*.- Acusan panistas a Kiko por enriquecimiento ilícito
*.- Dentro de la denuncia presentada ante la FGR en Tijuana 
*.- Las “pruebas” y nombres citados en la denuncia nacional

PD.- Hoy a la una de la tarde, entrevista en el programa AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS, con el delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. 

DORA ELENA CORTÉS
[email protected]

TIJUANA BC 18 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- DE ÚLTIMA HORA: Hago un cambio a la columna presentada ayer, porque olvidé comentarles algo que el reportero del barrio me adelantaba como una posibilidad, y por aquello de que pudiera ser cierto y convertirse en una realidad en las próximas horas -digamos- se los refiero; ya veremos qué tan acertado estuvo.

Según esto, se decidió poner al frente de las direcciones de policía en Baja California a militares, y esto podría ocurrir en los municipios de Ensenada y Tecate, y según esto se había considerado que también sucediera en Rosarito, pero por alguna razón no se habría podido concretar para este martes.

Al parecer, esta medida tendría que ver con la necesidad de dar un mayor combate a la delincuencia y criminalidad que en Baja California no cede, y en forma coincidente, con la aprobación que recientemente se dio para una mayor presencia castrense en tareas de seguridad; ¿Será que se dará un ensayo en la entidad?

*.- Acusan panistas a Kiko por enriquecimiento ilícito

Recordarán que en los días recientes, a raíz de la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Baja California, se presentaron por lo menos dos denuncias penales, en contra no solamente de quienes participaron de una o de otra forma para establecer la actual gubernatura en un período de cinco años, sino también, en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez y el ex gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid.

Los promotores de esas denuncias bien saben que no van a proceder, según lo han comentado algunas fuentes, porque como ellos mismos lo han señalado –también- en entrevistas “se pretendía trastocar el orden constitucional” o sea que no se consumó el delito, además de lo dicho por el propio Presidente de ese máximo Tribunal, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al señalar que al hablar de fraude no hablaba de un delito, y dio a entender que la única consecuencia que podrían tener sería “el castigo con el voto”. 

Que si los involucrados deben tener algún “castigo moral”, o señalamiento público, podría ser otra cosa, y ya cada quien tendrá sus consideraciones al respecto con base a lo establecido por los 11 ministros de la SCJN, pero en lo que se refiere a lo legal, así está la situación, lo cual no fue obstáculo para que se presentaran las denuncias, y sobre esas queremos abundar este día.

Ya les habíamos comentado que en todo este asunto, en una de las denuncias incluyeron a Kiko Vega, por lo que ahora no fue el gobierno del Estado de Jaime Bonilla Valdez el que lo acusó de “enriquecimiento ilícito” sino que lo hicieron panistas y ex militantes del partido blanquiazul, poniendo como prueba la mansión en Cumbres de Juárez, que recientemente fue cateada por elementos estatales, en busca -se dice- de documentos, aunque también, el mandatario Estatal señaló que habrían estado buscando  a Kiko y a su esposa Brenda, porque han ignorado dos llamados oficiales.

Y no sólo eso, sino que, en esta denuncia, además de advertirse un posible “enriquecimiento ilícito” también se establece que el ex gobernador podría haber realizado “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La denuncia en contra del ex gobernador Kiko Vega la hicieron dentro de la querella que recientemente presentaron militantes y ex militantes del blanquiazul, y algunos simpatizantes, ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuando acusaron al actual gobernador, a diputados, ex diputados, regidores y ex regidores de los ayuntamientos de Rosarito, Ensenada y Tecate, por haber sido parte de la aprobación de la Reforma de ampliación del término de la gubernatura 5 años.

De hecho, no fueron muchos los denunciantes, pero sí muy conocidos: Sócrates Bastida Hernández, Rodrigo Robledo Silva, Marco Antonio González Arenas, Juan Marcos Gutiérrez González -como asesor jurídico- Héctor Osuna Jaime, Germán Martínez Moreno, Araceli Alicia Guzmán Ibarra, Marcia Guzmán Ibarra, Gustavo López Estrada, Raúl Zúñiga Rivas, Gustavo Dávila Rodríguez, Antonio Navarro Zúñiga, Cuauhtémoc Cardona, y otros.

En el documento de 23 hojas que presentaron ante la autoridad federal, se establece como un indicio de la supuesta corrupción que dicen que imperó en el caso de la ampliación del término de la gubernatura, la residencia del ex gobernante en Tijuana, no obstante que esta empezó a ser construida casi desde el inicio de su administración.

En la página 9 de la querella, se advierte que la sola aparición de un inmueble “cuyo valor es inusitado e incongruente con los recursos recibidos en el período 2013 a 2019, por el ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ya se debe investigar un presumible enriquecimiento ilícito”. La sola existencia de la mansión relatada –insisten- es dato de prueba suficiente, para investigar el presunto enriquecimiento ilícito.

Junto con esto señalan el artículo que habla precisamente de este delito, y que establece que será sancionado quien “con motivo de su empleo, cargo, o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito”, y se dice que este existe: “cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de los bienes a su nombre, o de aquellos respecto a los cuales se conduzca como dueño”, entre otros aspectos.

Siguiendo con el caso de Kiko Vega, se advierte que existe el dato de prueba “incontrovertible, público y notorio de la propiedad atribuida al exgobernador y a su familia, implicando el delito de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En la denuncia de 23 páginas, se concluye que los servidores acusados “se pusieron de acuerdo para aprobar una reforma legal Estatal, y que este  acuerdo no solamente resultó inconstitucional, sino que fue anulado por la Suprema Corte”; se dice que la coalición de servidores públicos tuvo como objeto actual -de forma contraria a la Constitución Federal de la República: “impedir la aplicación de una norma vigente; que existen indicios, móvil y datos de prueba suficientes, para creer que el gobernador actual y el anterior utilizaron sus relaciones e influencias para gestionar la anticonstitucionalidad de la Reforma mencionada, para beneficiar al primero; y que hay datos de que pudieron haber existido pagos o beneficios ilegales, para los legisladores, que implican delitos financieros y fiscales”. No indican cuáles son. 

En esta denuncia que va por: Coalición de Servidores Públicos; Tráfico de Influencias; Lavado de Dinero; Enriquecimiento Ilícito, y los que resulten” se destaca que quienes votaron en contra fueron los panistas Eva María Vázquez Hernández y Miguel Antonio Osuna Millán.

Igual, en esa denuncia -y después de darse antecedentes de las acciones que llevaron a esa ampliación, se solicita que se hagan investigaciones patrimoniales y de operaciones financieras por las denuncias públicas que se realizaron en su momento sobre pagos ilegales a legisladores “por votar a favor de esa reforma, hoy declarada inconstitucional”,

*.- Las “pruebas” y nombres citados en la denuncia nacional

Por lo que se refiere a la denuncia presentada por la dirigencia nacional ante Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP, ahí se incluyó a todos los legisladores que efectivamente votaron a favor de la ampliación de la gubernatura de Baja California,  y presentaron como posibles indicios de que pudieron haber recibido dinero por esto, algunas publicaciones noticiosas que corresponden: a El Heraldo de México, que señala que “Habrían recibido diputados hasta 400,000 dólares por aprobar la ley Bonilla”; otra es de  Sin Embargo, con el título de “Los diputados que aprobaron la ley Bonilla recibieron de 200 mil a 400 mil dólares: Martínez Veloz; una más de “La Otra Opinión”, que advierte: “Bonilla sobornó a diputados con 200, 300 y 400,000 dólares para ampliar su mandato: PRD, también basado en declaraciones de Jaime Martínez Veloz; y una más de Monitor Económico que establece que “Hasta 400,000 dólares pagaron a diputados que aprobaron la Ley Bonilla” acusan.

En el documento de 7 páginas presentado el 13 de mayo en contra de ex diputados federales que aprobaron la reforma en Baja California, Raymundo Bolaños Azúcar y Sergio Sigüenza Escamilla, como abogados de Marko Cortés, hacen una anotación, en el sentido de que el diputado Miguel Antonio Osuna Millán -también del PAN- mantuvo un pronunciamiento en contra del procedimiento realizado, además de que manifestó que anularía su voto, por lo que establecieron que “no es sujeto señalado en esa denuncia”, y aprovechan para indicar también, que los diputados señalados como pertenecientes al grupo parlamentario de Acción Nacional “fueron expulsados”, y que en los casos restantes, no tienen militancia activa Mónica Hernández Álvarez “La Chula” y María Trinidad Vaca Chacón, aunque eso a la UIF. no tendría que interesarle mucho, por no ser una autoridad electoral.

En la denuncia que presentan para que sean investigados los ex legisladores que entonces pertenecían al PAN, sí son presentados con su nombre, bajo esa fracción parlamentaria y en el listado se incluye a los que están en otros partidos, y que igual votaron a favor.

La lista presentada inicia por Carlos Torres Torres; Iraís Vázquez Aguilar, Alfa Peñaloza Valdez; Raúl Castañeda Pomposo; Ignacio García Dworak; José Félix Arango Pérez; Sergio Tolento Hernández; Mónica Hernández Álvarez y María Trinidad Vaca Chacón, por el PAN, además: Alejandro Arregui Ibarra; Marco Antonio Bolaños Cacho; Edgar Benjamín Gómez Macías; Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López, del PRI; por Morena anota a Victoria Bentley Duarte; quien llegó al Congreso  por el PAN; Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez; de Transformemos a José Antonio Casas del Real; del PBC, a Jorge Eugenio Núñez Lozano; del PT a Claudia Josefina Agatón Muñiz, y como independiente a Rocio López Gorosave, quién también llegó “de la mano” del PAN, en su alianza con el PRD. 

Además, las ya mencionadas -que llegaron como ciudadanas- por el PAN:  Mónica Hernández Álvarez y María Trinidad Vaca Chacón.

En uno de los apartados se hace saber a Nieto, que durante los diversos intentos en que se pretendió realizar la modificación constitucional ya mencionada, y durante el período de planeación de la misma: “existieron pronunciamientos y/o información circulada en diversos medios de comunicación, en las que se indicaba que los otrora diputados que integraban los diferentes grupos parlamentarios del Congreso Estatal, fueron sobornados con cantidades considerables de dinero.

Mencionan que hubo reparticiones de entre 200,000 y 400,000 dólares, hasta un millón de la divisa verde, a efecto de aprobar la ley que la Suprema Corte de Justicia determinó inconstitucional este pasado 11 de mayo; de hecho, dijeron después de la resolución de la SCJN también se ha hablado al respecto.

Por todo esto, solicitaron iniciar las indagatorias correspondientes a efecto de conocer la “verdad legal”, y la presunta existencia de actos de corrupción, y ofrecen todo el apoyo necesario por parte del Partido Acción Nacional para las indagatorias, en caso de que se considere pertinente dar “vista” al Ministerio Público, a efecto de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente, y en su caso, la determinación del ejercicio de la acción penal conducente. 

PD.- Que conste que no es persecución -como luego acusan- aquí un comentario que esta tarde hizo la síndico procuradora Melli Espinoza, dedicada a defender al presidente de la república, y lo que no debe ser: en tiempos oficiales, o sea, de trabajo.

PD1.- Alrededor de las 2 de la tarde, Espinosa publicó un breve mensaje -y se los pongo textual- “no es lo mismo huele a trastes, que atrás te huele; ah sí, los conservadores tergiversando todo lo que dice AMLO”, afirma la funcionaria.

PD2.- Y qué bueno que sea una de las convencidas de la labor que realiza el presidente de la república, sin embargo, su trabajo debe estar en las labores de la dependencia que encabeza y no en la defensa -en las benditas redes sociales- del presidente, ya que hoy –también- alrededor de las 11:30 de la mañana, nuevamente en horario oficial, publicó otro mensaje que dice: No soy el gerente de una empresa, soy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

PD3.- Por cierto, me bloqueó ¡qué mala! Ni aguanta nada. Nada más informamos cuando hace o dice algo noticioso porque es la síndico procuradora de la ciudad. Pero aun así nos mandan sus publicaciones.

PD4.- Y no me “siento”. Ya estoy acostumbrada a esos desaires. De hecho, por ahí me enteré que alguien hizo un pastel y ni un pedacito me mandó, ni porque contribuí a su “lanzamiento”. Jaja, es solo carrilla, no pleito ¿eh? Tampoco el otro posdata en el que hice la primera mención, la del “estrellato”. 

PD5.- De parte del titular de la Coepris en Baja California David Gutiérrez Inzunza, tanto él como su esposa -a quien por cierto mandamos saludos y nuestros mejores deseos- ya están evolucionando favorablemente, y mientras, el funcionario continúa coordinando sus actividades desde su domicilio.

PD6.- Nos decían que el gobernador del Estado giró instrucciones para que todos sus colaboradores se quitaran barba y bigote, y no por alentar una moda diferente a la de Jorge Hank Rhon sino porque se ha establecido que el virus también se puede alojar en estos.

PD7.- Gran escándalo nacional por esa pretensión de Morena de otorgarle al INEGI más facultades que la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso ya es mucho decir, porque prácticamente pretenden convertir a esa institución en la “policía de los ciudadanos”.

PD8.- Y tan confiados que les dimos nuestra información en el más reciente levantamiento del censo de población y vivienda.

PD9.- Acá, en Baja California ya pretenden sacar adelante la nueva Ley de Educación del Estado que les adelantábamos, y que tiene que ver con esa idea del presidente de crear una Nueva Escuela Mexicana, o algo así, que ya alarma al sector privado porque se dice que el gobierno quiere ser “rector” más activo, de la educación que ofrecen los institutos privados.