*.- Exige Bonilla al Congreso el despido de un empleado
*.- Se pronuncia contra privilegios en tarifas a la Tecate
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 1 DE MARZO DE 2020 (AFN).- La iniciativa de “Ley anti-halconeo” que se anunció el pasado 3 de febrero en Baja California, y que pretende castigar con penas más duras a aquellos que le sirven al crimen organizado al alertarlos sobre acciones y operativos policiacos ya está lista, y aunque no se ha establecido todavía cuando será votada en el Congreso local, ya fue entregada ante la Oficialía de Partes de esa legislatura el pasado 4 de febrero, mismo día en que fue despachada por la Secretaría General de Gobierno.
Este iniciativa firmada por el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez y el titular de la Secretaría de Gobierno Amador Rodríguez Lozano adiciona los artículos 317-TER y 317 QUATER al Código Penal para el Estado de Baja California; su intención es cortarle a los integrantes del crimen organizado la ventaja que tienen al ser alertados por diversos individuos, que de alguna forma obtienen información sobre operativos que pudiesen llevar a la captura de estos.
Y para frenar lo anterior, el gobierno de Jaime Bonilla busca endurecer las penas para quienes incurran en esos delitos con un incremento en las sentencias de cárcel hasta en una media más, para ciertos supuestos, y sanciones todavía más severas, para aquellos que por su posición de servidores o ex servidores públicos, caigan en agravantes que se están estableciendo.
Esta ley Anti-halconeo ya está levantando algunas inquietudes dentro de ciertos sectores, lo mismo que ha ocurrido en otras entidades donde se han hecho iniciativas similares, sobre todo porque se considera, por una parte, que es una muestra visible del fracaso de las políticas de seguridad de las diferentes autoridades, y por otra, porque estiman que podría llegar a utilizarse en forma discrecional por los juzgadores, para castigar –inclusive- a periodistas, a los que no en pocas ocasiones se nos ha tratado de culpar por el fracaso de alguna acción, al ser publicada en los medios una noticia, considerando su valor informativo.
De hecho, ya hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en uno de los casos que le fueron presentados, porque los Ministros estimaron que existía tal ambigüedad, que sí lesionaría el derecho a la libre expresión, y pondría en el “banquillo de los acusados” a los periodistas, y no a los criminales ni a quienes les sirven.
Sin embargo, este es un tema que debe ser muy bien analizado y considerado, porque -si bien es cierto- en ocasiones las autoridades no tienen el suficiente criterio para entender lo que es una información, o deliberadamente lo hacen para ocultar acciones ante su falta de destreza o preparación para cumplir con su función,también es cierto que hay individuos que se prestan para filtrar información al crimen organizado, ayudando con esto a la causa de los grupos criminales, y evitando el éxito de las acciones policiacas.
En alguno de los análisis que leí acerca de este tema, con motivo de la adopción de medidas similares en otros Estados de la República se recurría al sobado argumento de que los “halcones” son la parte más débil de esa cadena delictiva, y que en muchas ocasiones se trata de “pobres” que lo hacen para sobrevivir, o bien porque están amenazados, pero eso definitivamente no debe de ser justificante para no castigar a quienes así proceden, porque aceptando que pudieran ser el último eslabón de la cadena, la realidad es que su indebida -como deshonesta- acción, es lo que permite que los delincuentes cometan sus fechorías, siempre afectando la paz y la integridad de los ciudadanos.
Y es que entre esos “halcones” no solamente hay policías de los tres niveles de gobierno, sino también abogados (y no hablo de los honestos, con ética), e inclusive “periodistas”, y otros que desafortunadamente sí han militado en las filas de los medios de comunicación, que en forma cínica e irresponsable aceptan servirles a los delincuentes, para andar “de corre-ve- y dile” de estos.
La posición privilegiada en la que los comunicadores nos encontramos por la relación directa que tenemos con todas las autoridades, los jefes de corporaciones, y los mismos policías, nos permite enterarnos de muchas cosas antes que el resto de la sociedad, y esto desafortunadamente lo han utilizado algunos individuos -sin ética- para obtener recursos fáciles, y ha propiciado que otros que nada tienen que ver con este oficio y profesión, se involucren y busquen el ser reconocidos como periodistas, con el único propósito de enterarse de lo que las autoridades pretenden, y pasarlo a sus “verdaderos jefes”: los criminales.
Antes, hace mucho tiempo, cuando algún periodista se llegaba a involucrar con dichos grupos criminales, ni siquiera se atrevía a pasar algún “mensaje” a las autoridades, de parte de los delincuentes (por lo menos abiertamente), so pena de quedar marcado, y bajo ese estigma de por siempre. También por el temor de que al darse cuenta las autoridades de su relación con los delincuentes buscados, procedieran en su contra; ahora, muchos lo hacen con todo cinismo, a “plena luz del día” y en cualquier lugar, y hasta se dan el lujo de amenazar con campañas difamatorias, a través de sus múltiples páginas “hechizas” y las redes que han formado, para doblegar a los funcionarios, no importando el nivel de gobierno en el que se encuentren.
Recientemente, alguna autoridad me revelaba que cuando cerraban algún lugar en el que evidentemente estaban “moviendo droga”, o en otros donde el vicio se promueve (como a través de los lugares de donde han recogido máquinas traga-monedas): “los primeros que se presentan a abogar para que se reabran esos lugares, son periodistas”; pero, se los hemos dicho a las autoridades, y lo repetimos ahora, en realidad no lo son, porque esa no es la función del comunicador, así es que aprovechando esta ley, las autoridades deberían incluir a estos, que vendrían a ser “los mensajeros del crimen”.
Obviamente debe cuidarse el hecho de dejar muy claro cuándo se trata de una intención de favorecer al crimen organizado, y cuándo lo informado corresponde a un trabajo periodístico; las autoridades saben perfectamente -porque se han dado muchos casos-, en que si se comprueba que se trae un operativo realmente delicado, o hay momentos en que no debe trascender el mismo porque podría “caerse” (como popularmente se dice) la investigación, entonces los periodistas esperamos al resultado concreto.
Las autoridades tienen la forma de investigar quién es quién, las relaciones que uno tiene; puede investigar los antecedentes de cada uno y determinar si lo publicado realmente podía considerarse de “seguridad interna”; pero ni siquiera tienen que esperar, ya que podrían empezar deteniendo en flagrancia, a todos aquellos que se presenten a pedir “favores” para que no se actúe contra alguien o no se ponga freno a alguna actividad. Ahí está más que clara la relación de ciertos individuos con la delincuencia.
Por lo que se refiere al decreto de iniciativa -presentado en cinco cuartillas- bajo el número de oficio SGG/BC./026/2020, se establece en el artículo 317-TER, que al que con la intención de obstruir el desempeño legítimo de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia, trate de encubrir o facilitar un delito: “aceche, vigile o realice actos tendentes a obtener información sobre la ubicación y actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia que realicen operativos, labores de seguridad pública, persecución, sanción de delitos o de ejecución de penas, se impondrá una pena de 2a 10 años de prisión y multa de 100 a 400 días”.
Se agrega que si derivado de la realización de alguna de las conductas del delito previstas en este artículo se cometiera otro: “se sancionará al partícipe por ambos delitos, de conformidad con las reglas del concurso de delitos”.
Por lo que corresponde al artículo 317-Quater, se indica que las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta una mitad más cuando:
I.- La conducta prevista en el artículo anterior se realiza en relación con operativos para combatir delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos, trata de personas o narco menudeo.
II.- La conducta prevista en el artículo anterior es realizada por servidores públicos de instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.
III.- La conducta prevista en el artículo anterior es cometida por ex servidores públicos de instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia u órganos jurisdiccionales de la Federación, de los estados o los municipios, o de ex integrantes de las fuerzas armadas.
IV.- La conducta prevista en el artículo anterior se cometa utilizando cualquier medio de comunicación mediante el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medio de transmisión inalámbrica, de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico.
V.- Se utilizan niños, niñas, adolescentes o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para cometer el delito.
VI.- Se utilice un vehículo de servicio público de transporte u otro que por sus características exteriores, haga parecer que se trata de vehículos destinados al servicio de transporte público, o de alguna institución de seguridad pública. En el caso previsto en la fracción II además de la pena prevista, se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de 5:00 a 15:00 años.
En sus considerandos a la legislatura encabezada por Víctor Manuel Morán Hernández, se establece el grave problema de inseguridad que existe en el país por el elevado índice de delincuencia organizada, así como el alarmante crecimiento continuo de esta en la vigilancia a las autoridades, que se ha convertido -se señala- en uno de los elementos clave para las organizaciones delictivas.
Esto se da, según se explica en el considerando tercero, a causa de que los niveles de estrategias de la seguridad pública se han incrementado, y en consecuencia, la delincuencia organizada ha buscado allegarse más elementos para evadir la justicia, y uno de estos, se advierte, es obtener información sobre la ubicación, actividades y operativos de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de los mexicanos.
En el considerando cuarto, se advierte que no obstante los esfuerzos de las autoridades, las acciones operativas en varias ocasiones son evadidas por las bandas de delincuentes “ya que instauran personal de vigilancia que acecha a las instituciones encargadas de la seguridad pública y que brindan información a un grupo criminal para evitar ser atrapado”.
Los halcones, que las autoridades señalan que son los “espías” de la delincuencia organizada buscan –dijeron- la información para prevenir de algún movimiento sobre la posible presencia de grupos contrarios o del gobierno, lo cual se señala que se ha advertido con mayor énfasis en los estados del norte. En el considerando quinto se hace notar que lugares como el Estado de México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Tabasco y Chihuahua ya han hecho las adecuaciones necesarias.
En el considerando séptimo se hace notar que se han conocido diversos casos en que miembros o desertores de las instituciones de seguridad pública, de las policiacas y de las fuerzas armadas “han desviado su actuación para facilitar las actividades delictivas”, situación que señalan que es grave y que debe ser tomado en cuenta para una regulación sancionadora, por lo que se propone que este supuesto sea agravado en aquellos casos en que se utilice a niños o adolescentes, que por su edad no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para cometer el delito; aquí podrían incluir a los “mensajeros del crimen”.
En el considerando octavo se establece que la actividad de los “halcones” manifiesta “un alto grado de perversidad”, ya que se señala que a raíz de la información que se les proporciona a los grupos del crimen organizado, se pone en riesgo a los mexicanos, por lo que es indispensable penalizar su actuación, insistiendo en que con su actividad amenazan los trabajos de operatividad como de investigación y persecución de las bandas de delincuencia organizada.
*.- Exige Bonilla al Congreso el despido de un empleado
El gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez exigió esta mañana en Ensenada que el Congreso del Estado despida a uno de sus empleados que fue detenido en el puerto, manejando bajo los influjos del alcohol, y pese a la infracción cometida recurrió al influyentismo demandando que “llamen a Bonilla”.
Al hablar ante integrantes de la comunidad de la colonia Puerto Azul en Ensenada, el gobernador, al uso del micrófono, reveló que Jaime Burciaga Miker, quien resultó ser un servidor público trabajando para el Congreso estatal, tras ser detenido en esas condiciones exigía que se le hablara al gobernador, pero éste dijo: “estamos tratando de luchar fuerte -con todo lo que tenemos- para eliminar la corrupción, y resulta que este señor cree que el gobernador va a hablar por teléfono para sacarlo de la cárcel; vergüenza debería tener de ir manejando así”.
Advirtió que no se va a permitir este tipo de actitudes y afirmó que este gobierno tiene que poner el ejemplo: “a esa persona el Congreso lo tiene que despedir”, señaló a voces, para luego decir que ésta “es una petición pública; una denuncia que hace el gobernador al ORFIS para que lo llame a cuentas y lo suspenda inmediatamente, hasta esclarecer todo”.
Les recordó a los ensenadenses, que ellos votaron por un cambio, porque esto se les ofreció, y dijo que por lo tanto no se pueden tolerar este tipo de conductas.
*.- Se pronuncia contra privilegios a la Tecate, en tarifas
En la misma reunión, el gobernador denunció que la cervecería Tecate (que opera en la ciudad del mismo nombre) está siendo privilegiada con una tarifa muy reducida, lo que le lleva a pagar inclusive mucho menos: “que la señora de la esquina o la de los abarrotes” y se dijo sorprendido de que las autoridades hayan sido tan “tolerantes” con este tipo de empresas, y otros empresarios que deben grandes cantidades a las comisiones del agua; insistió en que hay 700 empresas que no pagan el agua y que deben 250 millones de dólares en cartera vencida.
El gobernador -acompañado por varios de sus principales colaboradores a los que en esa, y en otras reuniones que encabezó este día, los puso al frente para que “en su cara los ciudadanos les notificaran de las necesidades”- volvió a escuchar de los ahí reunidos, que sus problemas más ingentes, siguen siendo la falta de agua, drenaje y reparación de calles y carreteras, prácticamente en ese orden; de hecho, en una de las comunidades donde ofreció reparar la avenida principal, le demandaron que primero colocaran el drenaje, para que luego no tuvieran que abrir las calles, como tradicionalmente ha ocurrido.
En las diferentes reuniones Bonilla les ofreció trabajar porque tengan el agua que por derecho se les debe proporcionar, y aprovechó para hablar de nueva cuenta sobre el desorden económico que existe en las comisiones correspondientes, en las que hay carteras vencidas de hasta $250,000,000 dólares por la falta de pago, particularmente de grandes empresas que han obtenido privilegios, así como por la existencia de 2000 tomas clandestinas, y otras irregularidades, pero todo eso -ofreció- “se va a resolver”.
Como anécdota ilustrativa del “desorden perfectamente ordenado” que tienen, Bonilla señaló que a un director de comisión le preguntó que cuántos abogados tenía y le dijo que cuatro, y que luego hizo la misma pregunta al director del jurídico y que le dijo que 12, sin embargo -refirió el ejecutivo estatal- no eran ni cuatro, ni 12, sino que eran 14, y cuando volvió a interrogar al director para saber porque le había proporcionado esa información, su justificación fue que: “me puso nervioso”.
PD.- Hablando de nerviosismo -y cosas peores- aunque se escucha un poco “tétrico”, ya hay quienes señalan que la personalidad del gobernante y las largas jornadas a las que los somete están resultando “perjudiciales para su salud”, porque recuerdan que la ex secretaria de desarrollo social, Cynthia Gissel García Soberanes “cayó en coma”; el director de la Vivienda, Marco Antonio Blázquez Salinas tuvo una tentativa de infarto, y Rogelio Trejo Martínez, Coordinador del Área Civil de la Defensoría Pública en las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate (que participaba en las Jornadas) no tuvo mejor suerte y lamentablemente falleció.
PD1.- Bonilla Valdez en su jornada de hoy se dejó ver con una chamarra para protegerse de la lluvia, de color naranja, y dijo que lo hizo petición de las mujeres, como una señal de reconocimiento a la necesidad de detener los feminicidios que aceptó que se están dando en la entidad como siempre ha ocurrido dijo pero reiteró su compromiso de combatirlos.
PD2.- Por cierto, las Jornadas de la Paz han sido escenario para un discurso “anti Kiko, ya que el gobernante volvió a comentar con los ciudadanos sobre los abusos y presumibles irregularidades cometidas por el anterior ejecutivo estatal señalando que procederían contra él y que “ya está empapelado”. Esto lo dijo cuando alguien le exigió “juicio político”, y señaló que no nada más eso, preguntando: ¿O quieren que se le perdone? Recibiendo un rotundo no.
PD3.- De igual forma solicitó al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles que mande pintar las carteleras de promoción política que todavía existen ahí, ya que advirtió que observó muchas de él mismo (de Bonilla) pero más del alcalde, agregando que no se puede permitir la “contaminación” que por ese motivo se da.
PD4.- Ya que hablamos de Ayala Robles, llama la atención que al hacer uso de la palabra en las jornadas (por lo menos en lo que vi hoy) utiliza todo el tono y discurso que le hace parecer candidato en campaña. ¿Será que lo embarga la emoción porque no han faltado quienes digan que pudiera ser considerado para la candidatura al gobierno de la entidad?
PD5.- A quien también le están viendo cada día más posibilidades, es a la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no solamente por la posibilidad que existe de que se pudiera decidir por parte de Morena que la siguiente candidatura al gobierno de Baja California (en 2021 o 2024) sea entregada por “género”, sino también porque ha estado demostrando capacidad de negociación, ya que no solamente logró el apoyo de empresarios para el refinanciamiento de la deuda de la capital del Estado, sino también sacar este proyecto en su propio cabildo, ante la oposición de apenas dos de sus regidores.
PD6.- Este día, por cierto, puso en marcha el proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Mexicali, que es uno de los distritos seleccionados por el Gobernador Bonilla y ella misma, para detonar su recuperación económica. Para este proyecto ha confiado en su marido el ex diputado local Carlos Torres Torres, y según se ha dicho contará con el respaldo de la comunidad china, empresarios, comerciantes y artistas.
PD7.- Precedido por publicaciones que a nivel nacional lo consideran como un futuro candidato para la presidencia de la república, que ahora tiene Andrés Manuel López obrador, la Coparmex Tijuana trae como su invitado principal a la “toma de compromiso” de la nueva directiva, a su dirigente nacional Gustavo de Hoyos Walther; la ceremonia está programada para el próximo 3 de marzo, aquí en Tijuana.
PD8.- Así como grupo de mujeres están empujando el “paro nacional” para el próximo lunes nueve de este mes con el propósito de mi civilizada el problema de violencia de género que lamentablemente ha derivado en varios asesinatos, hay otros grupos -particularmente de jóvenes- que están sugiriendo que en ese día no se haga ninguna publicación a través de las redes sociales, con el propósito de que se escucha el silencio de las mujeres.
PD9.- Bien dicen que hay hombres que prefieren no hacerle frente a una mujer cuando ésta guarda silencio, así es que el entrar en un silencio general para ese 9 de marzo, podría ser un fuerte mensaje. ¿O no creen?
