cómo seleccionan los medios con los que el gobierno del Estado decide trabajar, para determinar la “política” que se está siguiendo. Y reitero: no se trata de dinero ni de contrataciones, como lo señalamos hace un par de días a un representante del gobierno estatal que ofreció que este problema de actitudes gansteriles las iban a abordar, y revisar, aunque sin aceptar que eso está ocurriendo. Lo que se busca es que se ponga freno, de una vez por todas a ese tipo de actitudes, y sólo se logrará, revisando los manejos.
De hecho los empresarios pidieron que en la investigación que se realice, intervenga un grupo independiente, liderado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que el gobierno del Estado “no sea juez y parte”.
Al margen de eso, el gobernador con un poquito de curiosidad, podría preguntarse ¿cómo podría trabajar el encargado de imagen de su gobierno, si 42 periodistas, que no “pasquineros”, con los que debe tener excelente relación, lo denuncian de prácticas indebidas? Todos… absolutamente todos ¿son corruptos? ¿Por qué todos coincidieron en las denuncias? ¡Ah, ya se! Siguiendo el ejemplo de nuestro señor Presidente, todos nos levantamos un día pensando en cómo jo… al prójimo.
PD.- Además el protocolo les falló a los organizadores de la convención de Index, ya que al alcalde Jorge Astiazarán Orcí, quien ofreció un discurso como anfitrión en esta ciudad, se le ubicó en la segunda fila de sillas. Está bien que ya casi vaya para afuera, pero sigue siendo el alcalde.
PD1.- Probablemente el gobernador estaba pensando en la denuncia pública que periodistas de Baja California le hicimos, y que ha sido respaldada por importantes grupos y actores de nuestra sociedad, que también están demandando transparencia en las políticas de comunicación, así como un cese en las prácticas indebidas.
PD2.- Y es que insisten en no hacer nada, y por lo tanto se advierte que al inicio de la semana, el funcionario señalado estará diciendo través de un par de medios que lo que sucede es que todo se reduce un problema personal con él.
PD3.- La Procuradora del Estado Perla del Socorro Ibarra Leyva ya anunció que se investigará la denuncia pública hecha por periodistas, aunque el contralor estatal Bladimiro Hernández Díaz no ha dicho “esta boca es mía”, y para poder llegar a conclusiones debe hacerse todo a la par, y con la presencia -como se ha pedido- de una instancia independiente como sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
PD4.- Este día se hizo un recorrido más en las modernas unidades del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) para mostrar las bondades del mismo, y según dicen al reportero del barrio, fue invitado el alcalde electo Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien no asistió, tampoco nadie de su equipo, y lo peor del caso -señalan- no se les dio una explicación del porqué de la ausencia.
PD5.- Por cierto, mañana estará en Tijuana el director nacional de Infonavit, David Penchyna Grub, quien atenderá una serie de actividades por esta frontera y dará a conocer los programas que vienen desarrollando.
