Yolanda Enríquez de la Fuente, Síndico Procurador del 20 Ayuntamiento, refirió que sigue su investigación interna contra policías que presuntamente abusaron de una mujer en la Presa, y que no le preocupa que el Congreso del Estado pudiera considerar “procedente” un juicio político en su contra, después del multicitado aviso en ese sentido. 

 

Enríquez de la Fuente, se presentó este miércoles 6 de julio en entrevista especial con Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, donde afirmó que cuenta con un buen equipo de abogados y que está preparada para responder y defenderse. 

 

Aparte, dijo que “todas las quejas y denuncias se atienden” y que la gente debe tener más paciencia e insistir en dar seguimiento a cada caso, ya que son pocos los empleados y muchos los trámites por atender. 

 

También señaló que en una revisión al programa de arrastre, se detectaron 2 mil vehículos no registrados en corralones y pide a ciudadanos recuperarlos. 

 

AFN aprovechó para abordar con ella los temas que tienen que ver con su “juicio político”, el trabajo que se realiza con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana; las denuncias que recibe y los trabajos que se hacen de supervisión en otras oficinas municipales. 

 

Todas las denuncias se atienden 

 

Además de solicitar paciencia a la gente que acude a Sindicatura a interponer una queja o denuncia contra algún servidor público municipal, ya que apenas cuentan con 25 empleados para el área de responsabilidades y la revisión de las declaraciones patrimoniales, Enríquez de la Fuente dijo que “todas las denuncias se atienden” y que la mayoría de éstas, muchas aún en espera, son contra agentes policiacos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). 

 

“Nos encontramos como 160 expedientes que estaban allí que no habían sido ni turnados, y eran de policías y otro tanto de procesos diferentes, pero para nosotros todos los casos son importantes”, comentó. 

 

Antes del 2009, dijo, el Síndico tenía facultades para sancionar a los agentes o separarlo definitivamente del cargo, pero con las reformas de Ley realizadas en esa fecha a nivel federal y estatal, sólo les corresponde integrar los expedientes y turnarlos ante la Comisión de Desarrollo Policial. 

 

“Solamente cuando son quejas menores y podemos imponer correctivos, en faltas menores, lo más que podemos hacer es suspender temporalmente, llevamos alrededor de 33 policías suspendidos temporalmente”, expuso Enríquez de la Fuente. 

 

Indicó que se reciben un promedio de 80 quejas o denuncias por mes por diversas faltas, aunque han detectado casos en que el quejoso falta a la verdad y así se les informa, sin contar que cada situación pasa por diversos filtros para definir si hay elementos para actuar contra los empleados municipales. 

 

Policías y Síndico “en capilla” 

 

Cuestionada sobre si también existe “relajamiento” en la actitud de policías municipales, tras tres años de estar al frente el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, la Síndico aceptó que sí hay más casos de malas acciones y presuntas conductas delictivas, como fue el denominado “table escándalo” de la Presa, donde obligaron a bailar y denudarse, videograbaron y abusaron sexualmente de una detenida. 

 

Sobre el sonado caso, Enríquez refirió que la sindicatura conoció del mismo el pasado 15 de abril, cuando un agente municipal identificado como Noé Gaytán, solicitó por escrito que lo cambiaran del distrito La Presa porque se sentía incómodo con su trabajo y sus jefes inmediatos. 

 

“Sobre su situación, al final pone: Porque además no puedo respetar a mi jefe que mete mujeres, que las manosea, y tengo un video de ello”, recordó la Síndico; pero cuando fue requerido para mostrar dichas imágenes eso no fue posible, y el tiempo fue pasando. 

 

Enríquez agregó que la carga de trabajo y el hecho de que los afectados no acuden a ratificar sus denuncias o tardan, hace que las investigaciones se retrasen; esto ocurre en otros casos igual de graves contra policías como señalamientos de niños arrollados o personas golpeadas. 

 

Al dar seguimiento a la queja del policía, comentó, Sindicatura abrió un expediente y solicitaron toda la información para saber lo que ocurrió el 2 de marzo del 2010 cuando “metieron a una mujer a bailar table-dance”, pero no pudieron suspender a nadie en ese momento porque los asistentes traían pasamontañas y sólo se escuchan sus voces y risas. 

 

Para poder actuar contra los agentes, agregó, se deben juntar más pruebas, revisar reportes de asistencia firmados, roles de servicio, y corroborar todos los datos para accionar. 

 

“Tenemos que hacer una investigación como en el Ministerio Público; y si se les detiene infraganti es claro que allí se quedan (detenidos) (…). La Sindicatura es lenta, sí, esa es su naturaleza”, comentó. 

 

Respecto al anuncio ya conocido y las consecuencias y repercusiones del caso, que derivaron en la suspensión de 15 agentes y la solicitud de un juicio político contra ella, Enríquez manifestó que todas sus acciones están detalladas y constan en oficios, con fechas, horas y formas; y con ello demostrará que sus acciones están apegadas a la Ley. 

 

“Me siento muy tranquila, la verdad es que legalmente nosotros tenemos los elementos (…); la parte acusadora, yo quiero ver con qué va a aprobar que yo no hice mi trabajo, yo si tengo los elementos probatorios, ellos, con una nota de periódico”, indicó. 

 

2 mil autos no registrados en corralones 

 

Sobre el programa del servicio de arrastre de vehículos a corralones, lo cual Sindicatura ha denominado RESA, o Reestructuración del Servicio de Arrastre, Enríquez de la Fuente señaló que era, y es, un servicio que resultada muy caro para los ciudadanos, lo que fue posible mediante una reforma a la Ley de Ingresos; ahora, el cobro es de un salario mínimo correspondiente a 480 pesos, y no de 800 pesos como antaño. 

 

Además de mencionar que hay un programa piloto que echaron a andar en la delegación Zona Centro para el arrastre de unidades, donde esta vez el agente de tránsito hará el reporte a la central C4 antes que a la grúa, habrá más facilidades para que se paguen las multas y para detectar vehículos con reporte de robo, entre otras ventajas de dicho proyecto. 

 

“Nos metimos a hacer un inventario de los corralones, y en esta realidad encontramos 2 mil vehículos que no están en el sistema y que se encuentran en el corralón”, situación que atribuyó a que existía un “relajamiento” por parte de la operatividad desde la intervención de los agentes de tránsito, los responsables del arrastre, así como las formas y registros de almacenamiento y devolución de los empresarios. 

 

“Ya tenemos mil 200 o mil 300 capturados en un sistema de autos, hay muchos quizá desaparecidos desde hace uno o dos años”, expuso, y recomendó a sus propietarios buscarlos en los registros de la Sindicatura para poder pedir la devolución, ahora con mayor facilidad, “porque las unidades no son de los concesionarios y deben ser devueltos”. 

 

En el caso de los vehículos detectados en la vía pública o de alguna forma arrastrados y que resultan con reporte de robo, hay un acuerdo formal para que dichas unidades sean llevados a un espacio determinado, ya bajo el control de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

 

Sobre funcionarios inhabilitados 

 

En el caso de los funcionarios de la pasada administración que fueron inhabilitados por ella, explicó que en este caso como ya están fuera de gobierno ya no se les pueden aplicar medidas correctivas como a los funcionarios actuales, sino sanciones, tal y como hizo en este caso. 

 

Afirmó que en el caso muy particular de Gustavo Lemus -que además remitió al Ministerio Público- no presentó ningún documento que permitiera comprobar que estaba laborando en el tiempo en que se dijo que percibió ingresos sin trabajar. Por el contrario, durante ese lapso, solamente aparecen documentos donde firma Mario Bórquez, quien fungía como Director interino de Reglamentos, de donde Lemus fue removido como consecuencia de una grabación que difundió en exclusiva AFN, en la que se revelaba el entonces funcionario, la participación del presidente de la república y del gobernador del estado, en la campaña panista de Carlos Torres, por la presidencia municipal.