*.- Identifican al grupo “operador” en Baja California
*.- Revisarán su situación patrimonial y fuentes de ingreso
*.- Todo empezó desde el Instituto Nacional de Migración

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 (AFN).- La “Estafa Maestra” -como ya le llamó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a las irregularidades que dicen haber encontrado en la anterior administración Estatal-no se circunscribe tan solo a la presumible desviación de 1,200 millones de pesos, que según esto se hicieron a través de la contratación de servicios de 91 empresas (no registradas en el padrón de proveedores), sino a otro tipo de negocios que resultaron más lucrativos, y que según investigaciones federales, eran realizadas por un grupo de conocidos personajes ligados a funcionarios, particularmente, al ex secretario de Planeación y Finanzas del anterior gobierno estatal, Antonio Valladolid Rodríguez, y en su momento, con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

De este grupo, que según se advierte, inició desde su participación -hace ya varios años- en el Instituto Nacional de Migración (INM), ahora hay nuevos ricos, algunos millonarios, y otros que se presentan como sólidos empresarios, que para mantener su estructura financiaban a la “red de golpeadores digitales” de la que revelamos, y denunciamos en su momento varios periodistas, con el resultado de uno de los involucrados prófugo (y constantemente amparado), otro, sentenciado como extorsionador, al haberlo aceptado formalmente esa acusación dentro del proceso legal que se le siguió por denuncia de un empresario, pero insistiendo en convertirse en “comunicador”, y otro que opera –ya- de manera abierta una cuenta en redes, exigiendo de las autoridades ser reconocido como periodista, y su cuenta como un “medio”.

Otros de estos han pretendido incrustarse dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, como sucedió con un abogado que los representaba y que intentó (y casi logró) llegar a titular de dos dependencias que buscó afanosamente infiltrándose entre los “morenistas”, en tanto que hay quienes han estado involucrados con este grupo, y que de alguna forma están por el momento “protegidos”, y/o conseguido alguna posición para ellos o sus cercanos por su relación muy próxima con funcionarios de esta administración, que todavía no logran aceptar -o descubrir- esos nexos, según señalan las fuentes.

Por lo que se refiere al proceso formal que lleva el gobierno del Estado, por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez,  por la desviación de más de 1,200 millones de pesos, se trata -como ya se dijo- de adjudicaciones presumiblemente irregulares, que se hicieron sin contrato sobre el servicio prestado, y lo peor del caso, cuando no tenían dinero para pagar ni siquiera a los maestros, ni a los jubilados, tampoco a los pensionados, y a otros trabajadores del Estado, sin considerar la deuda con la Universidad Autónoma de Baja California, y con organizaciones civiles, de esas que sí atendían a la comunidad.

Los otros “negocios”, que según esto se realizaron bajo el amparo del poder, se explican con una investigación federal que se lleva a cabo desde hace varios meses, y que como en septiembre pasado se los adelantamos, lleva como principal personaje al ex , secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado Antonio Valladolid Hernández, ya que con él se liga un grupo de individuos que fueron poderosos durante el sexenio anterior, y que como consecuencia de sus “servicios” se volvieron no ricos, sino que millonarios.

Para poder lograr su cometido de controlar todos esos “negocios” que se hacían alrededor de la administración, se dijo, siempre advertían estar actuando con la autorización de Vega de Lamadrid, y de Valladolid Rodríguez, lo que sin poderlo constatar, muchos lo creían por su cercanía con estos, y porque veían que podían actuar impunemente en muchos asuntos.

Por lo que pudimos saber al respecto, este grupo mantenía (y mantiene) el control desde hace mucho tiempo de la migración indocumentada  hacia Baja California y otras partes del país, además de los grandes negocios que pretendían hacerse con los gobiernos, a los que por el pago de los respectivos "moches", les sacaban la autorización correspondiente.

*.- Todo viene desde el Instituto Nacional de Migración

Santiago Nieto Castillo

Y según fuentes consultadas: “todo viene desde el Instituto Nacional de Migración”, y esa parte es precisamente una fundamental en la investigación federal que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, entre todo lo que trae del “entramado” descubierto.

En una reciente visita a Tijuana, su titular Santiago Nieto Castillo reconoció ante reporteros que estaban investigando a ex funcionarios estatales y entre lo poco que dijo, refirió que se hacían indagatorias sobre “tráfico de migrantes” y “corrupción política”, y aquí surgen nuevamente los nombres que aparecen en la investigación que ha ordenado el Estado. 

El grupo que mantuvo un gran poder durante los últimos años y que controló no solamente los negocios del gobierno estatal de Francisco Vega de Lamadrid, sino también los que se hicieron durante el anterior trienio de Juan Manuel Gastélum Buenrostro “El Patas”, en Tijuana, no lo comandaba Óscar Sánchez González “el cuchillo”, como se pudo pensar por las recientes menciones que hemos hecho de él, pero sí es -y ha sido- uno de los eslabones más importantes de esa “organización” por ser uno de los “operativos” más importantes, en la calle, y por haber logrado amasar un buen patrimonio, consecuencia de los “años dorados del panismo”.

De hecho, por su cercana y muy buena relación con el ex colaborador del gobernador Kiko Vega y ahora diputado local, Miguel Ángel Bujanda, logró que su hermano fuera nombrado Secretario de Seguridad Pública al final de la anterior administración (ahora tiene otro cargo), y él mismo (el cuchillo) consiguió que le pusieran “escolta”, un ex custodio que ingresaron a la Policía Estatal Preventiva –PEP, (requisito para fungir como tal) sin haber pasado los exámenes de confianza. 

Y mientras la investigación federal se centra sobre el ex secretario de finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, las fuentes señalan que los referidos “personajes” que también son investigados, crecieron bajo su amparo, pero que hay otros dos elementos de gran importancia en esta “cadena” y que son los “altos mandos ante quienes todos se cuadran”: Emilio Vilaso, de origen español, que salió a la luz pública cuando se involucró de manera directa en el ayuntamiento de Tijuana, y otro hombre identificado como Gabriel Portilla, quien ha preferido mantener bajo perfil. 

Portilla es abogado, fue subdelegado en el Instituto Nacional de Migración en el tiempo de Valladolid Rodríguez, y en otro periodo fue delegado, aunque también encabezó la oficina del mismo Instituto en la ciudad de Ensenada; al parecer tiene cercanía con el actual fiscal estatal, el abogado Guillermo Ruíz Hernández “El Titi”, Fiscal, del que algunas fuentes refieren que mantiene su vida personal y profesional ajena a la de los integrantes de este grupo, de los cuales conoce a varios. 

Emilio Vilaso y Gabriel Portilla, inclusive son socios en un negocio de fumigación, que según se informó fue la única proveedora en este ramo dentro de la administración anterior de “El Patas”, y se desconoce si a la fecha continúa.

Dentro del INM, recordarán que también estuvo “el cuchillo”, quien encabezó oficinas como las de regulación y normatividad, mediante la cual se realizaron varias acciones consideradas irregulares en las investigaciones federales, que confirmaron que indagan casos de tráfico de indocumentados -de varias nacionalidades- a través de estas oficinas.

Ese equipo advertía tener relación y por lo tanto “operación” dentro del gobierno estatal, con Ricardo Salazar, y Jorge Rojas, éste último que estuvo en la Contraloría, luego como administrador, y quedó al parecer como “encargado de despacho”, lo que explicaría el porqué, desde ahí no se detectaban operaciones que pudieran ser irregulares. Era un hombre cercano al ex alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, y del grupo de la ex diputada panista Iraís Vázquez, pero por alguna razón –señalan- se distanció de Ramos  y se acercó a este grupo. Creó la firma One Life en la que se asoció con “El Cuchillo”. 

Por lo que se refiere a Ricardo Salazar, las fuentes señalan que hasta hace poco fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto, los anteriormente señalados tenían gran fuerza e influencia a nivel nacional.

Pero no solo eso, sino que el grupo en mención, se ha documentado que tenía un amplio campo de acción, porque lo mismo podía definir las negociaciones tanto dentro del gobierno del Estado, como en el ayuntamiento de Tijuana, y para reforzar su poder, como “brazo” para “golpear” a los opositores y a quienes les resultaran incómodos, formaron grupos de “periodistas” digitales que ajustaban cuentas con los críticos, utilizando para esto las redes sociales mediante las que pretendían destruir la imagen pública -y la honra- de diversas personas.

Contaban con individuos que elaboraban los mensajes o comunicados que los “contratados”,  tendrían que publicar, con la orden de que lo hicieran de manera simultánea, y con el mismo texto, sin entrar en discusiones con los “cibernautas”. Sólo hay que revisar qué “portales” uniformaban su “información”, y algunos ya “migraron” hacia el lado de los “morenos”, ofreciendo su “fuerte impacto mediático”, a los gobiernos, algunos de los cuales los utilizan para que “repliquen” sus mensajes oficiales. 

Como consecuencia de denuncias y señalamientos por parte de periodistas, y basados en una denuncia que finalmente procedió, uno de esos individuos que fue detenido en flagrancia recibiendo dinero de una extorsión, se mantiene “a salto de mata” con frecuentes amparos, en tanto que otro se declaró formalmente extorsionador, y fue sentenciado, por lo que cada fin de semana debe regresar a la penitenciaría para continuar con su condena, no obstante que sigue publicando en redes para que lo asuman “comunicador”. 

Uno más que despachaba desde las mismas oficinas del ayuntamiento de Tijuana sin tener nombramiento alguno, Víctor Lagunas Peñaloza, el hijo del ex diputada Alfa Peñaloza, pese a que encabezaba esas “campañas digitales” desde el gobierno de la ciudad, ahora ya aparece sin recato y de manera pública como “director” de una cuenta en redes que pretende que las autoridades le reconozcan como “medio”, y a él como “periodista” que “sí pública lo que otros no se atreven”.

Por lo que se refiere a las acciones realizadas desde el INM, varias fuentes confirmaron lo publicado en días recientes por esta columna, acerca del control de la migración indocumentada, no solamente de chinos sino también de hindúes y de otros extranjeros, con lo que supuestamente costearon varias campañas, ya que darles la autorización para entrar al país representaba una cifra de entre cinco y siete mil dólares, y una cantidad similar a empresas que los traían del extranjero, sin considerar otras operaciones en aeropuertos y el puerto de Ensenada.  

En la investigación federal, por lo que pudo saber AFN, se cuenta con muchos de estos elementos de prueba, y se han recogido testimonios de cómo el grupo que trabajó dentro del INM manejaba –además- a los extranjeros, a los que colocaban en empleos (tanto en Tijuana como en otras partes de la República) y después de un año los “liberaban”, considerando que habían “pagado la cuota”.

Por otra parte se avanza en la investigación -como se dijo- del cobro a empresas extranjeras para no ser verificadas, así como la serie de negocios que se hacen desde el aeropuerto internacional de Tijuana, y no sólo eso, sino que también quienes realizan la investigación, han encontrado que lograron poner bajo su control, el aeropuerto de la Ciudad de México.

De hecho, se documentaron además otras situaciones de este tipo de “negocios”, que se repetían en las oficinas en Baja California del Instituto Nacional de Migración, por lo que se determinaron los cambios recientes. 

Al margen avanza la investigación sobre la forma como se “convencía” a diputados y ex funcionarios, para que aprobaran las acciones inicialmente decididas por este grupo, y para eso utilizaban a otro tipo de operadores, que según se dice, no se metieron en los “vericuetos” de aquellos “negocios” turbios.

PD.- La tardanza en el nombramiento del nuevo fiscal anti corrupción, dice el reportero del barrio que se debería a dos cosas: que el gobernador Jaime Bonilla está pensando muy bien a quién poner, y que los probables prospectos la están pensando, con ganas de ni entrar, porque están viendo que todo parece ir en serio.

PD1.- No cabe duda de que el gobernador Jaime Bonilla es un gobernante sui- géneris: está haciendo cosas impensables y absolutamente todo dice y difunde.

PD2.- Ahí están sus transmisiones directas que hace de sus eventos públicos; lo que pasó con la secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero, y ahora la "balconeada" al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra.

PD4.- Así que quienes quieran arreglos en lo oscurito, piensen dos veces las cosas.

PD5.- También son de antología sus pleitos con figuras nacionales a quienes no le arredra enfrentarlos, incluso con comentarios políticamente “indebidos”, como ahora que al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera le espetó que sólo era un mensajero y que le dijera al presidente de las necesidades de la entidad, porque le negó los recursos -que dijo- que le correspondían a la entidad; hasta “enano” lo llamó.

PD6.- Bonilla habría dicho después: “Yo no soy Kiko, y ya basta de que desde el centro nos ninguneen”. Herrera se quejó con el presidente, y luego quién sabe qué pasó, pero al final le envió los recursos solicitados y con eso, Bonilla empezó a pagar los adeudos a maestros, jubilados y pensionados. 

PD7.- Y aunque la oficial mayor Loreto Quintero Quintero, dijo recientemente que no le preocupan las acusaciones por considerarse inocente, la verdad es que no la olvidan, al grado que -no le extrañe- pronto empiecen los movimientos dentro del Congreso para iniciar un procedimiento que le obligue a separarse de la labor legislativa y a enfrentar las acusaciones

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PD8.- Dentro de todas las averiguaciones que nos llevó a definir lo que aquí comentamos, obviamente salió a relucir –también- el nombre de Fernando Beltrán, compadre -este sí- de uno de los del grupo, sin embargo, las fuentes dijeron que el promotor de box más bien se dedicaba a “hacer negocios” formales, aunque para esto tuviera que soltar dinero y aprovecharse del “tráfico de influencias”.

PD9.- Ahora, muy convenientemente se ha acercado –mucho- a los nuevos funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez en espera de mantener, por lo menos, la concesión del ferrocarril, para el que vienen nuevos proyectos, aunque no haya cumplido con su parte de dar el mantenimiento al que está obligado.

PD10.- Por su parte, su hermano Cástulo, todavía tiene que justificar, lo mismo que las autoridades anteriores, cómo es que le compraron dos grandes transformadores, porque supuestamente se requerían de manera urgente en 2016 en La Rumorosa- para bombear agua, colocándose tan sólo uno, pese a que se pagó una millonada por estos.

PD11.- La población, estoy segura, espera que en la Cuarta Transformación, todos estos nombres queden atrás, así se estén “regenerando”, y que quienes tengan alguna “cuenta por pagar” lo hagan ante la ley.

PD12.- Y dicen que hay otros más.