AFN POLÍTICO 

Dora Elena Cortés
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TIJUANA BC 2 DE JULIO DE 2025 (AFN).- Me queda claro que el oficial mayor del gobierno del Estado David Ramsés Cervantes Aguilar ha gozado hasta el momento de toda la confianza de la administración estatal y también, según el reportero del barrio, no se encuentra (por lo menos también hasta ahora) en la "lista negra" de aquellos funcionarios que deberán salir o ser removidos para ser enviados a otra responsabilidades, cuando todavía faltan cambios por hacerse dentro del gabinete de Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

Pero tampoco se puede ignorar que este funcionario ha quedado en medio de una "tormenta" por la responsabilidad que se señala a la clínica médica de su padre, el doctor David Cervantes Torres por el caso de negligencia médica o mal manejo en la atención del niño Martín González González, quien falleció en 2023, después de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, producto del bullying que sufrió mientras jugaba fútbol en su escuela primaria Eucario Zavala Álvarez, por parte de otro u otros alumnos.

Y usted podría decir ¿Por qué su hijo, el funcionario público, debe enfrentar problemas por un tema que corresponde a su padre?

La respuesta sería: porque el gobierno estatal le habría extendido un contrato, según dicen los familiares, para atención médica de los estudiantes en instrucción básica, siendo precisamente, David Cervantes, el oficial mayor, el encargado de esos temas.

Sin embargo, la gobernadora Marina del Pilar dijo este día que es la compañía de seguros con la que hicieron el contrato la que establece las clínicas y hospitales en que pueden ser atendidos, lo cual tendría que aclararse en su totalidad, porque de lo contrario, Cervantes Aguilar estaría incurriendo en conflicto de intereses por favorecer a familiares y eso ya sabemos cómo termina, cuando se involucran dentro del sector público. 

Pero aceptemos que no es directamente el gobierno del Estado el que contrató a la clínica para atender a los niños en instrucción básica en Mexicali. Eso no quita que el gobierno de Ávila Olmeda revise con mayor cuidado la labor de su colaborador, ya que se cuentan muchas historias sobre su actuación dentro de esa oficina gubernamental, no obstante que ha sido cuidadoso para mantener un bajo perfil evitando así que no se le acerque a los reflectores, ni a los medios de difusión. 

Pero esto que ha pasado con el caso del niño González González es tan escandaloso que, desafortunadamente, lo coloca en el centro de la atención ya que se habla de graves omisiones que llevaron a la pérdida de una vida que apenas empezaba, lo cual ya es demasiado triste. 

Y claro que es difícil determinar si el menor hubiese muerto o no como consecuencia de todos esos hechos que se dieron sucesivamente, a partir de la agresión de los otros menores, pero cuando menos los padres habrían quedado satisfechos si la atención en esa clínica en la que se publicita que "siempre están listos para actuar ante cualquier emergencia, ya que disponen de equipo de última generación" hubiesen sido profesionales.

Según han denunciado los padres del menor, al niño no se le dio la atención debida, a pesar de que el médico que lo atendió habría dicho (en primer lugar) que le harían una tomografía, para luego despacharlo sin someterlo a esta y tan solo, con una receta en la que le sugerían la toma de algunos medicamentos. 

Este día, por cierto, la reportera Jesusa Cervantes, una colega con mucha experiencia, hizo un amplio reportaje en el que consigna esas omisiones y presenta documentos oficiales para sustentar su dicho, concluyendo además con algo sumamente preocupante: que hubo alteración de los reportes entregados por el director de esa clínica a las autoridades, incluso difiriendo en datos esenciales en los reportes entregados a la propia gobernadora Marina del Pilar y a la fiscalía Estatal encabezada por María Elena Andrade Ramírez. 

Además, en este caso el gobie5rno del Estado está quedando en entredicho, ya que no se ha procedido a la investigación correspondiente al área médica y no han sido llamados a declarar ni el padre del oficial mayor del médico que trató al niño ni tampoco la enfermera que le recibió, lo que muchos consideran que es precisamente por una deferencia al hombre, que es el progenitor del colaborador estatal. 

Y es que, aunque pudieran decir que la fiscalía es autónoma y que el gobierno de Baja California no interviene en sus investigaciones, es sabido que la fiscal además de la obligación que tiene de ordenar la investigación, con gusto lo haría si recibiera una petición en ese sentido de la mandataria estatal que, por cierto, ya se ha manifestado en otros temas en los que sí ha pedido que hagan su trabajo. 

Y ahora, en este caso en el que solamente la justicia se ha aplicado a través del maestro, por omisión de cuidados, no hemos escuchado (por lo menos en mi caso) qué ha sucedido con aquellos que fueron los agresores y que dieron el primer paso para esta fatalidad. Aunque también son niños, no por eso deben de ser exonerados a priori y no ser sometidos a la justicia que tiene leyes para menores.

ANA Y CONDA.- ¿Qué tal? Para que vean ¡Sí pisó territorio estadounidense!

PD.- Con esto queda establecido que a nivel oficial Estados Unidos mantiene relación diplomática con la gobernadora de Baja California.

PD1.- También en el evento del consulado, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz y la síndico procuradora, Teresita Balderas.

PD3.- Por cierto ¿Para cuando los cambios que faltan dentro del Gobierno del Estado? Falta menos...

PD4.- Seguramente la fiscal dirá que al maestro lo sentenció el Poder Judicial y que ahí ella no interviene.

PD5.- Sin embargo, hay que precisar que el juez -para tomar una decisión- se basó en el expediente que debió remitirle el Ministerio Público, con pruebas de las investigaciones de la fiscalía.