*.- Toleran ingreso de drogas entre otros, dicen custodios
*.- Demandan intervención urgente del gobernador

TIJUANA BC 26 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- Policías estatales de seguridad y custodia que pidieron anonimato, denunciaron ante AFN que funcionarios responsables del manejo de los centros penitenciarios de la entidad, principalmente en Tijuana, promueven y protegen infinidad de actos de corrupción, desde el ingreso tolerado de drogas, hasta el acceso libre a abogados recomendados, para conseguir clientes entre los reclusos, señalando en este caso en específico al Subsecretario Cuauhtémoc Castilla García y uno de sus hijos.

En su denuncia ante Agencia Fronteriza de Noticias, los custodios expresaron particularmente su preocupación porque en el desorden propiciado por la corrupción de parte de funcionarios estatales, son algunos internos quienes tienen más autoridad que ellos, hasta el punto en que pueden promover su cambio de adscripción o ser comisionados para trabajar en las condiciones más desfavorables y riesgosas.

“Corremos un riesgo grave en nuestra integridad física y nuestras familias, porque somos los que estamos las veinticuatro horas con ellos y al aplicar el reglamento, no es un indicador que hacemos bien las cosas, al contrario, sufrimos las consecuencias”, afirmaron en un amplio documento entregado a AFN, bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

Como figura central de todas las irregularidades que afirman que se  registran en esos lugares señalan a Cuauhtémoc Castilla García, Subsecretario del Sistema Penitenciario, quien aseguran que dicta reglas que no priorizan la seguridad dentro de los penales: “quedando nosotros vulnerables a las órdenes de los nuevos mandos, de los cuales solo persiguen sus intereses, como conceder beneficios a los privados de libertad, el ingreso de personas empleados por los despachos que maneja el Subsecretario para beneficio en sus procesos, la venta de privilegios para ponerle cuota a los traslados…”.

La denuncia alcanza a Víctor Zatarain, cuyo nombramiento atribuyen al ex Secretario de Seguridad Pública municipal en Tijuana, Luis Javier Algorri, funcionario cercano al Secretario General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, del que piden que revise también esta situación, presumiendo que ya podría tener conocimiento.

Víctor Zatarain Cedano, actual Director de la Penitenciaria de Tijuana, fue director de la policía municipal de Tijuana en el último año de gobierno del alcalde priísta Jorge Hank Rhon, bajo el mando de Luis Javier Algorri. En mayo del 2012, siendo secretario de seguridad pública en Mazatlán, Sinaloa, Víctor Zatarain advierten que “huyó por una ventana de su oficina para evadir a agentes federales que pretendían cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, en hechos ampliamente difundidos en su momento”.

Los colaboradores del Secretario de Gobierno, afirmaron los custodios, no solamente están informados sino que propician irregularidades diversas como tolerar el ingreso de droga por las aduanas internas, y la complicidad en las centrales de monitoreo, para borrar o simplemente no grabar en video de todos estos movimientos.

Los días de visita, por ejemplo –advierten- ingresan personas sin más requisito que presentar su credencial de elector, entre ellos personal de seguridad privada y del empresario Eduardo Schobert, “quien tiene privilegios de parte del Director y su equipo de trabajo autorizado por el Subsecretario Castilla, quien en varias ocasiones lo mandó aquí a entrevistar en privado y aceptó sobornos para que viviera en una celda” localizada en las oficinas administrativas, a un costado de la Dirección, acompañado de su escolta.

El nombre de Schobert, -un empresario de origen sinaloense-, ha estado vinculado en el pasado a escándalos diversos: Uno de ellos como protagonista de acusaciones de fraude por las que fue procesado en Estados Unidos en 2010, y otro, por su presunta presencia en la escena de un fatal atentado a tiros ocurrida en el lobby del Hotel Marriot de Tijuana en julio del año 2016, donde acompañaba a supuestos proveedores del gobierno estatal. En el ataque murió el empresario Jorge Kalb Zarmati, y resultó herido su padre Daniel León Kalb.

Abogados que presuntamente trabajan para despachos jurídicos del Subsecretario Castilla, tienen libre acceso para ofrecer sus servicios de asesoría legal a reclusos, principalmente del reclusorio de El Hongo, donde se localizan internos con alto poder económico. Estos abogados tienen privilegios para entrevistarse con ellos en oficinas privadas y no en los locutorios, y en general todo este tipo de operaciones son supervisadas por Antonio Castilla, identificado como hijo del Subsecretario. Uno de esos encuentros fue grabado en video y enviado a AFN como prueba.

Una mujer identificada además como esposa del Subsecretario, ha sido señalada de igual forma como beneficiaria de este tipo de ingresos privilegiados, aseguran los custodios en su denuncia, en la que señalan también que el funcionario habría logrado la liberación de un interno de El Hongo, y hoy colabora en su despacho, sirviendo como enlace con internos del penal, y coordinador para vender ciertos privilegios.

Ese “enlace”, aseguran los custodios, “ahora nos ve y si informamos algo nos cuesta un cambio de adscripción, turnos de 24 y 48 horas, castigos en torres o puntos donde no nos favorece el clima y las condiciones laborales”, además de exponerlos ante internos que actúan con más autoridad.

En su amplia exposición de motivos, los custodios temen incluso que por el libre manejo de actividades vinculadas al crimen organizado y el comercio con drogas en el interior de los reclusorios, pudiera desencadenarse un nuevo motín como el de 2008.

En la denuncia abogan por un custodio de nombre Daniel Díaz, quien fue comisionado en 2017 a la planta de Petróleos, y resultó herido durante una manifestación. Hoy este empleado, aseguran que enfrenta secuelas físicas que le impiden caminar por su propio pie, requiere de varias cirugías más, y no recibe su salario completo.

Ante este panorama, los denunciantes demandan la urgente intervención del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, porque todas estas actividades irregulares –añaden- podrían ser ya del conocimiento del Secretario de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, de quien depende el Subsecretario Castilla, y hasta el momento no han tenido respuestas.