Por la libertad de expresión y el derecho a la información

Francisco Vega de Lamadrid

Gobernador de Baja California

Perla Ibarra Leyva                Bladimiro Hernández Díaz

      Procuradora del Estado        Contralor Estatal

25 diputados

Congreso del Estado de Baja California

Carlos Padilla Villavicencio

Auditor Superior en funciones

Órgano de Fiscalización Superior de Baja California

15 diputados federales por Baja California

Congreso de la Unión

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En una inserción periodística, el Gobierno del Estado de Baja California se ha deslindado públicamente de los hechos que fueron ventilados en tres medios locales de comunicación, a saber, El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas.

En dos de esos medios hubo referencias específicas a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Dirección de Imagen y Publicidad.

En la inserción oficial, se indica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “reprueba cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y la integridad física o moral de los comunicadores…”, sin embargo, asume una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el ámbito local, nacional e internacional.

El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio.

Las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en Baja California, y  al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco mandatarios que previamente gobernaron el Estado desde 1989.

 Por ello, solicitamos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad.

Las acciones de dicha investigación y auditoria deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados.

Solo así será respaldado en los hechos, el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el Gobernador “a favor de la libertad de expresión”.

En 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido...”.

Esa expresión, describe  el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la  corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado.

Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística,  ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los actos referidos constituyen un  ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan  -en palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva”.

  Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión.

Que los funcionarios a su cargo,  sean  congruentes en los hechos, y no solo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respetuoso de la política editorial basada en ls ética y los principios de la actividad periodística”.

Gobernador, Usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legitima; aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados los caudales de erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones 

Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando  investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la división de libertad de Expresión.

Más allá de una inserción, y ante la gravedad de las imputaciones que se hacen a su gobierno, que ya están haciendo eco en organismos nacionales e internacionales, es imperante su actuación: investigar y sancionar.

No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable.

* El entrecomillado se replicó intencionalmente del documento titulado  “En Baja California a favor de la libertad de expresión no de  la extorsión” publicado por el gobierno del estado el 13 de marzo del año 2015

FIRMAN

Dora Elena Cortés Juárez

Agencia Fronteriza de Noticias

Adela Navarro Bello

ZETA

César René Blanco Villalón

ZETA

Eligio Valencia Roque

El Mexicano

Mireya Cuéllar

La Jornada

Jaime Bonilla Valdez

PSN

Rosario Mosso Castro

ZETA

Isaí Lara Bermúdez

ZETA

Marco Tulio Castro

Newsweek Baja California

Martín Borchardt

Telemundo

Vicente Calderón

Tijuana Press

Roberto Valero

Monitor Económico

Fernando del Monte

Periodista y Conductor

Jaime Flores

Periodista radiofónico y columnista

Claudia Orozco Vega

Periodista y conductora

Bibiana Gutiérrez Olivar

Periodista y Presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana

Juan Ojeda Reyes

Periodista y Delegado de la Asociación Nacional de Periodistas

Jorge Armando Nieto Sánchez

Imagen TV y Estrella TV

Enrique Méndez Álvarez

Periódico Baja California y Radio Frontera

Ricardo Meza Godoy

Plex

José Enrique García Sánchez

AFN

Jaime Delgado

Periodismo Negro

Antonio Heras

Reportero de Lindero Norte

Mexicali

Jorge Heras

Director de Lindero Norte

Mexicali

Gerardo Fragoso

El Mexicano

Jorge Esparaza Carlo

PSN

Javier Malacara Sánchez

Rosarito Informa

Antonio Azuara Álvarez

Contexto

Alfredo Calva Sánchez

Tribuna Pública

Jaime Miranda y Soto

AFN

Jaime Cháidez

Periodista Cultural

Mariano Gallegos

Periodista

Ana Patricia Valay

Periodista Radiofónica

Enrique Tellaeche Ocaño

Monitor BC

Manuel Ocaño

Periodista Independiente

Pedro Castillo Chavolla

Séptimo Día

Pedro Damián Gómez

Panorama Político

Emilio Domínguez Lome

CincoM

Flor Castillo

Horizonte Informativo

José Ángel Insunza

Libertad

Feliciano Castro

Periodista

JULIETA MARTÍNEZ

LA Jornada