Tijuana BC 23 de septiembre de 2014 (AFN).- El Colegio de Abogados "Ignacio Orihuela" envió desde el pasado 19 de este mes una carta al diputado estatal Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, en su calidad de presidente del Congreso local, en la que le manifiestan su total desacuerdo al proyecto de reforma a la Constitución del Estado, del diputado Verde, Fausto Gallardo, con lo que se pretende modificar lo referente al Consejo de la Judicatura.

 

En esa carta se informa que los abogados, por unanimidad de votos, están en desacuerdo con el proyecto, como lo estuvieron -desde su creación- toda vez que lo consideran innecesario y que resultará sumamente costoso, además de que no ha contribuido a mejorar la administración de justicia, y que, por el contrario, entorpece su marcha con los constantes enfrentamientos de los consejeros con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

 

Y no solamente eso, sino que también establecen que, hasta la fecha, la designación de los consejeros ha respondido más a intereses político-partidistas y no jurídicos.

 

Además, como para que no existan dudas, también afirman que esas personas que han sido y son designadas, tanto por el Congreso como por el gobernador en turno, "no reúnen el perfil necesario y suficiente para desempeñar tan delicada encomienda". Y ya sobre el proyecto de reforma, los abogados advierten que lo encuentran inmotivado e intrascendente.

 

Finalmente, entrando en la materia que ha provocado controversia en los últimos días, los abogados advirtieron en lo que se refiere a una propuesta de que los actuales consejeros se mantengan durante dos años más, que no tiene fundamento legal ni razón jurídica alguna, además de que carecen de una labor desempeñada para permanecer en ese puesto, ya que añaden que no han demostrado en los hechos el que hayan ayudado con su intervención a la impartición de justicia en el Estado.

 

De hecho, se refieren a Carlos Jiménez y a Andrés Garza, priístas que técnicamente concluyen su gestión el 30 de noviembre de este año.

 

Después de varios días de la "corrida", y no precisamente de toros, dentro del área de cultura municipal, apareció el secretario de Desarrollo Social, Javier Camarena Salinas, para decir que no hubo tal sino que se trató de enroques para mejorar la calidad en este sector.

 

Es muy comprensible que haya querido salvar la situación que generó la torpe actuación del director del Instituto Municipal de Cultura (IMAC), sin embargo, es poco creíble que casi a dos semanas de haber trascendido lo ocurrido ahora salga con que Jorge Domínguez y Marco Antonio Labastida renunciaron voluntariamente; el primero por asuntos personales a la Casa de la Cultura en Playas, y el segundo en la Casa de la Cultura de la colonia Altamira para irse de asesor del alcalde, en materia sin saber para lo que dimitía.

 

Sobre Flores Campbell -quien ya regresó loco de contento de Colombia- no dijo nada, aunque se puede deducir que lo mantienen en el cargo, pero en el caso del familiar del escritor Federico Campbell sí hay situaciones extrañas.

 

Los maestros y la comunidad cultural esperaban que la coyuntura que se presentaba con esa actuación de Flores Campbell, el alcalde y Camarena Salinas la aprovecharan para, ahora sí, enderezar entuertos en este sector tan importante.

 

El diputado Alberto Martínez Carrillo está demandando acelerar una auditoría en la Secretaría de Educación del Estado, donde presume que no están muy claras las cuentas ni los destinos que han tenido los recursos.

 

Por esto, el diputado se reunió con el titular del Órgano de Fiscalización (Orfis), Manuel Montenegro Espinoza, para que le den celeridad a la petición, que fue demandada hace como un mes.

 

El hecho es que siguen los problemas para la titular María del Rosario Rodríguez Rubio, que después de no poder solucionar los conflictos de los maestros, ahora se duda de su capacidad como administrativa, ya que dice el legislador que no puede ser que se diga que no tiene dinero para pagarles cuando tienen un presupuesto asignado para este compromiso.

 

Y mientras tiene una respuesta del Orfis, el legislador dice con suspicacia: "no queremos pensar que hay desvío de dinero, pero al no estar claro el tema se pueden pensar muchas cosas".

 

Para quienes no lo ubican, Martínez Carrillo llegó al Congreso por el Partido Nueva Alianza (Panal).

 

PD.- Todo hace suponer que el proyecto de sacar el tema de la Judicatura no fue consensuado con todos los diputados, sobre todo con los del PAN.

 

PD1.- Pero no hay que olvidar que con priístas tan interesados, se reunió a comer Salvador Morales Riubí, secretario particular del gobernador.