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*.- Declara subdelegado federal y entrega pruebas

DORA ELENA CORTÉS J

00:30 horas.- TIJUANA BC 17 DE DICIEMBRE DE 2019 (AFN).- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició formalmente la investigación en torno a los hechos que involucran a los ahora ex funcionarios del gobierno estatal que podrían haber participado en el caso de los millonarios “moches” que fueron denunciados recientemente, al trascender las acusaciones realizadas por Rosendo Colorado, ex operativo de la ex Secretaria de Integración y Bienestar Social Cynthia Gissel García Soberanes.

La investigación inició este lunes en Mexicali con la declaración del subdelegado Federal, Jaime Rojo según lo que Agencia Fronteriza de Noticias pudo saber.

En la comparecencia realizada directamente por el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, el mencionado funcionario repitió lo que recientemente declaró en Tijuana, en entrevista con la reportera de AFN, Sonia de Anda, el pasado 4 de diciembre

http://www.afntijuana.info/informacion_general/101761_bonilla_desconocia_los_moches_ruiz_uribe

Pero en esta ocasión entregó pruebas documentales de su dicho al proporcionar las fotografías que fueron tomadas en el retén militar instalado en Mexicali, que muestran la camioneta de la ex secretaria García Soberanes, conducida en ese entonces por su secretario Einar André Hernández Garza con más de 4 millones de pesos que llevaba consigo

De igual forma entregó un video de esos hechos, que fueron negados enfáticamente por la ex funcionaria, que según se dijo, también ha sido requerida por otras autoridades.

Entre otras fotografías presentadas como pruebas aparece una credencial de Hernández Garza que correspondía a su función dentro de la LXIV legislatura federal en donde conoció a Cynthia Gissel, ya que fue su “particular” y ella lo invitó a trabajar en Baja California.

Y esa credencial que le fue tomada como documento probatorio, señala que tenía el registro 31719 y que estaba contratado por honorarios, además de que aparece su número de CURP.

Por lo que se dijo a la agencia, la Fiscalía Estatal inició estas investigaciones porque cuando se cometieron estos presumibles delitos los involucrados no eran funcionarios del gobierno estatal. Por eso mismo, se aclaró, que no sería la fiscalía Anticorrupción la que se encargue de este caso, sino la General del Estado.

Con el reconocimiento que recientemente hizo Cynthia Gissel García Soberanes en el sentido de que recibió recursos hasta por 7 millones de pesos como “donativos”, el asunto pasa a ser del orden común porque se trataba de ciudadanos, sin embargo, los delitos que podrían configurarse -según se dijo- a AFN, serían los de: fraude, usurpación de funciones, crimen organizado, y lavado de dinero.

Por las declaraciones de Rosendo Colorado (el ex operador de García Soberanes) habría otros implicados, señalando directamente como quien estuvo recibiendo –también- dinero, al ex Oficial Mayor del gobierno Estatal, Jesús Demián Núñez Camacho. Y aunque mencionó -en su momento- al secretario general Amador Rodríguez Lozano, señaló que él no estuvo presente cuando entregó las fuertes cantidades de dinero, pero lo acusó, ya que dijo que fue a informarle de esta situación y que el funcionario solamente le dijo que “fuera con los que recibieron el dinero, para que se lo regresaran”.

También por la información proporcionada a esta agencia, la investigación que lleva a cabo en forma paralela la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, solamente es de carácter administrativo, por lo que si se encuentran pruebas que confirmen la responsabilidad de los señalados directamente -como García Soberanes y Núñez Camacho- entonces estaría presentando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General y procediendo a la inhabilitación de los que resulten culpables, incluidos otros actuales funcionarios si se llegase a comprobar su responsabilidad.

Por lo que se refiere a quien sea nombrado como nuevo fiscal Anticorrupción se indicó que éste no atendería el multicitado caso porque se insistió que cuando se cometió el supuesto ilícito, los señalados no eran funcionarios, por lo que a este nuevo fiscal le corresponderá integrar  las investigaciones sobre las acusaciones en contra de las anteriores autoridades ya que los delitos que se les imputan supuestamente, fueron cometidos dentro de su función pública.

En esto se incluiría  el tema de la desviación de 1,200 millones de pesos que se atribuye al ex gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid y otros ex colaboradores, así como los asuntos en los que se han encontrado presumibles indicios de mal uso de recursos y desviación de los mismos.

Por lo que se refiere a la comparecencia de este día en Mexicali, se dijo que el subdelegado Jaime Rojo fue llamado en calidad de testigo, tras haber sido notificado por autoridades militares sobre la situación en la que se vio involucrada la que en ese momento sería futura secretaria de Bienestar.

Por lo que confirmó el mismo Rojo el pasado 4 de diciembre a esta agencia, el subdelegado le habría notificado hasta 20 días después de los hechos a su superior, el delegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien a su vez lo hizo del conocimiento del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el cual desde la misma reunión de seguridad notificó a Cynthia Gissel que se abrió una investigación y que ella quedaba involucrada dentro de la misma.

Al enterarse de estos hechos -según versiones posteriores- Cynthia Gissel habría notificado a su equipo sobre el hecho de que el gobernador ya estaba enterado, por lo que Rosendo Colorado se apersonó ante el delegado federal, para confesar lo sucedido.