TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2021 (AFN).- Un comité conformado por profesionistas y líderes de colonias, entre otros sectores, presentarán una solicitud al Congreso local para la suspensión del proceso legislativo, de la iniciativa que propone la creación de un nuevo municipio en la zona Este de Tijuana.

Carlos Atilano Peña, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), aseguró que dicho comité ciudadano se conformó con la intención de llevar a cabo “una defensa de Tijuana”, ante la propuesta de la diputada local Araceli Geraldo Núñez.

Para ello, dijo, se elaboró un documento que será presentado estos días ante el Poder Legislativo, en el que solicitan la referida suspensión, hasta que se cumplan con todos los lineamientos constitucionales para ello.

Entre los procedimientos previos que debieron llevarse a cabo, explicó, están los estudios de sustentabilidad realizados por órganos especializados, además de un plebiscito para consultar con la población la propuesta presentada.

El también excandidato a la gubernatura en la pasada elección local, dijo que la municipalización no es la solución a las problemáticas que presentan, lo cual ha quedado de manifiesto en otras entidades del país, citando como ejemplo el caso de Veracruz, con 212 municipios que atraviesan condiciones de precariedad.

“(Eso es) porque se crea una estructura burocrática, donde hay que pagar más funcionarios, donde el 80% incluso del gasto se va en el sueldo de los funcionarios y prácticamente queda nada para el gasto de inversión, que son obras, servicios e infraestructura”, dijo.

De igual forma, citó el caso de Playas de Rosarito, el cual fue separado de Tijuana sin embargo, expuso, no se han visto mejorías.

Atilano Peña desmintió igualmente, las supuestas 60 mil firmas que se tendría, supuestamente, como apoyo a la municipalización de la zona Este de Tijuana, tras asegurar que en consultas con residentes de esa demarcación, han manifestado que no conocen del tema.

“Es una ocurrencia donde estamos siendo presa de un botín político; es un tema donde hay una rivalidad política entre la gobernadora y la presidenta municipal, muy abierta, porque la presidenta municipal se negó a aprobar la Secretaría de Seguridad Pública”, sentenció.