*.- “Caen” las primeras denuncias y son encabezadas por panistas
*.- Fraude a la Constitución se advirtió en 2017… y no denunciaron

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 16 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Seguramente a muchos no les gustará, sobre todo cuando ya se echó andar toda una maquinaria para promover acciones penales en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez, y de paso contra el ex mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid; diputados, ex diputados, regidores y ex regidores, que tuvieron alguna participación en la ampliación del periodo gubernamental del mandatario estatal, de 2 a 5 años, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó regresarla a dos .

Y es que el propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en una entrevista concedida -hace dos días- a Leo Zuckermann, para el programa “Es Hora de Opinar”, le refirió que: “cuando hablo de fraude a la Constitución no hablo de un delito; el delito de fraude es otra cosa, ésta es una figura –reitero- de teoría del derecho, para invalidar actos que se disfrazan de legales, en este caso de constitucional, cuando no lo son”.

Siguió con sus duras palabras acerca de lo que calificó como una “maquinación”, y toda una estrategia legal para aparentar, según dijo, que era acorde a la constitución “algo que no lo era” y que también tenía un efecto corruptor, pero ante las preguntas del también comentarista político el ministro presidente del máximo Tribunal en el país señaló que el castigo que pueden tener todos los involucrados sería -y escuche bien porque es textual- “con los métodos de la democracia”, o sea -estableció- a través del voto que se pretendía violar, insistiendo que esta reforma significaba un verdadero fraude a la Carta Magna.

El ministro Arturo Zaldívar había hablado de los conceptos vertidos por él y sus compañeros de la Corte, que llevaron a la decisión unánime que se conoció el pasado 11 de abril, e inclusive dejó entrever que parte de esa decisión se tomó para demostrar que sí existía verdadera autonomía en la SCJN, porque se refirió con malestar a los comentarios que se estuvieron haciendo, inclusive -señaló- por el “beneficiario de esta reforma” (que no nombró directamente), en el sentido de que ellos tendrían que aprobar esta reforma porque no existía dicha autonomía.

Zaldívar Lelo de Larrea también dijo contundente, que esto que se hizo en Baja California sí era una reelección, aunque encubierta, y aceptó que se estaba enviando un poderoso mensaje a todo el país, verbigracia lo que habíamos considerado antes: al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leo Zuckermann, con la anotación de que sabía que a ellos no les correspondía esto, le preguntó qué sanción penal podrían tener los señalados, sobre todo, cuando ya se estaba hablando de conductas ilícitas, presumiblemente cometidas por quienes fueron partícipes en lo que se popularizó -a nivel nacional- como la “ley Bonilla”.

Y aquí, salvando esa parte en la que reiteró que a ellos no les toca pronunciarse sobre esto, Zaldívar Lelo de Larrea se refirió que “si se dieron delitos durante el proceso electoral (que no fue materia de la sentencia), se pueden demostrar, y no han prescrito”, entonces se podría hacer

En su respuesta a Zuckermann precisó: “si se dieron actos delictivos para que el voto se inclinara de un lado u otro, y esto puede acreditarse y mientras “no prescribiera” se debería perseguir esa eventualidad, si es que existió”. Agregó que también hay “otras vías” de consecuencias político- constitucionales, pero afirmó que “parece que aquí, lo más importante debería ser la sanción y la censura de la ciudadanía sobre las personas que fraguaron estas artimañas, que constituyen un verdadero fraude a la Constitución”, o sea… que ya no voten por éstos, porque ese es uno de los “métodos de la democracia”.

*.- Y empezaron a caer las denuncias

Pero, esto –tal vez- no lo vieron los actores políticos de nuestro país, porque después de haberlo “cantado” prácticamente todos los partidos, y de haber celebrado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo, militantes panistas, simpatizantes y ex militantes del blanquiazul, procedieron ya con las primeras acciones legales. El PRI y otros organismos -particularmente empresariales- que también se pronunciaron, todavía no dan ese paso.

Una de esas denuncias fue presentada por militantes del “ala dura” del Partido de Acción Nacional, que en su calidad de ciudadanos –aclararon- interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) aquí en Tijuana, por varios delitos, entre los que destacaban: coalición de funcionarios y hasta lavado de dinero. Los principales señalados son: el actual gobernador (surgido de Morena) Jaime Bonilla Valdez, y para que no pierda la costumbre, el exgobernador -también del partido albiazul- Kiko Vega.

Lo curioso es que a este grupo, en el que se encuentran: Sócrates Bastida, Rodrigo Robledo, Juan Marcos Gutiérrez y Marco Antonio González Arenas, se les unió (o lo invitaron), el ex panista y ex alcalde de la ciudad Héctor Osuna Jaime, lo que podría hacer que nos preguntáramos si ahora sí se van a unir para enfrentar al que actualmente tienen como enemigo común –Morena- no obstante que este grupo es el que simpatiza con el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez. O si el ex alcalde iría con el “bloque opositor” que prepara, en alguna posición.

Regresando a la denuncia, de igual forma incluyen a los ex diputados de la pasada legislatura que aprobaron la ampliación del término de 2 a 5 años, y a los de la actual legislatura, por no haberle dado marcha atrás a esa decisión. Señalan además a los regidores de los Cabildos de las ciudades de Tecate, Rosarito y Ensenada, por haber votado -según recordaron- a favor de esta reforma.

A los gobernadores (pasado y actual) les imputan: tráfico de influencias por haber supuestamente gestionado y utilizado sus vínculos e influencias, para lograr esta reforma, enfatizando en que “el beneficiario directo” resultaba ser Jaime Bonilla Valdez;  luego refieren que “dado los indicios que se hicieron públicos en su momento”, también fue denunciado por el “delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los pagos que pudieron haber recibido, quienes aprobaron la denominada ley Bonilla”, refiriéndose a los diputados de la pasada administración.

Otros delitos por los que se les acusa -además de coalición de servidores públicos y lavado de dinero- registraron: tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y enriquecimiento ilícito. Sobre los legisladores acusados, ya saben ustedes que son todos los que votaron a favor, entre estos: los de mayoría panista, destacando -en la acusación- Víctor Manuel Morán Hernández quien es de Morena.

A este grupo de denunciantes le respondió más tarde, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien aseguró que la denuncia presentada por los panistas “es improcedente”.

La otra, que les decía que esa sí podría ser más delicada, fue la que presentó la dirigencia nacional del PAN, ante el persecutor de los “delincuentes de cuello blanco”, Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa, demandaron que se les investigue “en lo que se refiere a sus situaciones patrimoniales”.

En todos los casos, el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha negado haber tenido intervención en esto y haber llegado a algún acuerdo para que se le ampliara el término de su administración, y ha insistido, en que los ministros se dejaron llevar por la “opinión pública” y medios del centro del país, que abrieron una fuerte campaña contra esta reforma, la que dijo –pese a todo- que acatará.

PD.- Dentro de los cambios que se han dado en el ayuntamiento de Tijuana, destaca según nos dice el reportero del barrio, el nombramiento de Fernanda Mena como nueva secretaria particular del presidente Arturo González Cruz, en sustitución de Conrado McFarland Valenzuela, quien habría rendido su protesta en esa posición en enero pasado. La nueva secretaria particular del alcalde es egresada de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California.

PD1.- También en días recientes, dejó de participar como subdelegada en Mesa de Otay, Dulce Garibay, quien por cierto agradeció al presidente municipal Arturo González Cruz el haberle brindado la oportunidad y confianza para esta posición; como ustedes recordarán se han dado movimientos de delegados, y según esto, ahora van sobre los subdelegados.

PD2.- De verdad que en ocasiones nuestra memoria es corta, y más cuando ningún actor político -ni mucho menos los partidos- se pronuncian y ¡ni Dios lo quiera! proceden demandando acción penal -o juicio político- como ahora está ocurriendo con el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la reforma que se hizo en Baja California para ampliar la vigencia de 2 a 5 años, con acciones que finalmente resultaron fallidas.

PD3.- Y es que el propio Presidente de esa Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea nos lo recordó en la entrevista que concedió a Leo Zuckermann: lo que nos dijo acerca del “fraude a la Constitución” que en Baja California advirtió que se hizo con todo este intento de alargar el periodo de gobierno de Baja California, y que en realidad nos conmocionó por lo demoledor, no es algo -por lo visto- original de quienes esto hicieron, sino que se han dado otros intentos que la misma Corte ha denunciado.

PD4.- Y lo más curioso y singular del caso, es que esta frase que él reconoció haber utilizado ya en una ocasión previa, ni siquiera sucedió hace mucho tiempo, sino apenas en 2017, dirigida a la intentona del presidente de la República priísta, Enrique Peña Nieto de pasar la Ley de Seguridad Nacional. El PRI no lo denunció penalmente, y el PAN, aunque lo celebró, tampoco actuó en ese sentido, según cuenta la historia.

PD5.- Zuckermann le preguntó si ya en alguna ocasión anterior se había aplicado este término a algún otro caso (por lo visto el politólogo -como él mismo se calificó- tampoco lo recordaba), y Zaldívar Lelo de Larrea con mucha “humildad” señaló que ya había sido utilizado, precisamente por él, hace alrededor de dos años, cuando en la Corte se analizó esa Ley.

PD6.- “Entonces yo dije –recordó Zaldívar- que había un fraude a la Constitución porque se simulaba que la Ley de Seguridad Interior estaba regulando o reglamentando la seguridad interior, cuando realmente se estaba refiriendo a la seguridad pública; esa fue la primera vez que en la Corte se utiliza el concepto de fraude a la Constitución, ahora lo volví a utilizar el lunes”, remató.

PD7.- Luego reiteró que el de “fraude a la Constitución: no es un concepto retórico decía yo, es un concepto técnico de teoría del derecho, es un ilícito típico, cuando se realiza algo aparentemente legal, en este caso aparentemente constitucional, para darle la vuelta precisamente a la Constitución.

PD8.- Y por cierto ayer el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano decía que lo sucedido fue solamente una controversia que llevó a una discusión en varias instancias, y aunque no coincidió con lo dicho por los ministros de aquella Corte, concluyó que simplemente con la sentencia terminó la discusión; regresarán a los dos años y “colorín, colorado”.

PD9.- Pareciera que algo así dijo también el ministro presidente, aunque con mayor furia, ya que al insistir que aquí “se violó la forma y se violó el fondo, no había dudas de que las violaciones fueron realmente groseras, aberrantes, descaradas… Fue un caso muy muy muy grave que -y aquí lo interesante-afortunadamente pudo ser reparado aquí”, comentó Zaldívar.

PD10.- ¿Será efectivamente colorín, colorado?

PD11.- Lo grave estaría en el caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto sí encontrara pruebas de que supuestamente se pagó a los diputados 1 millón de dólares para que votaran a favor de esa ampliación de reforma.

PD12.- Por cierto, el PRI no ha dicho si denunciará penalmente a su ex coordinador de la fracción y expresidente del Congreso, Benjamín Gómez Macías, quien podría ser un buen “hilo para sacar hebra”, ya que recordarán que, en conferencia de prensa, acompañado por el ex candidato a gobernador Enrique Acosta Fregoso denunció que le estaban ofreciendo ese millón de dólares para llamar a sesión de la legislatura, y votar esa ampliación; luego… Llamó a sesión del Congreso, y votó por esa ampliación…

PD13.- Y como fin a esa historia, luego, en una carta dirigida a los que señaló como “autores intelectuales”, se retractó de la estridente denuncia hecha, ofreciendo disculpas por los “inconvenientes” que les pudiese haber ocasionado.